Los cuatro prefecturianos acusados de conformar una organización que se dedicaba al robo de mercadería incautada en un depósito judicial, en Puerto Iguazú, recibieron en las últimas horas el beneficio de la excarcelación. No obstante, para materializar el regreso a la libertad, cada uno deberá cubrir una caución de 200 mil pesos.
La resolución fue adoptada ayer por el magistrado Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, tras la opinión favorable al respecto emitida por la representante de la acusación, la fiscal federal Liliam Delgado, quien entendió que no existe riesgo procesal -de fuga y/o entorpecimiento de la pesquisa- ante la libertad de los acusados.
Aquello quiere decir que, una vez que cumplimenten ese monto, tanto los dos prefectos que estaban a cargo de la Prefectura Iguazú, así como el oficial y el ayudante involucrados, recuperarán la libertad. No obstante, continuarán bajo la lupa hasta tanto las autoridades resuelvan qué grado de responsabilidad le cabe a cada uno de ellos.
Al respecto, tal como PRIMERA EDICIÓN publicó días atrás, los cuatro permanecen formalmente imputados por los delitos de “asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado”. La primera de esas figuras, la más grave, contempla una condena de hasta veinte años de cárcel.
Anoche, los cuatro permanecían tras las rejas hasta tanto se formalice el trámite de caución. Los defensores llevaban adelante esa labor, por lo que se presume que la liberación de todos podría materializarse en el transcurrir de los próximos días.
Los cuatro involucrados fueron apresados el jueves 13 de septiembre en Puerto Iguazú, bajo orden judicial de Guerrero materializada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y del Escuadrón 13 Iguazú de Gendarmería Nacional, que brindó apoyo de seguridad al operativo.
Fue el corolario de una extensa investigación iniciada tras la denuncia de un “pasero”, lo que motivó, a su vez, una pesquisa interna de la propia fuerza federal. Al decir de las sospechas, habrían desaparecido más de cuatro millones de pesos en mercadería que estaba secuestrada y guardada en los depósitos de la Prefectura Iguazú, en plena avenida Tres Fronteras de la localidad homónima.
Los productos que se habrían “esfumado” son de todo tipo de rubros, desde calzado y textiles hasta bazar. No obstante, las fuentes aseguraron que la mayoría de los elementos desaparecidos guardan relación con la electrónica. Y en ese marco, predominan los teléfonos celulares de última generación.
Entre las diferentes maniobras que se encuentran bajo la lupa, los detectives intentan establecer si es cierta la versión que apunta a que los prefecturianos involucrados registraban teléfonos incautados de mayor valor como aparatos de precio más bajo en el mercado. De esa manera “burlaban” -o al menos, así lo creían- los controles internos y lograban sacar la mercadería.
Varias restricciones
Guerrero también determinó como pautas de conducta que los prefecturianos comparezcan todos los meses ante el Juzgado Federal. Además, tienen prohibida la salida del país e incluso mantener cualquier tipo de contacto con el personal que trabaja en Prefectura Iguazú.
