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Al menos seis vacunas ya no se consiguen en Misiones

21 septiembre, 2018
Imagen ilustrativa

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El ministro de Salud Pública, Walter Villalba, confirmó a PRIMERA EDICIÓN que los vacunatorios de la provincia ya no cuentan con muchas de las vacunas previstas en el calendario nacional.

Aplicarse una dosis de IPV, rotavirus, neumocócica 13 valente, Hepatitis A adultos, antimeningocócica y la magaglobulina para hepatitis B y la antirrábica para humanos es casi una misión imposible en Misiones debido a la demora en el envío de las partidas por parte de la ahora Secretaría de Salud de la Nación a todo el país.

Precisamente, las partidas para el área de Salud y la provisión de vacunas fueron dos temas centrales planteados por los ministros provinciales de Salud Pública ante el Consejo Federal de Salud (COFESA).

En este ámbito, la ministra de Desarrollo Social y el Secretario de Salud, Carolina Stanley y Adolfo Rubinstein se comprometieron a reponer la dosis de la vacuna antimeningocócica para los niños de once años antes que termine 2018.

Nos garantizaron la continuidad de todas las vacunas del calendario nacional y la responsabilidad de la Nación en la provisión de las mismas”, indicó Villalba a PRIMERA EDICIÓN.

No obstante, blanquearon una situación que ya se venía dando en los hechos, que las provincias deberán hacerse cargo de los descartables (jeringas y agujas hipodérmicas), “ya el año pasado nos mandaron el 30% de los descartables y el resto tuvo que comprar la provincia; por lo menos que formalicen esto nos permite tener un margen de previsibilidad”, destacó.

En tanto, según contó el funcionario, la voluntad del Gobierno nacional es retomar el refuerzo de los 11 años de la meningocócica lo antes posible “pero nos explicaron que no tienen a quién comprar esta vacuna porque, en este momento, ningún proveedor del país puede asegurar la venta de esa cantidad de partidas. El problema es que nadie quiere poner precio en este momento, ni siquiera a los sueros, porque esperan que se calme el dólar. Los proveedores del Estado prefieren pagar las multas por no entregar la mercadería”.

Plazos indefinidos

Ni Stanley ni Rubinstein dieron precisiones sobre los plazos de entrega de las partidas de vacunas que deberían llegar antes de fin de año para dar cobertura a la población.

“Ya no tiene sentido que nos manden las partidas pendientes del año pasado pero sería bueno contar con las dosis previstas para este año. Pero la verdad es que lo único cierto es la incertidumbre, tenemos una promesa de la Nación de que no habrá cambios presupuestarios tras la degradación del Ministerio en Secretaría, pero la misma situación económica del país impacta sobre la posibilidad de comprar insumos sanitarios”, señaló Villalba.

Para el funcionario, las dificultades en la provisión de las vacunas impactan directamente en la cobertura a la población y, sin una correcta inmunización, “estamos en riesgo de que vuelvan a aparecer enfermedades ya erradicadas en pocos años”, señaló al tiempo que indicó que “lo que pasó con el sarampión es una llamada de atención, nos llama la atención que en un área geográfica determinada se hayan confirmado varios casos. Recordemos que el sarampión estaba en proceso de ser erradicado, como ya se logró con la rubeola”.

El Ministerio de Salud Pública provincial dio cuenta de esta situación ante la Cámara de Diputados sobre el importante retraso en el envío de las vacunas por parte de la Nación.

Según publicó este Diario el domingo 16, faltando apenas tres meses para terminar el año, sólo llegaron a la provincia el 13,33% de las dosis solicitadas contra hepatitis B adultos, apenas el 17,38% de las dosis de las vacunas IPV (antipoliomelítica), el 28,59% de la triple bacteriana acelular (DPT acelular), el 30,05% de la hepatitis A adultos, el 40,53% de la meningocócica, el 40,62% de las vacunas contra el rotavirus, el 43,04% de la triple viral, el 45,71 % de la doble bacteriana, el 45,83% de la antirrábica, el 50,57% de la neumócocica 13 valente y el 53,62% de la hepatitis B pediátrica.

Tags: #salud#Vacunas
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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