Está detenido desde el jueves, acusado de montar una red de estafas con la promesa de construir viviendas. El sábado fue trasladado al Juzgado de Instrucción 3 de Iguazú, a cargo del doctor Martín Brites, pero se abstuvo de declarar y fue imputado por “estafas”.
Mientras esto ocurría en el norte de la provincia, en Candelaria, con la orden de otro juez, la Policía allanaba el domicilio del imputado, de 43 años. Allí se encontró material relevante para otra de las causas que tiene al “constructor” como el principal responsable de dejar un tendal de estafados.
A media mañana del sábado último, efectivos de la comisariía de Candelaria y del Comando UR-X llegaron al barrio Evita con la orden del titular del Juzgado de Instrucción 1, Marcelo Cardozo. Durante más de una hora y media se abocaron a buscar pruebas referidas a la causa caratulada como “defraudación y estafa”.
Allí dieron con una serie de facturas, remitos, volantes de presentación de una empresa constructora que sería la del acusado, una solicitud de registro de contrato prendario, presupuestos de firmas dedicadas al rubro materiales de construcción, catálogos de hierros y aberturas, un contrato entre privados a nombre del imputado y uno de sus clientes, además de datos acerca de un presupuesto y loteo en Santa Ana, que justamente guardaría relación con la denuncia en su contra. Y lo más interesante, una orden de libertad, emitida por el Juzgado de Instrucción 7, que implicaría que el hombre ya había estado detenido anteriormente.
Las actuaciones de los efectivos continuaron minutos después en otro punto de la localidad, más precisamente en una pizzería ubicada en la calle Mitre y Pellegrini. Con la orden del juez Brites, procedieron al secuestro de material referido a la causa que se tramita en Iguazú.
Posteriormente llevaron a cabo la clausura del negocio y advirtieron a la propietaria que no podía volver a ingresar ni disponer de los bienes que había en el interior, bajo apercibimiento de incurrir en un delito.
Las maniobras que tienen al “falso constructor” hoy tras las rejas explotaron cuando sus clientes lo denunciaron. En base a la pesquisa se pudo determinar que el acusado ofreció la posibilidad de construir casas con una entrega del 50% del valor de una prefabricada. Esto podía rondar entre los 50 mil y los 250 mil pesos. Inclusive aceptaba autos como parte de pago.
Ofreció sus servicios en Posadas, Garupá, Candelaria, Santa Ana, Oberá, Jardín América, Santo Pipó, San Vicente e Iguazú. Solamente en esta última localidad dejó cinco damnificados.
La Justicia puso fin a sus andanzas, al menos para determinar si las acusaciones en su contra se tratan de “estafa” (que debe tratar el fuero penal), o el de “incumplimiento de contrato” (fuero civil). Lo cierto es que la acumulación de denuncias inclinaría la balanza hacia el primer caso.
Las supuestas construcciones de casas quedaban sóolo en un movimiento de suelo y nada más. Ante los reclamos y las respuestas evasivas de la empresa constructora, los supuestos estafados no demoraron en acudir a la ley para evitar que el hombre desapareciera con el dinero. Se estima que con sólo con sus movidas de Iguazú, recaudó más de medio millón de pesos: cobraba entre 50 y $250 mil de entrega.
