Después de un año de iniciado el desmonte, cuando las topadoras ya llegaron a seis metros de las viviendas de las once familias de la comunidad guaraní Arroyo 9, ubicada en el viejo kilómetro 69 de San Vicente, el Ministerio de Ecología resolvió recién ayer suspender todas las actividades de aprovechamiento de Bosques Nativos, realizada por la firma “Tschirsch, Pablo Juan y otros”, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad.
Procedió además a comisionar a personal dependiente de la Dirección de Control Forestal a la zona “presumiblemente afectada” a los fines de constatar posibles desvíos a los lineamientos definidos en el plan de manejo.
La medida de Ecología llega más de un año después de que la comunidad Arroyo 9, a través del patrocinio legal de Roxana Rivas y con el apoyo del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), solicitó precisiones para saber si ese Ministerio autorizó el desmonte y quienes estaban al frente de esa propiedad dominial. “Insistimos con estos pedidos de información por más de un año y jamás tuvimos respuestas pese a que esto es una información pública”, explicaron.
Incluso, hasta el jueves, no tenían la confirmación de quién estaba al frente de la propiedad dominial, nada menos que el exVicegobernador y exMinistro de Educación de la provincia.
Recursos ante la Justicia
Fue Ecología la que dispuso que se suspenda la tala de este monte nativo. La comunidad Arroyo 9 ya había perdido las esperanzas de que actuara en este caso porque, hasta ahora, ni siquiera les habían respondido (mayormente en la gestión de la ahora diputada nacional Verónica Derna) los numerosos pedidos de información elevados por los aborígenes.
Por ello, este lunes, a través de Rivas, la comunidad presentó una medida cautelar para que se frene el desmonte, por lo menos hasta que se tramite el recurso de amparo.
“Hasta ahora hemos tenido muy pocas respuestas de la Justicia y de los organismos que tienen el poder de policía, como es el caso del Ministerio de Ecología”, admitió la abogada quien recordó que “los guaraníes fueron denunciando paso por paso cada uno de los despojos que tuvieron y llegamos a esta instancia judicial porque no hubo hasta ahora una respuesta institucional del Estado para frenar este avasallamiento”.
Medida de suspensión
Coincidencia o no, ayer, la Dirección General de Bosques Nativos, siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz, “habiendo tomado conocimiento de la posible afectación de un inmueble que resultaría de propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9 del municipio de San Vicente, procedió a suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma Tschirsch, Pablo Juan y otros, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
Según confirmó Ecología, “la firma cuenta con un Plan de Manejo Sustentable que fuera aprobado mediante actuaciones tramitadas por expediente N° 9900-02265/2015 y Resolución N° 686/16, Disposición N° 484/16, respetando todos los procedimientos definidos en la normativa vigente; el estudio de impacto ambiental así como el procedimiento de consulta previa que data de fecha del 16 de agosto del año 2016 y la Audiencia Pública correspondiente con fecha del 13 de diciembre de 2016, ambas con participación de la comunidad mbya guaraní conforme lo establece el convenio 169 de la OIT, y los protocolos provincial y nacional para el trabajo con las comunidades de los pueblos originarios. En materia de procedimiento administrativo, todas las actuaciones se encuentran disponible para los interesados, sus representantes o apoderados de conformidad al artículo 80 de la Ley I – N° 89 (antes Ley 2.970) de Procedimiento Administrativo. El mencionado Plan de Manejo cuenta con siete unidades o rodales de aprovechamiento y un cronograma gradual de intervención debidamente autorizados, propendiendo a la sustentabilidad del recurso nativo”.
Rivas anticipó que “aunque hubiera algún tipo de autorización, hay una forma en que se llevó adelante el desmonte que viola la Ley de Bosques”.
Y no es la única ley que se estaría violentando: “Este territorio fue relevado en el marco de la Ley 26.160, de Relevamiento Territorial que, entre otras cosas, impide que los aborígenes sufran desalojo o cualquier otra intromisión. Además, están respaldados por un conjunto de leyes que no sólo los involucra en las cuestiones referidas con la posesión de las tierras sino también en el cuidado y conservación de las mismas; es decir que si se pretende avanzar para cualquier tipo de actividad u obra, como podría ser el desmonte, ellos son una voz que obligatoriamente tienen que escuchar las instituciones y ser parte de cualquier decisión que se tome al respecto”, advirtió la abogada.
A su entender, en esta cuestión no sólo está en juego el derecho indígena sino también el derecho ambiental.
