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Pozo Azul: sacan línea de colectivo y dejan varados a más 100 alumnos

29 agosto, 2018
El CEP 40 es la institución más afectada por la cantidad de alumnos que tiene, cerca de 250 de los cuales más de 100 dependían de la línea de Kenia.

Hasta el miércoles de la semana pasada un colectivo de la empresa Kenia hacía su recorrido sobre la ruta 17 y llevaba, en modernas unidades, a alumnos del CEP 40 de esta ciudad. Sin embargo, la empresa fue denunciada por otras, también de colectivos, que operan la ruta provincial 17 por lo que debió suspender dicho servicio lo que afecta directamente a más de 100 alumnos de esta institución y otras de la zona.

En mayo pasado comenzó a funcionar una nueva línea de colectivos de la empresa Kenia como un servicio urbano para Pozo Azul. La misma funcionaba en el horario de entrada y salida de los alumnos del turno mañana y turno tarde con nuevas unidades.

“El CEP 40, ubicado en el Km 67, está a 150 metros de la ruta y el colectivo los traía hasta el ingreso, los esperaba ahí a la salida y llevaba a todos los alumnos hasta Piray Miní sobre la ruta 17”, explicó el director del CEP 40, Marcelo Ragotin, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.

Eran todos beneficios. Además de las nuevas unidades y el servicio “puerta a puerta” la empresa destinaba personal exclusivo a la institución para hacer todos los trámites del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) y sólo dos veces al año.

Arrancó la nueva línea y a los días, las empresas que operan la ruta 17, entre ellas Kruse y Piñalito, presentaron una denuncia contra Kenia por operar sobre la ruta provincial.

“Es más, la denuncia la radicaron empresas que ni siquiera andan por la zona sino por la ruta 12”, aseguró el director.

“Fue la Municipalidad la que gestó la llegada de Kenia porque veía toda la problemática que había con las otras empresas. Le propusieron que haga el servicio urbano creyendo que iba a poder cubrir todo el municipio de Pozo Azul pero la localidad está sobre la ruta, no tiene calles internas”, agregó Ragotin.

Ante la denuncia, la Secretaría de Transporte llegó a la escuela a hablar con directivos. “Les expliqué que no tenía ninguna relación con la empresa Kenia pero sí que era algo totalmente distinto porque nosotros tenemos muchas dificultades con las empresas”, advirtió el director y detalló entre las dificultades que “Kruse maltrata a los chicos, que les para donde quiere o no les para directamente, los obliga a ir parados porque le dicen que ellos van gratis y no pueden usar asientos” además de que los padres deben viajar a Montecarlo, sede de la empresa, para hacer los trámites por el BEG y “les suelen rebotar porque todas las veces ponen un requisito nuevo, todas las trabas posibles habidas y por haber” además del “mal estado en el que se encuentran las unidades comparadas con las de Kenia”.

En aquel entonces se alcanzó un acuerdo hasta las vacaciones de invierno con una serie de horarios. Cuando se retomaron las clases tras el receso volvieron los problemas y se presentó una nueva denuncia que, según indicó el director, ya derivó en el secuestro de un colectivo de Kenia.

“El miércoles de la semana pasada la empresa nos avisó que no iban a poder brindar más el servicio hasta Piray (a 30 kilómetros aproximadamente) porque la Secretaría de Transporte considera que el servicio urbano con el que ellos habían arreglado con la Municipalidad termina en Mondorí, a 6 kilómetros de la escuela”, indicó Ragotin. Debido a esta decisión “quedan afuera chicos del Km. 80, Puente Alto, Juanita, Km. 90 y Piray”, señaló.

El CEP 40 tiene una matrícula de 250 alumnos, 140 chicos de ellos viajan todos los días a clases y de ellos, 100 usaban el servicio del Kenia. Ahora que está por terminar agosto, muchos padres se comunicaron con el director para avisarle que no van a mandar a los chicos hasta que empiece septiembre y puedan sacar nuevos boletos (porque las empresas no los dejan viajar con los boletos tramitados por Kenia) o hasta que se solucione la situación.

Para colmo, Ragotin aseguró que los choferes de las empresas que continúan con su recorrido por la ruta 17, cuyas líneas los chicos debieron volver a tomar, “les cobraron 40 pesos cada pasaje, ida y vuelta, cuando a los adultos les cobran 25” o “les cargaban diciéndoles que ahora tienen que volver a viajar con ellos”, lo que el director calificó como “un maltrato constante.

Ninguna empresa dijo vamos a mejorar los servicios para competir con Kenia, la idea fue sacarla para que todo vuelva a ser como era antes”. Además “Piñalito, uno de los que denunció, tiene un colectivo corto y los chicos no llegan a subir, sólo los primeros. Estos meses que estuvo funcionando el Kenia los colectivos de las empresas tradicionales que pasaban por acá iban completos con pasajeros. Perdieron a los alumnos pero no iban vacíos”.

Reunión de padres
El último viernes se realizó una reunión de padres en la institución para discutir el tema. De ella también participó gente de la empresa y de la Municipalidad.

“Los padres querían cortar la ruta”, dijo el director. Los detuvo el hecho que desde la empresa Kenia les explicaron que hoy llegará a Pozo Azul gente de la Secretaría de Transporte “para hacer un relevamiento y ver si se puede combinar los horarios”.

Entonces “la decisión fue que si la empresa Kenia vuelve a cumplir el servicio para los chicos se seguirá como hasta el momento pero si la situación no cambia la idea fue iniciar medidas de fuerza con cortes de ruta pero exclusivamente a las líneas Kruse, ETCE y Piñalito, no para el público en general”, señaló el docente.

Si bien no se establecieron lugares de cortes de ruta, Ragotin explicó que serían en varios zonas de la arteria provincial.

Tags: ColectivosPozo Azulreclamo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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