Mientras en el país avanza el tratamiento de la Ley Nacional de Alquileres (que se debatirá en el Congreso este martes), la tierra colorada no se queda atrás y busca generar sus propias reglamentaciones. Tanto a nivel provincial como dentro del municipio capital, se analizan medidas que regule el negocio inmobiliario pero que contemplen una equidad entre las partes: propietarios e inquilinos. PRIMERA EDICIÓN dialogó con los impulsores de estas planificaciones.
A nivel provincial
Desde la Asociación Misionera de Inquilinos (AMI), ultiman los detalles de un proyecto de ley que busca frenar las irregularidades en los acuerdos habitacionales en los distintos puntos de Misiones.
Adrián Torres, presidente de AMI, aclaró que “ya teníamos armado todo el proyecto para presentarlo pero queremos lograr ponernos de acuerdo entre todos los actores para que una vez presentado no tenga inconvenientes. Así que aún lo estamos analizando con algunos martilleros e inmobiliarios”.
Desde la asociación “estamos hablando de la creación de un registro público de casas que se ofrecen en alquiler. Es ahí se presenta el primer gran problema, porque según el código civil, son contratos entre partes civiles, ahí hay un punto a discutir, ellos realizan operaciones comerciales pero a la hora de firmar un contrato solo lo hacen entre las dos partes”, explicó.
Torres remarcó que actualmente “la ley no prohíbe que se maneje por privado, una persona puede tranquilamente alquilar un bien propio pero debería ser algo más amplio, porque todas las personas que se dedican a vivir del mercado inmobiliario, que tienen más de dos propiedades en alquiler, deberían tener un control”.
Además apuntó al hecho de que “necesitamos que el inquilino sea considerado un consumidor, porque si no se lo considera como tal tenemos otro problema, ya que los usuarios de bienes y servicios cuentan con una Defensa al Consumidor pero a los inquilinos no les defiende nadie, tienen que hacerlo por motus propio o buscar asociaciones, que no tienen una estructura como organismos del Estado para poder defenderlo ante los problemas”.
En cuanto a los contratos aseguró que “llegamos a un grado de locura, la gente desconoce hasta sus derechos y obligaciones. Estuvimos mediando con una inquilina del barrio Miguel Lanús, que no le hicieron contrato y el dueño ahora decidió aumentarle la propiedad en un 40 % o que se vaya. Este propietario que cree estar protegido al no tener contrato pero en realidad está desprotegido y ahí se formó un conflicto grande, ella decidió irse pero el dueño no quiere devolver el depósito de garantía”.
Situaciones como esta son habituales en la provincia, ya que “la gente toma los depósitos como un mes más de ganancia. En ese caso nos ofrecimos como mediación voluntaria y nos encontramos con agresividad porque claro no tenemos competencia legal, sin embargo ofrecimos un asesoramiento, para que la señora se pueda ir y el dueño pueda recuperar su propiedad, pero hoy se encuentra en un conflicto casi policial”, relató Torres.
En materia de aumentos indicó que “el código civil sugiere pero no obliga que tengan en cuenta los índices oficiales de estadísticas y censos para los aumentos en los alquileres pero hay algunas indexaciones encubiertas en los contratos. La gente ya programa un aumento de los alquileres en dos años a un porcentaje que no es claro. Aplican un ajuste anual pero dentro de un semestre, entonces es necesario buscar una forma de que no existan esas medidas, que los precios se puedan consensuar de acuerdo a un índice oficial”.
Una Defensoría del Inquilino
Por su parte, en la ciudad capitalina, el edil Pablo Velázquez presentó en el Honorable Concejo Deliberante posadeño un proyecto para “regular los requisitos para acceder a los alquileres de viviendas familiares y el modo de indexación de los mismos, porque que en algunos casos los aumentos se dieron en mayor porcentaje que la inflación”.
De ser aprobado, este dictamen “incluiría a todos, tanto a inmobiliarias como a particulares, porque en principio al no haber una ley provincial de alquileres, no existe en términos legales un control en una actividad donde participan contadores, abogados, corredores, inmobiliarios hasta particulares, no existe una profesión exclusiva que se dedique al negocio. Así que con esto queremos regular una actividad comercial que se realiza en la ciudad de Posadas”, enfatizó Velázquez.
En la provincia, “si bien tenemos la Cámara Inmobiliaria, hay sólo un sector que está en ella, después está la Asociación de Corredores, así que tampoco hay un acuerdo mayoritario dentro de los que participan en la actividad. Entonces se echan las culpas entre ellos, uno te dicen que los abusos se dan en los particulares que están metidos en la actividad, otros dicen que no piden más de lo que deberían”, añadió.
Respecto a los requisitos Velázquez sostuvo que “nos parecía importantes ver cuáles son las cosas que se piden para poder ingresar a un alquiler y después las cosas que se cobran. Una de las tantas cosas que notamos dentro de la ciudad de Posadas, es que hay alquileres donde te cobran dentro de las expensas las tasas municipales, que son inmobiliarias y que no les corresponde a los inquilinos”.
Como órgano contralor “en el proyecto original para su aplicación, lo hemos puesto como una Defensoría del Inquilino en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. Ahora a partir de una reunión que tuvimos con la Asociación de Inquilinos de Misiones, se nos propuso algo que me pareció interesante y que tiene un ejemplo en la ciudad de Tierra del Fuego, donde lograron una regulación desde el Concejo Deliberante y se creó un registro de alquileres. Esto podría ser una modificación a incorporarse una vez que el proyecto vaya a su revisión en la comisión”, afirmó.
