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Se cayó la sesión para tratar allanamientos a Cristina Kirchner

15 agosto, 2018

Por falta de quórum reglamentario se cayó la sesión en la que el Senado tenía previsto pronunciarse sobre el escrito remitido por el juez federal, Claudio Bonadio, en el que solicitó autorización para allanar los domicilios particulares y el despacho de la senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner (FPV).

En el plan de Labor Parlamentaria también estaba contemplado analizar los tres dictámenes existentes sobre el proyecto, que llegó en revisión de la Cámara de Diputados, conocido como “extinción de dominio”.

A pesar de que la sesión provenía de un cuarto intermedio y por lo tanto no era necesaria la presencia de 37 senadores para comenzar el debate, ese número sí era imprescindible al momento de votar cualquier iniciativa. Por ese motivo, el día anterior, en la reunión de jefes de bloque, se acordó que solamente se iniciaría si se alcanzaba el quórum.

En las manifestaciones de minoría, el titular del interbloque Cambiemos, el senador por Formosa Luis Naidenoff señaló que “dada la envergadura del tema, habíamos establecido tener el quórum como corresponde a cada sesión. Me parece que teníamos la oportunidad de enviar una señal muy fuerte de la política a la sociedad. Y la señal era cumplir con un oficio judicial. Creo que los senadores que no están presentes, y tienen derecho de hacerlo, cometen un grave error. Teníamos la oportunidad de saldar deudas pendientes y de que la política se mire menos al ombligo y escuche a la sociedad”.

Por el interbloque oficialista estuvieron presentes los senadores Roberto Basualdo, Pedro Braillard Poccard, Inés Brizuela y Doria, Oscar Castillo, Julio Cobos, Eduardo Costa, Alfredo De Angeli, Silvia Elías de Pérez, Gladys González, Juan Carlos Marino, Julio Martínez, Luis Naidenoff, Federico Pinedo, Claudio Poggi, Mario Fiad, Laura Rodríguez Machado, Angel Rozas, Humberto Schiavoni, María Belén Tapia, Marta Varela y Pamela Verasay.

El Jefe del Bloque del Partido Justicialista, el senador por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, subrayó que estaba presente para “ratificar algo que ya hicimos públicamente. Creemos que el allanamiento es una medida de prueba que no compromete ninguna responsabilidad, es una atribución del magistrado en una etapa de instrucción”.

Pichetto también recordó que “la ley de fueros no impide que los senadores o diputados puedan ser investigados hasta la condena. La única inmunidad prevista en la Constitución Nacional es la inmunidad de opinión o inmunidad de arresto”. El senador rionegrino señaló que se había acordado autorizar los allanamientos de los domicilios particulares, pero no así las oficinas del Senado ya que “no tienen nada que ver con los hechos investigados”. Concluyó su exposición diciendo que “el Senado tiene que dar los debates de cara a la sociedad. Este es el allanamiento más publicado de la historia argentina. El juez no va a encontrar nada pero tiene el derecho de ir a verificar”.

Por el lado de los legisladores misioneros cabe destacar que sí estuvo Magdalena Solari Quintana y quien no acudió a la sesión fue Maurice Closs.

Por el Partido Justicialista estuvieron presentes en el recinto Eduardo Aguilar, Carlos Caserio, Carlos Espínola, Juan Mario Pais, Omar Perotti, Miguel Pichetto, Carlos Reutemann y Rodolfo Urtubey. Se suman Cristina Fiore Viñuales (Renovador Salta) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino).

Por su parte, el senador Fernando Solanas se retiró ni bien la presidenta Gabriela Michetti anunció que no había quórum, ya que había 36 senadores presentes en el recinto, uno menos que el necesario para votar.

Tags: AllanamientosCristina KirchnerSenado
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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