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Trece policías ante el juez por un auto desaparecido

6 agosto, 2018

Trece efectivos de la Policía de Misiones fueron llamados a declarar por la Justicia provincial, en el marco de la causa que investiga la insólita desaparición de un automóvil secuestrado que estaba en el patio interno de la comisaría seccional Primera de la capital provincial.

La medida “masiva” fue adoptada en las últimas horas por el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Posadas y al frente de la investigación, quien busca así establecer la fecha exacta en la que el Volkswagen Vento se “esfumó” de la dependencia emplazada en el norte de la ciudad.

Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN mediante sus fuentes, los trece policías fueron citados para los próximos días para que brinden “explicaciones no juradas”, según lo establecido en el artículo 70 del Código Procesal Penal provincial.

Con el llamado múltiple, Verón pretende obtener información providencial para el avance de la causa, específicamente la fecha exacta en la que el VW Vento fue retirado del patio de la dependencia, algo que no figura ni en el libro de guardias -secuestrado por el magistrado- ni en ningún registro oficial.

Al decir del expediente, el automóvil se encontraba en pleno patio interno, por lo que se lo podía observar a simple vista desde varios puntos de la comisaría. Sin embargo, pese a ese detalle, a la hora del sumario policial y de las posteriores diligencias judiciales, ninguno de los policías que trabajaban en la Primera pudo -o quiso- informar siquiera un lapso, preguntado sobre cuándo desapareció el vehículo.

El juez pretende así confirmar la fecha en la que el vehículo abandonó ilegalmente la sede policial. En el expediente obran indicios varios que apuntarían a que fue en abril de 2017. Pese a aquello, Verón buscará confirmaciones de boca de los propios guardianes del orden público.

Dos veces secuestrado

Todo comenzó alrededor de las 13 del jueves 29 de diciembre de 2016, cuando el propio Verón ordenó el secuestro del Vento en pleno centro de Posadas, a raíz de una denuncia por “estafa”.

Según la presentación penal, un hombre había comprado el vehículo pero, pese a recibir el dinero, el vendedor se negaba a entregar el boleto de compra-venta, entre otros documentos.

Lo cierto es que, más de seis meses después, a principios de julio de 2017 y con la investigación avanzada, el magistrado ordenó que el automóvil sea entregado en carácter de depósito judicial al comprador, hasta tanto se resuelva el resto de la pesquisa.

Lo curioso fue que ese hombre se presentó entonces en la Primera para retirar el vehículo en varias oportunidades y los policías, bajo uno u otro argumento, contestaron con evasivas a la hora de responderle dónde estaba el rodado.

Fue entonces que el azar hizo de las suyas. Días después, el denunciante se cruzó con el automóvil cuando circulaba en pleno centro de Posadas, al mando de una mujer, quien adujo haberlo adquirido “de buena fe” a un supuesto vendedor de vehículos.

Fue entonces que el automóvil fue “resecuestrado” y se inició una investigación a los fines de establecer cómo el VW Vento había salido de la comisaría sin autorización judicial y, mucho peor, comercializado a una mujer que incluso contaba con documentación que acreditaba su titularidad.

El caso generó un verdadero escándalo y, además de la causa penal, la Jefatura inició un sumario interno que derivó en el apartamiento del por entonces comisario a cargo de la dependencia y la intervención de la misma.

En tanto, el expediente judicial continúa su marcha y tiene por el momento dos imputados. Por un lado se encuentra el comisario, quien fue acusado formalmente por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y se abstuvo de declarar. Por el otro, el presunto comerciante del vehículo, imputado por “hurto”, quien habría retirado indebidamente el rodado del patio de la comisaría Primera.

Tags: #Judiciales#PosadasAutos TruchosComisaría seccional 1ªprimera
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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