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Judiciales: más detenciones por causas de corrupción y definición de condenas

5 agosto, 2018
El martes se sabrá si el ex vicepresidente queda detenido.

El martes, tras las últimas palabras a Boudou y demás acusado por el juicio de la compra de Ciccone Calcográfica -que se prevé serán a la mañana-, alrededor de las 15 el Tribunal definirá las condenas solicitadas por la Fiscalía y las querellas, de las cuales la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la inmediata detención del ex vicepresidente sin esperar a que quede firme el fallo.

Luego de allanado el camino por la recusación que Boudou había hecho de Pablo Bertuzzi, presidente del Tribunal Oral Federal 4, el martes se escucharán las últimas palabras de él y del resto de los acusados y sólo resta saber si el exvicepresidente queda en ese momento detenido.

Según indicaron fuentes judiciales consultadas por NA, Boudou será condenado pero resta determinar si se lo detiene ese mismo martes en la sala de juicio de Comodoro Py, ante la presunción de fuga, o bien se le aplica alguna medida alternativa como la prohibición de salida del país, la entrega del pasaporte, la obligación de presentarse en Tribunales de manera periódica o el control por tobillera electrónica.

La condena ya está decidida por parte de los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñiguez y Guillermo Costabel, pero los tres mantendrán este lunes una reunión clave para definir las penas y sobre todo el pedido de detención sobre Boudou: las fuentes judiciales consultadas no descartaron que suceda junto al veredicto condenatorio.

El fiscal de juicio Marcelo Colombo y la Oficina Anticorrupción (OA) pidieron una pena de pena de cinco años y medio para Boudou y la UIF de seis años, acusándolo de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

El Tribunal evalúa el contenido de la sentencia que se dará a conocer días después de la lectura del veredicto, pues tendrá mucho cuidado en no descartar la participación de otros exfuncionarios, como el caso del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y otros empresarios que aún investiga en primera instancia el juez federal Ariel Lijo.

Próximamente, también la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal definirá planteos que podrían tener como consecuencia directa la detención inmediata de empresarios y funcionarios condenados por la tragedia ferroviaria de Once.

En mayo el Tribunal ratificó las condenas fijando la de ocho años para el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime; cinco y medio para su sucesor Juan Pablo Schiavi; siete para el empresario Claudio Cirigliano y tres años y tres meses para el maquinista Marcos Córdoba.

Todos apelaron con intención de ir a la Corte Suprema, pero si la Casación los rechaza –algo que es muy probable- los condenados quedarán al borde de la detención ya que la única vía para llegar al máximo tribunal es mediante un “recurso de queja”, el cual no suspende la ejecución de la pena.

Pero ese Tribunal, con otra integración, también definirá la condena del expresidente Carlos Menem por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, cuyo juicio finalizó en 2011, pero luego de idas y vueltas entre la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema quedó en una pena de siete años.

El fallo que se aguarda para fines de agosto será clave, pues si se confirma la pena se podría ordenar su desafuero a la Cámara de Senadores de la cual Menem es integrante, con la posibilidad de ir a prisión.

También antes de que termine agosto la Sala III definirá si confirma la condena que recibió Leonardo Fariña de cuatro años de prisión por el delito de evasión, a raíz de un campo en Mendoza que compró y luego vendió.

Se trata de un campo por el que había pagado 5 millones de dólares y luego vendió a 1,8 millones: si Casación confirma su condena y luego rechaza sus apelaciones para ir a la Corte, el ex marido de la modelo Karina Jelinek volverá a la cárcel.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: #Corrupción#JudicialesBoudouk FariñaMenem
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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