Argentina necesita más que un auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional. Porque el primer y único desembolso que llegó del organismo de crédito no alcanzó para extinguir el fuego financiero que, en cualquier momento, vuelve a mostrarse igual o peor que lo vivido en los últimos meses. Consultoras como Bloomberg sostienen que “el primer desembolso del acuerdo con el FMI no ha logrado, hasta ahora, revertir la caída de reservas de Argentina”.
En el Gobierno nacional ya piensan en otra estrategia, que involucra directamente a algunos países, que no quieren ver a la Argentina en default arrastrando consigo a más emergentes. Porque los terminará afectando más cercanamente.
La crisis argentina no es como la de Grecia ni tampoco la de Venezuela. Tiene su complejidad, no sólo en los números, sino en su administración y en la cultura de los argentinos en general que la diferencian de otras experiencias.
Entonces, trascendió esta semana, hay Estados del primer mundo dispuestos a un salvataje mayor para no dejar que el Gobierno de Mauricio Macri caiga en la cesación de pagos de sus obligaciones y la economía desate una crisis social en los conglomerados más habitados de Buenos Aires, Córdoba Mendoza y Santa Fe donde Cambiemos ha decidido poner el eje con miras a las elecciones.
Problemas y más problemas
El ajuste, cuando el Estado no lo hace a tiempo, termina provocando más problemas de los que se pueden planificar en los acuerdos con el FMI. Que se agravan ante la falta de un plan económico que indique el rumbo.
En los últimos días, por acción u omisión, el Gobierno de Macri tiene varios problemas en la agenda y nulas soluciones. El “tren de la felicidad” sólo encuentra malas noticias para llevar, producto de la improvisación con que se decidió a embarcar la gestión, culpando al clima “tormentoso” para intentar sacarse la responsabilidad de encima.
Repasando los temas más difíciles que impactan en la mayoría de la población, está el anuncio de la nueva suba de tarifas del 30% en gas y luz en Buenos Aires que puede terminar en la misma escala en provincias como Misiones, con faltante de gas en territorio productivo bonaerense, más allá de lo caro que se pague. Un hecho que contradice el anuncio de exportación de gas a Chile que tanto anunció Macri días pasados.
Otro problema, que se vive de cerca en la tierra colorada, es la falta de combustibles por la presión de las petroleras que exigen la dolarización de los precios que este Gobierno impuso en las negociaciones. Al punto de llegar al regreso de los cupos de venta a los clientes en las estaciones de servicio.
La semana cerró con la reciente suba del transporte en la zona más poblada del país, que acumula el 117% en lo que va del año, haciendo que las personas que aún conservan su trabajo deban destinar una buena parte de sus ingresos para ir y volver a sus hogares.
Pero donde la tijera macrista acaba de calar profundo es en el recorte en las asignaciones familiares y los cambios de deducciones en Ganancias con el fin de ajustar las cajas. Nuevamente los trabajadores serán quienes paguen el costo de las malas decisiones.
¿Cuánto más puede un pueblo que lucha por su subsistencia familiar mensual poner de su bolsillo para sostener la crisis?
Difícilmente haya margen en las clases media (en decadencia) y baja (con riesgo de pasar de la pobreza a la indigencia), con y sin ingresos, de soportar medidas de estas características. Porque ya fueron adaptando su consumo a medida que la inflación avanzaba, comprando segundas y terceras marcas, yendo en grupos a mayoristas para hacer alguna diferencia, regresando a productos sueltos en diferentes rubros ya que los salarios achicaron su poder de compra. Como también fueron buscando alternativas de crédito, es decir, endeudamiento que no saben si podrán cubrir en el mediano o largo plazo.
Y restringiendo todos los gastos que no hagan a la vida cotidiana, como pueden ser salidas de recreación, compra de electrodomésticos aun en cuotas con tarjeta, por mencionar algunos.
En la salud también se registra una migración de las prepagas (la cobertura más costosa) a las obras sociales tradicionales e incluso, al sistema de salud pública. En el caso de Misiones, el Hospital Escuela “Ramón Madariaga” ve el incremento de gente que, permanentemente, va en busca de turnos de cirugía o tratamientos porque no encuentra cobertura sindical en los sanatorios.
En Posadas resulta más notorio un cambio que perjudica a los enfermos con obra social: en las clínicas no dan turnos, atienden por orden de llegada y a unos pocos. ¿Será el fin que terminen en un consultorio pagando la consulta sin beneficios sociales?
La lectura en las provincias
Los gobernadores “dialoguistas” comenzaron en las últimas horas a moverse para que la Nación dé marcha atrás, especialmente con las asignaciones familiares.
“La decisión del Gobierno Nacional vuelve a marcar la mirada centralista del Gobierno que en lugar de elaborar políticas públicas que sinteticen las distintas realidades de la Argentina, generaliza la realidad de la ciudad de Buenos Aires y la asemeja a la del interior profundo”, cuestionó horas atrás el mandatario salteño Juan Manuel Urtubey.
“Igualar las asignaciones familiares de los niños de Salta con los de la Ciudad con mayor ingreso per cápita del país (CABA), o con la Región Centro donde el Estado nacional ya gasta $56.791 por habitante versus los $31.409 que gasta en el Norte (es decir un 80% más), resulta de una inequidad absoluta y una falta de contemplación de las distintas realidades”, criticó Urtubey quien acaba de pasar un mal momento en un acto peronista cuando le gritaron “macrista”.
¿Hasta dónde estarán dispuestos a plantarse los mandatarios que necesitan una buena relación con la Nación, aun por la cada vez menor caja de obras públicas? Esta semana será clave, cuando Frigerio y Dujovne vuelvan con las reuniones de negociación del presupuesto 2019.
Reforma militar, bases en venta
En el caso puntual de Misiones, la Nación dio un giro importante en sus decisiones de reemplazar gendarmes por militares. Este Diario PRIMERA EDICIÓN tuvo la primicia: no se mueve un gendarme de la frontera, al decir de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Sellada la polémica sobre la cuestión que ponía en dudas el interés nacional por sostener la lucha contra el narcotráfico, apareció en escena otra faceta que mezcla política con lo institucional. Y tiene que ver con el recorte que promociona el Gobierno y la venta de terrenos importantes que tienen las fuerzas armadas en distintas zonas del país.
En Posadas, puntualmente, la novedad publicada a fines de febrero por PRIMERA EDICIÓN puede ser apenas un pequeño ejemplo. La Administración de Bienes del Estado decidió rematar al mejor postor 60 mil metros cuadrados que pertenecían al Ejército Argentino en la zona de las avenidas Centenario y Tomás Guido, muy cerca de la costanera posadeña. Se publicó la “licitación” pero nunca más se supo ni quién la ganó, por cuánto dinero, ni ningún otro detalle.
Y, en el mismo sentido, fueron apareciendo otros casos de tierras más cotizadas en otras ciudades del país. Esta semana lo puso en la agenda mediática nacional el periodista Jorge Asís en su columna semanal por América TV con Alejandro Fantino: “… sabés que interesa de las fuerzas armadas, la cuestión inmobiliaria, los terrenos de Remonta y Veterinaria, las 35 mil vacas de Remonta y Veterinaria, las 3.700 hectáreas de Campo de Mayo. La cantidad de cuarteles que van a quedar vacíos para hacer edificios y todo lo que sea…”.
Las sospechas de funcionarios que pusieron la mira en las inversiones inmobiliarias a costa de costosos e importantes terrenos fiscales nacionales va tomando forma. Y la reforma militar “por la modernización” de las fuerzas va quedando como un relato insuficiente, mezclado con la real necesidad de poblar de gendarmes los grandes centros urbanos, por temor a la reacción adversa popular, frente a un ajuste selectivo que le toca padecer al 90% de los argentinos mientras se cuida a un 10% de los más acaudalados amigos del poder.
