Malestar y bronca de productores con el “impuestazo” que aplicó Rentas

POSADAS. Fuerte malestar se generó en las últimas semanas entre los productores primarios que reclaman al Gobierno provincial la “inmediata eliminación” de una resolución de la Dirección General de Rentas, que en la práctica pone serias trabas burocráticas a los productores primarios de la provincia para que gocen de la exención del pago del impuesto a los Ingresos Brutos.Dicen que podría perjudicar en forma directa y seriamente a más de 30 mil pequeños y medianos productores. La resolución general N 29/12 estableció engorrosos requisitos que deberán cumplir los productores para estar exentos del IIB, requisitos que por un lado los colonos desconocen y, por el otro, implican una serie de trámites que deben realizar sólo en Posadas, con documentación que no todos poseen, por lo que en la práctica deberán pagar el 2,83% del precio de los productos, que será retenido por los compradores al momento de la venta.Desde el Partido Agrario y Social advirtieron la imposibilidad material de que los productores realicen y cumplan todos los trámites exigidos, “hace que literalmente quede sin efecto una de las banderas del Gobierno renovador, que dice que el productor primario no paga Ingresos Brutos y está exento de caer en la voracidad tributaria provincial”. Para que los productores queden afuera del impuestazo, la Dirección General de Rentas estableció que deberán tramitar un certificado de exención del Tipo “A” ante el organismo, para el cual deberán acreditar ante la Dirección “la inexistencia de deudas por los impuestos Sobre los Ingresos Brutos e Inmobiliarios (Básico y Adicional)”. Previamente, deberán tramitar en el Ministerio del Agro y la Producción un certificado de la condición de productor primario para el cual también deberán aportar documentación sobre la propiedad o tenencia de las tierras que ocupan, además de otros requisitos.Desde el PAyS sostienen que la nula publicidad de la vigencia de la resolución, más la condición económica apenas sostenible de la gran mayoría de los pequeños productores, sumado a lo engorroso del trámite y la cantidad de viajes que deberán realizar a Posadas, algunos incluso debiendo pagar servicios especializados para completar la tramitación y el corto plazo que existe para que lleguen los períodos de entrega de productos “cambian totalmente la intención de la ley de excluir a los pequeños productores y demuestra que lo único que le interesa al Gobierno es recaudar”, se quejó el diputado Héctor Bárbaro.