Reminiscencia

En un fallo que se conoció este miércoles, el juez de Nueva York Thomas Griesa se pronunció en contra de los argumentos de la Argentina, contrarios al pago de los bonos de la deuda pública en manos de los “fondos buitres”,  y ordenó que el próximo 15 de diciembre el Gobierno argentino deposite la totalidad del valor de los papeles en manos de estos tenedores, más intereses; lo que sumaría aproximadamente unos 1.300 millones de dólares. La dureza del fallo del magistrado de 85 años, nombrado durante el gobierno de Richard Nixon, fue considerada como una reacción del juez ante las reiteradas declaraciones de funcionarios del Gobierno argentino asegurando que éste nunca accederá a los  reclamos de los holdouts, fondos de neto carácter especulativo.  El fallo alude a esta circunstancia, al advertir al país de que cese “las amenazas enfermizas desafiantes de las sentencias”, y menciona, en este sentido, a la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, de quienes afirma que expresaron declaraciones a medios locales, “que no fueron desmentidas” y que al ser emitidas en el contexto de un proceso judicial, resultan inadmisibles.La mayoría de los economistas entendidos en los vericuetos del entramado internacional -entre ellos algunos conocidos, como el ex ministro Domingo Cavallo y el economista y ex funcionario del FMI Claudio Loser – coincidieron en señalar que el malestar del juez ante los dichos de representantes del gobierno debe entenderse como un factor determinante de la decisión judicial.La reacción de Griesa fue tal, que pasó por alto las expresiones de la Reserva Federal y de los bonistas que ingresaron al canje (y representaban más del 80% de los  tenedores en la refinanciación de la deuda en 2005, y luego en 2010) que coincidieron con la posición argentina de no reabrir el canje y mucho menos pagar a quienes compraron bonos en el mercado secundario con fines puramente especulativos. El fallo impactó con fuerza en el escenario político y económico local y aunque el gobierno kirchnerista se apresuró a reafirmar que no pagará a los buitres y apelará la decisión judicial; e insistió en que considera ilegítimo al reclamo; no hay dudas de que sintió la estocada  y deberá jugar sus cartas con suma prudencia de aquí en adelante. La incomodidad del Gobierno no es sólo por el orgullo herido de tener que volver sobre una posición política enunciada hasta el hartazgo, sino por las posibles repercusiones políticas y económico-financieras de una postura intransigente de su parte. Default técnicoEs que el fallo trajo a colación, por primera vez en mucho tiempo una eventual amenaza de “default técnico”, que dejaría a la Argentina en una debilidad extrema a nivel internacional. Aunque el gobierno K no admite la hipótesis, el sólo hecho de que se instale en la agenda pública la posibilidad de una cesación de pagos implicaría una especie de “déja vu” o reminiscencia de la crisis terminal de 2001, poniendo entre paréntesis la fortaleza de las políticas desarrolladas durante el ciclo K. Las opiniones respecto a las consecuencias que traería la eventual recaída en default difieren, aunque de las declaraciones de economistas y líderes políticos se desprende que la situación puede ser grave para el país, ya sea en el sentido de que se acceda a cumplir a rajatabla con el fallo, como en el caso de que el gobierno argentino mantenga su postura negativa. “No conozco en detalle las cláusulas, pero un default técnico podría -dijo Claudio Loser- abrir a que los acreedores tomen acciones no sólo contra el Gobierno argentino, sino también contra exportaciones argentinas. Podrían tomar medidas muy drásticas para que se cumpla esto. Incluso podrían ir al Bank for International Settlements (BIS) y decir que la protección que tienen las reservas hay que eliminarlas, pues la Argentina no cumplió con las obligaciones”.Paralelamente, numerosas voces del arco político cuestionaron los fundamentos del juicio y sostienen la necesidad de hacer causa común con la decisión del gobierno de apelar el fallo; postura prevaleciente en general que, sin embargo, desaconsejaron -entre otros- Cavallo y Martín Redrado.El primero de los nombrados propuso lo que parecería ser una resolución salomónica, que Argentina acceda a pagar;  pero con las mismas condiciones de pago que se establecieron para los acreedores que sí entraron en el canje. La visión político-ideológica que prevalece, en tanto, en el gobierno, es negarse a hacer frente a acreencias que obligarían a  profundizar el ajuste en un momento de menor crecimiento económico; y lo llevarían además a tener que desdecirse de una política, respecto al endeudamiento externo recibido de la década anterior, que fue una piedra angular en la conformación del kircherismo. Cualquiera sean las derivaciones, el fallo está en el centro del escenario político nacional e influirá en lo que ocurra de aquí en adelante. Las opiniones del gobernador bonaerense Daniel Scioli dan la pauta de la temperatura política del caso:  “Tenemos situaciones muy complejas para resolver, como la pelea que está dando la Presidenta con respecto al fallo que proviene de esos fondos llamados buitre que especularon en nuestro país y que no estaban orientados a la economía, la producción y el trabajo, sino a la ruleta financiera. En el medio, la gente podía perder su trabajo y las persianas se cerraban”. Agregó que “venimos remontando este camino, por eso en este momento Argentina necesita más que nunca que todos pongamos el hombro y ahí como siempre me van a encontrar, con mucha responsabilidad”. La foto del mandatario provincial, y confeso candidato presidencial para 2005, a la derecha de la Presidenta en el primer acto oficial que se realizó tras conocerse el fallo, no pasó desapercibida.También se notó el silencio de la Presidenta respecto a la decisión oficial, un tácito reconocimiento, sino de los errores del gobierno en la gestión del conflicto judicial, por lo menos de la tensa situación actual. El planteo judicial, por sus imponderables repercusiones, alteró el escenario de fuerte confrontación generado a partir del paro opositor organizado por la CTA de Pablo Micheli y la CGT de Hugo Moyano, entre otros hechos políticos que jalonaron una semana de fuertes tensiones. En la provincia, el PJ misionero dio una nota de escándalo con  una serie de hechos de confusa factura, todavía no aclarados del todo, y que terminaron ayer con una presunta ocupac
ión de la sede partidaria, que sucedió, a su vez, a un rocambolesco robo de la documentación relativa a las internas que se debían realizar el próximo 16 de diciembre, pero que al momento parecen encaminadas a una judicialización sin salida a la vista. El bochornoso espectáculo de ayer en la sede partidaria había sido precedido por la sorpresiva  denuncia de un robo perpetrado por manos anónimas en el mismo edificio, en el que desapareció importante documentación referida a los avales de la lista Luche y Vuelve, que propone la candidatura de Marcelo Rodríguez a la presidencia partidaria, enfrentada a la lista oficialista Frente de Unidad Peronista, del senador Juan Manuel Irrazábal.   El robo se concretó el jueves, luego de que el miércoles ambas listas fueran notificadas de su oficialización por la Junta Electoral. El mismo jueves, el Consejo Político, que controla el sector de Irrazábal, había destituido a dos integrantes de la Junta, alegando que no cumplen con los requisitos para ser integrantes de la misma y declarado la nulidad de todo lo actuado. Por versiones no-oficiales se supo que el sector de Irrazábal, asociado al ex senador y presidente partidario Luis Viana, había fracasado en su intento de poner fuera de juego a Rodríguez con impugnaciones a sus credenciales como afiliado justicialista. Fuentes del aparato del PJ señalaron que el sector de Irrazábal-Viana fue sorprendido por la decisión de la Junta Electoral que creía controlada. Esta, sin embargo, habría desestimado la impugnación presentada por Irrazábal, con lo que se desvanecía la posibilidad de una judicialización que, también según fuentes peronistas,  habría sido la estrategia originaria del sector  de Irrazábal para evitar al confrontación y mantenerse, mediante la judicialización, en el partido.