POSADAS. Diputados nacionales integrantes de la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación sesionaron ayer en el Centro de Convenciones de esta ciudad. El encuentro fue presidido por el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, quien estuvo acompañado por sus pares del Frente para la Victoria (FpV) Diana Conti (presidente de la comisión especial) y Alfredo Datto. Asistieron a la apertura el intendente de Posadas, Orlando Franco, la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ramona Velázquez, ministros del Ejecutivo y los legisladores nacionales por Misiones Alex Ziegler, Marilú Leverberg, José Guccione, Julia Perié, Salvador Cabral y Sandra Giménez. Se había anunciado la presencia del gobernador, Maurice Closs, pero ni él ni el vice estuvieron en este importante momento.Domínguez y su comitiva arribaron en un vuelo privado cerca del mediodía. Tras los himnos nacional y provincial, se declaró a Dominguez “Huésped de Honor” de Posadas y se le entregó una placa “por su compromiso con las instituciones democráticas”.Resultó curiosa la ausencia de los diputados y senadores nacionales opositores que componen la Bicameral. Como también la falta de asistencia de magistrados y funcionarios de fuero Civil y Comercial.Según un parte oficial emitido por la diputada Leverberg, se escuchó en las más de seis horas de audiencia pública a unos 50 expositores de los 31 previstos originalmente. Casi todos ocuparon los diez minutos reglamentarios para expresar fuertes críticas a puntos vinculados al matrimonio igualitario, contrato matrimonial, adopción, fecundación asistida. De igual modo, se expresaron comunidades aborígenes y entidades que los representan, como el Equipo de Pastoral Aborigen, al calificar de inconstitucional e inconsulto el proyecto del Ejecutivo nacional en lo que respecta a las figuras jurídicas y la propiedad de la tierra (ver recuadros de página 3).Estuvieron, además, representantes de profesionales de las ciencias económicas, abogacía, ingeniería y arquitectura, los corredores inmobiliarios, entre otros, que expusieron las disidencias de cada sector con el extenso proyecto de ley en estudio de la Bicameral.“Posadas ha querido opinar”La diputada kirchnerista Diana Conti aseguró: “Estamos concluyendo en Posadas este ciclo de audiencias. A la vez que escuchamos aquí las ponencias, son vistas en el Congreso Nacional y en el Ministerio de Justicia. Se está haciendo un trabajo esforzado y profundo y los aportes que recibimos son muy importantes”. Agregó que se ha visto “una militancia muy activa de los pueblos originarios, porque el Código propuesto incluye la propiedad comunitaria para los pueblos originarios, dentro del marco de la Constitución del 94. Más allá de que los pueblos originarios no tienen una postura unívoca, creo que ha sido productivo para ellos buscar una unidad en su lucha para su nuevo reconocimiento y también nos han nutrido a nosotros de cuales son las preocupaciones”.Dijo que en las provincias “hubo una militancia muy activa de grupos que se oponen a los saltos culturales sobre el matrimonio, la manera de concebir, porque la fertilización asistida es hoy una realidad; las constituciones de las familias, ya que ahora son más plurales, se crea la responsabilidad entre parientes afines o progenitores afines. Hay una resistencia que se nota en este tipo de audiencias. No sé si representativas del pensar nacional, por lo menos no lo es del pensar del Congreso de la Nación. Es un Código que toma principios y normas generales y particulares sobre todos los aspectos que hacen a la vida cotidiana de los ciudadanos”.Finalmente aseguró que si bien se pusieron como plazo noventa días para emitir dictamen, “fue pretencioso y acotado. Realmente, al recorrer el país en estas audiencias públicas más allá de que uno comparta o no cada una de las ponencias, que escuchemos cada una de ellas contribuye a una nueva mirada y reflexión de nosotros los legisladores, que vamos a tener que asesorar el pleno de ambas cámaras para tener el mejor Código Civil y Comercial que va a regir por el próximo siglo a esta argentinidad nueva”.Siete veces no y ahora…El diputado nacional Julián Domínguez, por su parte, reveló que en siete oportunidades anteriores se buscó la reforma y unificación de los códigos, pero los legisladores fracasaron en el intento. “Fueron intentos de modificación y unificación de los códigos. Este intento esperamos que dé la luz que conjuntos de la sociedad argentina se merecen, sobre todo porque va a regir las relaciones entre particulares. Es un desafío de la generación del Bicentenario”, afirmó el titular de la Cámara baja.Se refirió también a la decisión política de avanzar en la reforma por consenso. “Nosotros, como legisladores, entendemos que el consenso está dado, por la calidad del instituto jurídico y por la representación de la realidad. Y la voluntad política es acercar las decisiones a la gente porque estamos creando un instrumento para los próximos años y tratamos de que en la medida que se adapte a la realidad y expectativas de nuestro pueblo, le dé durabilidad en el tiempo. Para eso es necesario escuchar al país federal, a todas las provincias, donde sus legisladores han tenido la inquietud de que los escuchemos en este sistema de audiencias pública. Lo hacemos y nos enriquece en la recepción de las inquietudes y expectativas del país federal”.Propuestas trascendentesLa presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Misiones, Roxana Venchiarutti, indicó que “el proyecto tiene muchísimas propuestas trascendentes. Lo más importantes es que se reconocen algunos otros derechos que antes el Código Civil no reconocía, como los derechos ya no individuales, sino colectivos. Es uno de los derechos más importantes que se suma. Hace mucho hincapié en la defensa del consumidor, que nosotros tenemos como ley no codificada y ahora pasa a formar parte de la codificación. En materia de familia son importantísimos. Por ejemplo, el divorcio por causal subjetiva dejaría de existir”. Familia y matrimonioLa mayoría de las ponencias escuchadas fueron muy críticas hacia la propuesta oficial de reforma. Tuvieron que ver con el libro del Código vinculado a la familia, el matrimonio, la fecundación y la denominación jurídica de la vida humana. Una de las posturas más fuertes fue la de Julieta Lardies, de la Red Federal de Familias. “Habrá más obligaciones para concubinos que para casad
os”, cuestionó para luego expresarse contra el futuro divorcio “express”. “Estos artículos asustan porque vacían la figura del matrimonio”, aseguró a los diputados.Agregó que “se crean leyes para irresponsables y así no se forma un país: ojalá este Código fuera un chiste de nuestros legisladores, pero es más que eso. Pero la Presidente y los legisladores van a tener que dar cuenta ante Dios y ante la Patria”.La abogada Mónica Quintana cargó sobre la autorización de la fecundación asistida. “El alquiler de un vientre es un atropello a la mujer. Se está desvinculando el origen biológico”, manifestó, para agregar: “En la voluntad procreacional, el niño es considerado y tratado como una mera mercancía, como un objeto de satisfacción de deseos de los adultos. Alguien comprable y que puede seleccionarse de modo eugenésico, egoísta, selectivo para mayor ‘satisfacción’ de quienes lo encargan. Esto no es más que la cosificación de la infancia, la mascotización de los niños, se pisotea la dignidad de los hombres, donde la mujer es un mero objeto para lograr la gestación del bebé comprado, situaciones que de ningún modo pueden ser admisibles”.Hasta el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Rodrigo Bacigaluppi, pidió cambios al proyecto en materia de matrimonio: “Habrá más obligaciones en una compra-venta que en el matrimonio”, ejemplificó. Finalmente aclaró a los diputados: “Sé que no vienen a escuchar palos, pero es el momento de que escuchen a las bases por el respeto al federalismo”. Inconstitucional e inconsultoDesde el sector de los pueblos originarios y las organizaciones que los asisten, el discurso más duro lo expresó la abogada Stella Maris Martínez, de Emipa: “Al no haber consulta y participación de los propios pueblos indígenas como lo establece la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos, este proyecto es formalmente defectuoso por omisión, lo que lo hace nulo. En estas condiciones no puede seguir siendo tratado por el Poder Legislativo, pues se estará convalidando un proceso irregular, inconstitucional y contrario a los derechos humanos de estos pueblos, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado”, dijo a los legisladores presentes. “Exigimos a esta Comisión que se cumpla con las normas vigentes en nuestro país, queremos que se consulte a los pueblos indígenas, garantizando un diálogo intercultural, en el interior del país y de nuestra provincia, donde se encuentra residiendo la mayoría de las comunidades indígenas y que el Estado garantice, asegure dichas convocatorias, los mismos tienen el derecho a participar en la toma de decisiones que los afectan, dado que nos encontramos en un país pluriétnico y multicultural como lo establece nuestra Constitución Nacional y se deben terminar los tutelajes. De no ser así y dados los derechos en juego, no nos quedará otro camino que iniciar las acciones judiciales en resguardo de la Constitución y de los pueblos indígenas”, advirtió. Hubo también caciques presentes que se dirigieron en el mismo sentido y sobre todo en defensa de la tierra y contra la figura de la propiedad. “Nos llevaran a la pérdida del derecho adquirido, poniendo en riesgo nuestra identidad cultural. La tierra y el monte no son sólo un papel”, aseguró el cacique Bernardino Cabrera.
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