PUERTO IGUAZÚ. A medida que pasan las horas se conoce nueva información sobre la investigación que lleva la Justicia sobre cinco efectivos de la Policía Federal Argentina, acusados de montar un operativo antidrogas en Montecarlo, el 12 de febrero pasado.Según trascendió ayer, se conoció que el oficial fue procesado y permanece detenido por el hecho no era ni más ni menos que un alto mando de la Delegación Iguazú de esa fuerza cuando todo ocurrió.Además, fuentes cercanas a la causa le confirmaron a PRIMERA EDICIÓN que los otros cuatro federales que permanecen tras las rejas, todos suboficiales, también cumplían roles claves en dicha dependencia: trabajaban en la Dirección de Investigaciones.Los cinco están procesados por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad e instigación al delito”, permanecen detenidos y, como dicha calificación no contempla el beneficio de la excarcelación, podrían seguir tras las rejas incluso hasta el inicio del debate oral y público, siempre y cuando el caso llegue a esa instancia.La misma caraLa historia comenzó a gestarse el pasado 12 de febrero, cerca de Montecarlo, cuando efectivos de la Policía Federal Argentina afectados a la Delegación Iguazú procedieron a la detención de un sujeto paraguayo a orillas del río Paraná.Según informó la fuerza días después, el detenido había sido apresado en momentos en que ingresaba al país de manera ilegal, con cerca de treinta kilogramos de marihuana en su poder.Hasta allí, parecía un procedimiento de rutina. Sin embargo, la punta del ovillo de la investigación que ahora se sustancia surgió una vez que el detenido aseguró que el mismo efectivo policial que lo detuvo era quien días antes lo había contactado para pagarle unos pocos pesos a cambio de que ingresará al país el estupefaciente.Ante la gravísima denuncia, el magistrado a cargo del Juzgado Federal de Eldorado por subrogancia, doctor José Luis Casals, inició la pesquisa y descubrió que la versión de la “mula” contaba con elementos de solidez.Con esa evidencia, el funcionario judicial ordenó un allanamiento en la delegación de la PFA en Puerto Iguazú, emplazada sobre la avenida San Martín de esa localidad.Se realizó el martes 28 de agosto y en la escena la Justicia secuestró documentación de relevancia sobre los cinco uniformados que intervinieron en aquel operativo.Después, el magistrado actuante solicitó un entrecruzamiento de llamadas entre los hombres de la fuerza. Si bien no se conocieron los resultados ante el hermetismo con el que se maneja el caso, fuentes confiaron que esa prueba terminó de hundir a los sospechosos.Con todos esos elementos y el testimonio probado -al menos en principio- del paraguayo detenido, Casals avanzó sobre la causa y procesó a los cinco policías por los graves delitos antes mencionados.Uno de ellos, quizás el más “pesado”, es de “instigación al delito”, que como este medio informó en su momento no prevé el beneficio de la excarcelación y cuya gravedad queda subrayada ante el hecho de que quienes contrataron a la “mula” eran funcionarios públicos.Con el paso del tiempo, se conocieron más detalles de la causa. Uno de ellos, no menor, es que uno de los policías detenidos -el único con el grado de oficial- era un alto mando de la mismísima Delegación Iguazú. Los otros cuatro, suboficiales, pertenecían al sector de Investigaciones de la dependencia.La Justicia Federal continúa investigando el caso, que podría ser elevado a juicio si se confirman la serie de hechos que se le imputan a los policías.
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