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Las señales de que el Gobierno nacional se decidió finalmente a testear la respuesta popular a una eventual “re-re” de Cristina Kirchner, sobre las que se hablaba en esta columna la semana pasada, en base a declaraciones de Daniel Scioli y algunos funcionarios oficialistas, se intensificaron en los últimos días en la escena política, con la expresión de posturas diversas.Con una sonrisa enigmática, la Presidenta evitó expresarse sobre un tema obviamente controversial,  respecto al cual las estimaciones previas indican que al gobierno kirchnerista se le haría cuesta arriba dar vuelta la opinión negativa,  mayoritaria en la ciudadanía; que no ve con buenos ojos la posibilidad de que se altere el texto constitucional para favorecer a la estrategia de poder de una fracción política.Es obvio que el oficialismo busca  garantizarle un nuevo mandato a la Presidenta como forma de hacer frente a las contradicciones internas que muestra el partido gobernante y ante la evidencia de que, es otra opinión que circula en los corrillos políticos, “no tienen un recambio para la figura dominante en que se convirtió Cristina”.El grupo de intelectuales nucleados en Carta Abierta, que pese a una pregonada independencia crítica defiende a ultranza las políticas del gobierno, salió a la palestra con una propuesta que pretende sentar un debate más amplio que el de la reelección presidencial, proponiendo una reforma constitucional que incluya los cambios operados en diversos frentes  durante el ciclo kirchnerista. Muchos no ven en esta postura más que una especie de coartada programática para impulsar la prolongación -por la incorporación de un tercer mandato a la Constitución- del liderazgo de Cristina Kirchner- que a su vez representa la prolongación de un ciclo que en 2015 cumpliría doce años en el poder; extensión sin precedentes en la historia argentina. El sociólogo y politólogo Ernesto Laclau, rediente en Gran Bretaña y un habitual acompañante de las políticas del kirchnerismo, salió en defensa de la postura reformista sin hablar del mandato presidencial, pero afirmando que los cambios operados en la legislación y en la situación de distintos grupos sociales en los últimos diez años justifican la necesidad de una reforma. Las posturas críticas fueron las dominantes, sin embargo, en el arco opositor, aunque algunas voces parecieron aceptar el hecho consumado, como Esteban Bullrich, ministro de Educación de Macri, que dijo que por principio es favorable a la alternancia en el poder; pero que habría que definir el tema consultando a la población por un plebiscito.Acuerdo endebleFuera de estas preocupaciones, se cerró en la semana el demorado acuerdo sobre el salario mínimo, que será de 2.875 pesos, pero recién en febrero de 2013, porque se aplicará en dos tramos, el primero será de 2.670 y se aplicará desde septiembre. Para llegar a las cifras indicadas, el salario mínimo tendrá un ajuste de 370 pesos en septiembre, equivalente al 16% y otro de 205 pesos en febrero del año próximo; con lo cual, si se toman como promedio de inflación el 22% que, moderadamente, estiman varias de las más reconocidas consultoras privadas, es obvio que se estaría reflotando el escenario crítico que graficó una frase célebre: “Los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor”. La subestimación de la inflación, o de su rol en un esquema de crecimiento como el que acompañó al ciclo K, sigue siendo un principio que el gobierno, aparentemente, no estaría dispuesto a rever en un año que -aunque no formalmente-  anticipadamente se comienza a vivir en los círculos políticos como electoral. El otrora kirchnerista y hoy franco opositor Hugo Moyano  no fue a la reunión paritaria -a la que calificó de “circo” y “pantomima”- y se despachó con duras críticas al gobierno, por imponer un techo que no tendría en cuenta la evolución real del costo de vida.“¿Cómo va a ser el Estado el que  defina a las partes? está entrometiéndose en temas que no le corresponden”, tronó Moyano, con razón si se tiene en cuenta que el esquema tripartito de las paritarias, basado en el pacto social entre trabajadores y empresarios, reserva al Estado una participación de mero arbitraje.En este contexto, la semana que se había iniciado con una resolución del Consejo del Salario que el gobierno festejó a pesar de los malos presagios que soplan del trasfondo inflacionario, derivó este viernes en un episodio bochornoso que salpicó al Gobierno provincial y a la primer mandataria nacional. Muy poca gracia le debe haber causado a la Presidenta que   la comunicación por videoconferencia con Maurice Closs -en el marco del lanzamiento en cadena nacional del Plan de Marketing Internacional Argentina- otra vez se encontró dialogando con un “hombre común” que terminó siendo un fraude. Fue el caso del cálido diálogo entre Cristina y un  productor  tabacalero de El Soberbio, que se expresó como un agradecido beneficiario de las recientes conexiones de luz del Programa Prosap, pero que por denuncia de los vecinos se supo que hace tiempo que goza del beneficio, pero habría sido “apalabrado” por los dirigentes renovadores que lo acompañaban en la transmisión para salir del paso.  ¿Cansancio justificado?Al otro día del blooper que le hizo pasar a la Presidenta el gobernador Closs, desde Emsa difundieron un comunicado en el que explicaron, sin mucho énfasis,  los alcances de los programas de electrificación rural, realizados con el Prosap, programa que data de la década del 90 y que sucesivos gobiernos provinciales han reclamado como iniciativa propia. Emsa no pudo explicar convincentemente la situación del productor, como tampoco atinó a dar  una respuesta consistente a las críticas de vecinos de la zona de El Soberbio que piden una mayor celeridad en este programa, en el que se invirtieron 23 millones de dólares desde 2004 a la fecha, consiguiendo hacer llegar la electricidad a 5.000 nuevos usuarios.El papelón quedó instalado, más allá de las justificaciones e independientemente del programa, al revelar cómo se maneja frívolamente el montaje de las habituales conferencias de la Presidenta y su diálogo con gobernadores adictos, como Closs, aunque no siempre involucrado a fondo en la temática del momento.Para los observadores, la repetición de episodios de este tipo serían muestra de que hay una dirigencia que sufre los síntomas de una demasiado larga estadía en el poder, rasgo que, casualmente, compa
rten el kirchnerismo nacional y el gobierno renovador.Según un periodista de El Soberbio, el desprolijo episodio habría obedecido a la repentina decisión de Closs de cambiar a último momento la sede local del acto, que se iba a hacer en una escuela de la localidad, siguiendo lo habitual en estos casos, pero que Closs trasladó de apuro, a último momento, a la casa del productor de apellido López.La causa no fue otra que el temor del mandatario y los funcionarios que lo acompañaban a que el director del establecimiento educativo aprovechara la transmisión para comunicarle a la Presidenta su postura contraria a la construcción de la hidroeléctrica Garabí sobre el río Uruguay. La versión es creíble dado el conocido temor del Gobierno provincial a anticipar un debate público y fijar fecha al plebiscito que la misma Legislatura aprobó en vísperas de las últimas elecciones.Aunque se conoce la postura favorable del Gobierno provincial a la realización del proyecto binacional, el Ejecutivo sigue dando largas a un debate que sabe que de encararse con la libertad y amplitud que corresponde, le sería adverso. Una eventual crítica a Garabí transmitida por videoconferencia hubiera molestado, además, a Cristina en un tema que es de importancia estratégica para su gobierno.Los intereses o la salud de los misioneros, que hoy mismo tienen que acrecentar al máximo la vigilancia epidemiológica en sus fronteras por el avance en los países vecinos de una típica “enfermedad de las represas”, como es el dengue hemorrágico, no son prioridad en los despachos nacionales, donde prima la prisa por cerrar la brecha energética y la necesidad de no molestar al poderoso vecino brasileño. Las prioridades en la provincia también desconocen a los más necesitados, como las demandas de los maestros, a las que se ignora y afrenta con descuentos compulsivos; o de los tareferos y productores yerbateros; que vuelven hoy a peregrinar por un precio justo.