BUENOS AIRES (NA). El Consejo del Salario, que comenzará sus deliberaciones el próximo martes en busca de establecer un nuevo haber mínimo, se perfila para convertirse en un termómetro político que logre medir la temperatura actual de la febril relación entre el Gobierno, los gremios y sectores empresariales que cuestionan políticas del oficialismo.Ocurre que la fractura de la Confederación General del Trabajo (CGT), las diferencias por dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) -la facción opositora que lidera Pablo Micheli no ha sido invitada a la reunión-, más la posibilidad de que las entidades agropecuarias sigan los pasos de Hugo Moyano y no concurran a la cita en el Ministerio de Trabajo amenazan con desplazar a un segundo plano la discusión central.Es más, el Gobierno podría establecer “por decreto” el nuevo piso del Salario Mínimo, Vital y Móvil, como planteó el propio Moyano para argumentar la ausencia de al menos cuatro miembros de la cúpula de la CGT en el encuentro, en caso de que el Consejo no logre reunir 24 votos positivos (dos tercios del total de los asistentes) para fijar el aumento.El líder camionero ya avisó que no asistirá al encuentro, al igual que Juan Carlos Schmid y otros dos de sus colaboradores más cercanos (tampoco lo harán sus respectivos suplentes, entre ellos, Julio Piumato y Omar Plaini), mientras se agudizan las diferencias entre la Casa Rosada y la CGT, que reclama un haber mínimo de 3.500 pesos.En cambio, la CTA oficialista, encabezada por Hugo Yasky, y el grupo de dirigentes gremiales enfrentados con Moyano y que integran la llamada “CGT Balcarce” impulsarían un incremento del haber mínimo del orden del 25%, para llevar el piso salarial de los 2.300 actuales a los 2.875 pesos.Con el Gobierno mirando de reojo, la interna sindical genera ruido en el movimiento obrero, pero también en las cámaras empresariales y entidades agropecuarias, las que podrían abstenerse de votar e incluso darle la espalda al Consejo, que se reunirá por noveno año consecutivo a partir del martes 28.La cartera laboral convocó ahora a los mismos 32 consejeros de 2011: 16 representantes de los trabajadores más 16 autoridades de cámaras empresariales y agropecuarias, entre ellas, a Hugo Biolcati (Sociedad Rural Argentina), Alberto Frola (Confederaciones Rurales), Eduardo Buzzi (Federación Agraria) y Carlos Garetto (Coninagro).Sin embargo, horas antes del comienzo de las deliberaciones en el Ministerio, Biolcati echó más leña a la hoguera de rumores y especulaciones sobre la postura que tomarán las entidades agropecuarias frente al revuelo gremial.“No vamos a prestarnos a la interna sindical”, enfatizó el presidente de la Sociedad Rural, en declaraciones a Noticias Argentinas.Es más, Biolcati coincidió incluso con la cúpula de la central obrera de la calle Azopardo, al asegurar que “en todo caso, lo que afecta a los trabajadores es la inflación y su negación que carcome los salarios”. “Con esas reivindicaciones coincidimos, cualquiera sea el sector gremial que las exprese”, afirmó.Si bien no está confirmado que asistan al encuentro, los representantes del agro suelen abstenerse en la votación por la suba del salario mínimo y esta postura, sumada a la ausencia de los líderes de la CGT, reduciría a 24 el número de consejeros en la reunión, lo que pondría en riesgo un acuerdo sin la intervención del Gobierno.En este marco, las rispideces entre la administración que encabeza Cristina Kirchner y los gremios díscolos y entidades empresariales con poco “feeling” con la Casa Rosada amenazan con enturbiar las discusiones salariales y laborales, agregándoles una dosis excesiva de trasfondo político.Ocurre que además del haber mínimo, la CTA oficialista -por ejemplo- pretende que el Gobierno revise los parámetros que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para medir la canasta básica familiar y que se comprometa, junto con los empresarios, a reforzar la batalla contra el trabajo informal.También planteará la necesidad de que el piso salarial se convierta en una referencia válida incluso para los empleados del ámbito municipal o provincial que suelen quedar al margen del acuerdo en el Ministerio.Pero en un contexto complejo como el actual, con intereses sectoriales en juego y variables políticas entrecruzándose, las intenciones de Yasky y compañía corren peligro de caer en saco roto cuando se inicie la discusión.
Discussion about this post