POSADAS. No debe existir una actividad empresaria que tenga semejantes aportes de los estados nacional, provincial e incluso municipal manejada por actores privados, con un público cautivo y con la facilidad de subir sus tarifas en breves lapsos de tiempo.El Gobierno provincial, mediante el decreto 601 del 30 de mayo de 2012 del gobernador Maurice Closs, puso a disposición de la Dirección del Servicio Administrativo de Obras y Servicios Públicos (estructura de la que depende funcionalmente la subsecretaría de Transportes, Puertos y Aeropuertos dirigida por el clossista Hermes Almirón) la cifra de 95 millones de pesos para el Sistema Integrado de Transporte.El instrumento legal recién se conoció ayer, tras ser publicado en el Boletín Oficial de la provincia, por lo tanto semejante cifra ya debe haber sido transferida a la actividad mencionada. No es la primera vez que aparecen decretos firmados muchos meses atrás para determinados gastos del Gobierno, de los que se saben que impactan negativamente en la opinión pública y se posterga su publicación cuando los fines están cumplidos.Los 95 millones de la provincia, se suman a otros 42.007.966,44 pesos que la Nación envió en concepto de subsidios (correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año) para el transporte del área metropolitana (Posadas, Garupá y Candelaria) que maneja en grupo Zbikoski (el detalles mes por mes y el destino de los fondos se puede ver en http://www.mininterior.gov.ar/web_transporte/colectivos).A diferencia de la Nación, la provincia de Misiones mantiene bajo siete llaves, en absoluto secreto fiscal, el monto total de fondos que anualmente le entrega como subsidio al grupo Z. No hubo siquiera respuesta a un pedido de informes del diputado Claudio Wipplinger (Partido Trabajo y Progreso) presentado en la Legislatura provincial hace un año. A pesar de sostener un mismo modelo político entre Nación y Provincia, Closs no tuvo la misma iniciativa de transparentar los subsidios en una web pública.Tampoco lo hicieron los municipios del área metropolitana, acciones que podrían concluir sobre las ganancias reales del grupo empresario del monopolio de transporte, para luego condicionar las subas de boletos que con insistencia viene solicitando el insaciable empresariado local.¿Los primeros o una cuota?El diputado Wipplinger aseguró que “decretos como estos son los que indignan. Porque son millones y millones que tienen como destinatarios a los mismos empresarios a los que la Nación les envía importantes sumas para combustible, personal, mantenimiento y renovación de unidades, seguros, impuestos y tasas y otros costos que tiene el grupo concesionario. Si 42 millones que mandó la Nación por cuatro meses de subsidios nos parecía mucho, 95 millones de una sola vez realmente raya con el escándalo, especialmente porque no sabemos si son los primeros o una parte del total que se destina para el Sistema Integrado. Y faltan los subsidios municipales y la recaudación diaria en boletos para poder tener una idea del sostenimiento millonario que hace el Estado de un negocio privado sin competencia”.El legislador recordó que desde el inicio de su gestión “venimos pidiendo año tras año esa información y el Ejecutivo no responde. ¿Qué se esconde detrás de los envíos de subsidios al grupo Zbikoski que no podemos enterarnos con transparencia de los números?”, se preguntó.
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