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Recaudarán más de 400 millones en juego y solo girarán 10 millones a áreas sociales

16 agosto, 2012

POSADAS. La comisión de Presupuesto, Impuestos y Hacienda de la Cámara de Representantes continuó ayer con el análisis del presupuesto 2013 de la provincia. En la ocasión, asistieron el ministro de Salud Oscar Herrera Ahuad , el titular del multimedios estatal Raúl Castaño  y el presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc), Eduardo “Balero” Torres, quien anunció la ampliación de negocios de una de las cajas más importantes que el clossismo maneja en el Estado.Pero, según la presentación de Torres, sorprendió los cientos de millones que estiman moverá este año el juego en Misiones: más de 427 millones de pesos entre quinielas y otros juegos que comercializa el Iplyc. De ese monto, descontados los premios, comisiones y otros conceptos, el instituto terminaría “devolviendo a la comunidad” unos 10 millones de pesos . Esa cifra se asemeja a lo que paga el Instituto en publicidad y gastos de transmisión de los sorteos de sus juegos.Con semejantes cifras, Torres parece tener la orden de su jefe político para ir por más. Por esta razón, a las sociedades creadas para diversificar y seguir recaudando sumará planes de capitalización y ahorro previo de corta duración con taxis (para renovar flota o acceder al primer vehículo); y Plan Joven (para estudiantes o parejas de recién casados); entre otros. Por las ganancias generadas, Torres dijo que parte de las utilidades deberán destinarlas a la compra de títulos públicos; invertirlos en inmuebles (anunció la construcción de un edificio con departamentos para estudiantes; la construcción de un salón de eventos en el hotel Maitei; y  la habilitación del edificio por calle Félix de Azara; entre otros); o entregar más préstamos personales.Hoy, el Iplyc se dedica no sólo a la   comercialización de juegos, sino también a: los préstamos a estatales; la tarjeta de crédito Natural; tickets alimentarios; la exclusividad de los seguros para empleados de la provincia y los bienes del Estado; el cobro de servicios; la fabricación de muebles de madera en Apóstoles; la comercialización de artículos para el hogar a través de Iplyc Familia Confort SE; la venta de telefonía celular; la hotelería; la comercialización de entradas, ascensores, bar, restó, drugstore y venta artesanías en Moconá, Salto Encantado, Cruz de Santa Ana; entre otros negocios en los que el Estado decidió “diversificar” el productivo negocio del juego. El juego legal y el clandestinoEl presidente del Iplyc confirmó que se encuentran en un proceso de investigación de casos concretos de juegos clandestinos que serán develados en Misiones en poco tiempo. Y para justificar el accionar de su organismo, dijo que la legalidad permite controlar la recaudación y los tributos por la misma actividad. “Cuando no existe el juega legal existe el juego ilegal. Cualquier limitación que se le ponga al juego legal abre puertas enormes al juego ilegal, que existe en otras provincias en forma escandalosa, al extremo de que en agencias de quiniela se vende la quiniela clandestina”, dijo Torres. Anunció que piensan en la posibilidad de crear un fondo de reaseguro de premios ante los casos de “salto de banca” o grandes premios que según Torres se han dado en varias  oportunidades en lo que va del año. Según los números expresados, se pagarán unos 231.128.655 pesos en el caso de las quinielas solamente.Párrafo aparte mereció la disputa que Misiones tiene con las otras provincias, al haber dado permisos de juego a páginas on line. “El futuro del juego pasará por las apuestas on line”, dijo el funcionario.Reveló que llegaron a suspender una concesión por cuestiones de seguridad y seguimiento de apuestas y apostadores. Y aseguró que “por el lobby de los casinos” no se logró acuerdo entre las provincias para aceptar su propuesta de admitir juegos con apuestas on line con pago de acuerdo al lugar geográfico desde  donde se producía la apuesta.Y dijo haber demostrado a la Justicia Federal que existen más de un millón de páginas on line de juegos clandestinos que no tributan en inglés y unas 300 en castellano.Cargó duro contra los juegos nacionales mediante mensajes de texto y confirmó intimaciones a empresas de telefonía por juegos como las trivias y los concursos como los de ShowMatch para votar a bailarines o cantantes. “El problema es que todos los programas de televisión nacionales y nosotros también tenemos acá para competir con estos juegos, no tienen ningún tipo de control respecto de quienes son los apostadores”, explicó.   El reaseguro del helicópteroEn el debate, el diputado Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso) hizo notar un dato no menor: en la presentación del presupuesto de Eduardo Torres, presidente del IPLyC, confirmó que el ente pagó por el reaseguro del helicóptero adquirido por la Policía de Misiones, pero que usa en forma exclusiva el gobernador Maurice Closs, unos 86 mil dólares. “Si bien para el común de la gente ya es notorio que no es para uso sanitario sino del gobernador, el dato que dio el propio titular del IPLyC sobre los 86 mil dólares sólo de reaseguro en 2011 (porque las compañías cuando se trata de montos importantes recontratan a otra empresa más grande para cubrirse) nos lleva a pensar que el año pasado nos costó unos 35 mil pesos mensuales sólo la parte reaseguro por la unidad vieja. Por lo que hoy, lo que se paga por el ‘gustito’ que se da el Gobernador con el helicóptero nuevo debe ser mucho mayor”, dijo el legislador para agregar que “el otro dato es la aclaratoria que en el mismo power point exhibido decía entre paréntesis sobre el helicóptero ‘de uso del gobernador’”. Más allá de la cuestión, Wipplinger rescató “el control de la actividad ilícita para que los juegos tributen algo como también el caso de los juegos telefónicos como las ofertas de los mensajes de texto para recibir frases, fotos y demás, que muchas veces tienen a menores como consumidores que por intriga envían y salirse no resulta nada fácil”. Sobre el monto que se mueve en juego en Misiones, aseguró que es importante, pero tengo la concepción de que primero es preferible que la gente no juegue, pero si el Estado no lo lleva adelante, lo hacen garitos de manera ilegal. En el caso puntual de los casinos, preferiría los límites horarios, especialmente cuando están ubicadas las salas en proximidades donde se pagan los planes soci
ales, pero es un tema aparte”. 

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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