BUENOS AIRES (Diarios Digitales). Con la pelea iniciada contra Hugo Moyano de fondo, el Gobierno comenzó a enviar señales a los sectores enfrentados al líder camionero. La presidenta Cristina Kirchner les prometió que avanzará en destrabar la deuda que el Estado mantiene con las obras sociales sindicales y les dejó entrever que apuesta a una reforma impositiva amplia para el año próximo.Además, ordenó a sus funcionarios analizar un aumento en el corto plazo de las asignaciones familiares, uno de los principales reclamos del sindicalismo, y de la Asignación Universal por Hijo. Pretende también adelantar para dentro de dos semanas el anuncio de la suba de jubilaciones que regirá desde septiembre.El lunes pasado, la Presidenta dijo a los más de cincuenta dirigentes gremiales que recibió en su despacho que irá “a fondo”, según las palabras que refirieron luego sus interlocutores, con una reforma del sistema tributario. No será inmediato, cuentan los testigos del encuentro. La Presidenta les anticipó que analizaba varios escenarios y pidió paciencia.El Impuesto a las Ganancias entraría dentro de un paquete más amplio de cambios y se podría modificar recién cuando asuma la conducción de la CGT bendecida por la Casa Rosada, que tiene previsto elegir sus autoridades el 3 de octubre. Eso le permitirá a la jefa de Estado despegar cualquier decisión que tome de la marcha a Plaza de Mayo que hizo Moyano para reclamar que se eleve el mínimo a partir del cual un trabajador es alcanzado por el impuesto.Según describieron fuentes oficiales y sindicales a La Nación, la reforma en la Administración de Programas Especiales (APE) que Cristina Kirchner decretó el jueves fue una consecuencia de las negociaciones previas que ya habían tenido algunos dirigentes, como el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, y el de los estatales de UPCN, Andrés Rodríguez, con Liliana Korenfeld, a cargo del organismo que se fusionó con la Superintendencia de Servicios de Salud. En paralelo, Cristina Kirchner ungió a sus nuevos interlocutores gremiales a que la respalden en la negociación por la suba del salario mínimo, vital y móvil. Los aliados de la Casa Rosada pusieron como cifra de máxima un aumento del 25%, cercano a los números que manejan en Balcarce 50, de entre un 20 y 23%. Moyano, en cambio, ya alertó que exigirá el 30.Esta vez, la jefa del Estado pretende dejar afuera o bien en minoría al camionero para esa discusión entre los representantes de los trabajadores y las cámaras empresariales con el Ministerio de Trabajo como árbitro. La cifra de aumento que estableció Moyano es descartada por completo por la Cristina Kirchner.
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