Pan para hoy…

Con un ambicioso plan de construcción de viviendas, el gobierno que encabeza Cristina Kirchner se jugó una carta fuerte de cara a la desaceleración de la  economía, y al mismo tiempo recuperó la iniciativa política que se le estaba yendo de las manos, fundamentalmente por el impacto negativo de las restricciones a las importaciones y la compra de dólares, que maneja con mano de hierro Guillermo Moreno.Tras haber tenido que asimilar  al fin de la semana pasada el rechazo legislativo a la nominación del síndico Daniel Reposo a la procuraduría general de la Nación y la presión que impuso la protesta de las entidades ruralistas por el revalúo inmobiliario, el Gobierno se adjudicó una victoria simbólica con el anuncio de un plan de construcción de 400 mil viviendas para los sectores de bajos ingresos, que incluye créditos a tasa subsidiada y hasta el aporte de terrenos fiscales a los beneficiarios. El Ejecutivo calcula que en el primer año, de los cuatro de duración que tendrá el programa, bautizado “Programa de Crédito Argentino para Vivienda Única Familiar (PROCREAR) Bicentenario”, se  construirán 100 mil viviendas -de un total de  400 mil- y se crearían 100 mil puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos.En medio de un panorama  en el que los economistas más pesimistas del arco opositor ya definen, como lo hizo Alfonso Prat Gay recientemente, como el inicio de la recesión  económica,  el anuncio del Gobierno implica una renovada apuesta a las herramientas “neokeynesianas”, en este caso con el  clásico instrumento de fomento a la industria de la construcción. Un informe del Ieral, de Fundación Mediterrána, que evaluó el potencial impacto sobre el empleo y la actividad del programa, consideró que éste será “significativo” si se cumplen las metas anunciadas de creación de fuentes de trabajo en 2012-2013. El informe destacó que la incidencia sobre el PIB podría alcanzar 2 puntos porcentuales, aunque probablemente concentrada en 2013; a lo que agregó que el programa tendría “una demanda potencial estimada en 1,2 millones de hogares”, cantidad que  habla por sí misma del enorme problema social subyacente.  Respecto al dinamismo de la industria de la construcción, y a su efecto en la actual coyuntura de  freno a las importaciones, el Ieral  destacó que el 48,9% del valor bruto del sector construcción corresponde a  mano de obra, y el 94% de los insumos son nacionales.  De ello se desprende una dinámica de creación de empleo importante y que se puede extender a todo el país. Riesgos y beneficiosEl Ieral advirtió, por otra parte, sobre  el  “achique” progresivo que viene sufriendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses desde 2009 (año en que garantizaba 16 meses de pago a los jubilados y hoy llega sólo a 12) y estimó que en el caso de que se usen recursos de esa procedencia para financiar el programa existiría el riesgo de “afectar a otra función importante de las políticas del Estado como es la seguridad social”, desfinanciando el pago a los jubilados en el futuro. Precisando el análisis, el informe aclara que el problema estriba en que  si las inversiones del FGS no siguen a la par de la suba de precios, el fondo de ahorros tenderá a desvalorizarse en el tiempo.“Se observa un crecimiento acumulado del 105% en términos nominales del FGS a partir de 2008, pero se destaca un estancamiento de la tasa de crecimiento intermensual en los últimos meses”, remarca el estudio. Este contexto explica por qué al otro día del anuncio del plan de viviendas – en el que se especificó que se invertirían 20.000 millones de la Anses-  la Corte Suprema pidió a esta última entidad que informe sobre la gestión de los fondos que administra y explique por qué no paga los juicios a los jubilados. El pedido dio lugar a un sugestivo intercambio de opiniones entre el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que acentuó la necesidad de ahorrar padecimientos a los jubilados y disminuir la lirigiosidad; y el titular de Anses, Diego Bossio, quien sostiene que los pagos deben hacerse controlando el impacto sobre el crecimiento de los fondos, ya que – sostiene- el gasto de afrontar el  cumplimiento del 92% móvil pondría en “riesgo institucional” a la entidad previsional.No voy en tren…El lanzamiento del plan de viviendas, que se hizo el martes, dejó en segundo plano a las críticas que recibió el viaje relámpago que realizó la presidenta el lunes en el avión oficial Tango 01 para trasladar a su hijo Máximo desde Santa Cruz al hospital Austral de Pilar. Esta anécdota menor, si se quiere, envuelve el importante tema del decoro en la conducta de los funcionarios de alto rango, un requisito considerado fundamental para el objetivo de profundizar las reglas de transparencia en la gestión del Estado, donde muchas veces hay límites difusos entre lo privado y lo público. En tal sentido, al conocerse la operación de compra de un importante hotel ubicado en el centro de Posadas por el grupo económico de la familia Closs, hubo quien se preguntó si el mantenimiento del contrato con el IPS, que tendría el establecimiento desde hace unos 4 años, “¿no sería ahora contrario al decoro?”.Closs, en tanto, intentó esta semana responder a una nota de este diario en la que informaba sobre la caída  en la ejecución de la obra pública en la provincia, pero no pudo apoyarse en números concretos, con lo que terminó confirmando indirectamente la información, comentada en otros ámbitos de gobierno. El programa nacional de construcción de viviendas, que repercutiría también en Misiones como un aliciente -en una coyuntura de disminución de la actividad económica- le vino bien al Ejecutivo provincial para equilibrar la caída local. En paralelo a la discusión sobre el rol de la obra pública, que recibe opiniones diferentes  en el propio oficialismo, en los últimos días se suscitó una también sugestiva polémica entre el titular de la Eby Oscar Thomas, y el intendente Franco en torno al Fondo de Desarrollo Urbano; y en especial la aplicación de una tasa regulatoria a edificios de más de 9 pisos de altura. Uno sostiene que la medida adoptada en lugar de incentivar, desanima a la construcción en un momento clave. El otro cree que se trata de una importante redistribución de recursos, porque los fondos que se recauden se utilizarían para mejorar las zonas periféricas.La discusión incluye dilemas muy a
ctuales y relacionados, como son el planeamiento urbano en una Posadas en acelerado crecimiento y las persistentes demandas sociales insatisfechas, que provocan, entre otras cosas, el éxodo rural.  La discusión que en esta instancia se produce sobre hechos  consumados, tendría que haberse dado antes  y en un ámbito distinto, pero a instancias de un bloque oficialista con déficit de iniciativa propia, en el Concejo Deliberante se aprobó a “libro cerrado” el proyecto de la intendencia.