POSADAS. Si observa con detenimiento la factura del servicio de energía, podrá ver entre los cargos que se suman al consumo de luz, un gravamen del 0,6% denominado “Fdo. Prov. Sta.Cruz Ley 23.681”. Los misioneros así contribuyen desde 1989 al denominado Fondo de Electrificación de la provincia de Santa Cruz, de donde proviene la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y de la que su esposo fue gobernador.Sin embargo, no sólo Misiones, sino que todo el NEA no sabe aún cómo se financiarán las obras de distribución interna del cada vez más demorado gasoducto. Y mientras tanto, los misioneros deben pagar el gas a precios varias veces más caro que quienes gozan del beneficio del gas natural.Ante este planteo, el diputado provincial Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso), acompañado de su par de bancada, Víctor Kreimer, presentó un proyecto de comunicación para que “los legisladores nacionales por la provincia de Misiones, tanto diputados como senadores, gestionen los mecanismos necesarios a fin de: Primero: Modificar la ‘Ley Nacional 23.681 -Fondo Provincia de Santa Cruz’, para que los consumidores de las provincias que integran el NEA y el NOA y no están conectados al Sistema Nacional Interconectado de Gasoductos Troncales dejen de pagar el canon que marca dicha ley; Segundo: que los recursos que genera dicha ley sean reasignados a crear las mismas condiciones vigentes de la ley, con respecto al gas natural para las provincias del NEA y del NOA que no cuenten con gasoductos; Tercero: que dichos beneficios perduren hasta tanto las regiones antes mencionadas logren su conexión al Sistema Nacional Interconectado de Gasoductos Troncales”.EquidadEn diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Wipplinger precisó que “el objeto de tal recargo era destinar el producido total del mismo a realizar inversiones en los sectores eléctricos y reducir el nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios de la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, a fin de que dichas tarifas alcancen el nivel promedio del resto del país y hasta tanto se produjera la interconexión de la provincia al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este dinero empezó a girarse a la provincia en el año 1992, es decir, hace veinte años, y en el año 2001, mediante el decreto 1.378, se estableció la vigencia del recargo aún luego de la interconexión de Santa Cruz al Sistema Argentino de Interconexión (Sadi)”.Sobre el pedido puntual a los legisladores nacionales, el diputado opositor propuso: “Teniendo en cuenta que muchas provincias no cuentan con dichos beneficios, además de tener mayores problemas de pobreza estructural y necesidades básicas insatisfechas, no cuentan con las mismas condiciones de infraestructura en cuanto a consumos y servicios con respecto a otras provincias del centro y sur del país, entendemos justo y equitativo que todos los usuarios y consumidores de las regiones NEA y NOA de la República Argentina, que no cuenten con un Gasoducto y no estén ligados al Sistema Nacional Interconectado de Gasoductos Troncales, correspondería que el beneficio del seis por mil se reasigne, en las mismas condiciones vigentes, hasta tanto se hagan las inversiones pertinentes y se concrete la interconexión al sistema nacional”. Sería una cuestión de equidad entre argentinos, remató.
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