POSADAS. Las primeras secuelas de la causa que investigaba al fiscal de Puerto Iguazú, por la supuesta tenencia irregular de una camioneta en depósito judicial, comienzan a aparecer. Ayer trascendió que el STJ estaría dispuesto a reestablecer una vieja acordada que prohibía, a cualquier empleado del Poder Judicial, poseer un coche en depósito judicial.Esa norma se impuso tras el escándalo de los automóviles que, pese a estar en esas condiciones, eran comercializados con documentos truchos librados desde la Justicia, en el 2001.Según trascendió, serían varias las dependencias del Poder Judicial beneficiadas con el otorgamiento de vehículos en esas condiciones.En realidad, eso no está mal. Lo que no se ve con buenos ojos, o no resulta grato, es que sean utilizados para cuestiones personales y no en beneficio de las funciones para las que fueron cedidos en depósito judicial.Quizás, ese sea el objetivo del relevamiento que el STJ iría a ordenar a partir del escándalo que se desató en Puerto Iguazú y que derivó en la renuncia del fiscal de esa ciudad.El funcionario presentó su renuncia el martes a la mañana, en la sede del Palacio de Justicia, ubicada en avenida Santa Catalina, casi Centenario de esta ciudad.La dimisión del fiscal truncó la continuidad del sumario administrativo que era instruido por la jueza Lyda Gallardo, integrante del Tribunal Penal 1 de Eldorado.Una fuente consultada por este diario consideró poco probable que se siga adelante con la acción penal, pese a que se está frente a la posible comisión de un delito por falsificación de documento público.
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