SAN VICENTE. La Justicia local investiga una denuncia que involucra a un alto mando policial de El Soberbio por la presunta comisión del delito de cohecho. En lenguaje corriente, está sospechado de haber cobrado una suma de dinero en efectivo al padre de Miguel Bubans, quien fue ultimado a balazos el 23 de junio pasado en el paraje Guaviroba, para poder retirar de la comisaría la motocicleta que pertenecía a la víctima fatal.Miguel Bubans murió de un disparo en el pecho. La semana pasada, como publicara en exclusiva PRIMERA EDICIÓN, Luis Álvez (21), su vecino, confesó haberlo matado y liberó de responsabilidades a quien fuera la mujer del asesinado, Regina Beixara (20), quien quedó imputada del delito de encubrimiento. Después de cometido el homicidio, estas dos personas se dieron a la fuga en la moto de Bubans, en la que fueron detenidos en Piñalito Sur, cerca de Bernardo de Irigoyen, cuando intentaban atravesar la frontera rumbo de Brasil. Justamente, esa moto fue la que reclamó el padre del agricultor asesinado ante la comisaría de El Soberbio.Al parecer, el oficial de alto rango, que sería subcomisario, solicitó una suma de dinero al hombre para que pudiera llevársela.Nada se hubiera sabido de no mediar un episodio fortuito. El padre de Bubans, aunque con la moto Honda tipo cross en su poder, carecía de documentaciones o papeles para poder circular sin problemas.Desconocedor de los vericuetos y procedimientos legales, por ejemplo que la Policía no puede liberar vehículos en depósito judicial, se dirigió al Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente.Allí pretendió obtener la constancia judicial para poder conducir el rodado sin inconvenientes.Grande fue su sorpresa, como también de los empleados judiciales, al percatarse de la irregularidad.Por un lado, la ilegalidad del procedimiento porque es la Justicia la única que puede liberar o entregar vehículos en depósito judicial.Por otro, el delito de que un funcionario policial pida dinero para una acción por fuera de lo que establece la ley.En este contexto la Justicia decidió intervenir y dar curso a una investigación que, por ahora, en el plano administrativo al menos, derivo en el traslado del oficial.Lo curioso es que, al parecer, no fue pasado a disponibilidad como ocurre con cualquier uniformado que es investigado por alguna conducta irregular. Fuentes del caso indicaron que fue trasladado y desempeña funciones en la Unidad Regional VIII, con asiento en San Vicente.
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