No se trata de desplegar una moralina de ocasión o de bajar un mensaje de crisis terminal de la democracia, pero tres de las grandes noticias de la semana están asociadas a un cuadro de insuficiencia institucional en el país.La inédita anulación de las elecciones en Tucumán, el escándalo que rodeó a la renuncia de Fernando Niembro a su candidatura y la dimisión “a futuro” del juez de la Corte Suprema Carlos Fayt parten de un mismo síndrome de debilidad democrática.Como si fuera un partido de tenis, la sociedad argentina ve pasar acusaciones de un lado y de otro sobre lo ocurrido en Tucumán, donde el virtual triunfo electoral del oficialismo quedó empantanado en un derrotero judicial, cuyo desenlace -en tiempo y sustancia- todavía se desconoce.El oficialismo recurrió al Superior Tribunal provincial, pero la cuestión parece tener destino de la Corte Suprema nacional y, si no hay un pronunciamiento antes del vencimiento del mandato del gobernador José Alperovich, el 29 de octubre, está latente la amenaza oficial de intervenir la provincia.“Estamos retornando a épocas predemocrática”, rezongó Cristina Kirchner sobre el fallo de dos jueces del fuero en lo contencioso administrativo que anuló las elecciones tucumanas y pidió nuevos comicios, pero sin hacer autocrítica sobre los granos de arena aportados por ella a esa regresión.Ella misma estaba haciendo abuso de la cadena nacional en ese momento. Daniel Scioli mandó decir que estaba afectado por un problema estomacal pero en verdad prefirió bajarse del acto en La Matanza en el que se venía un reproche a la Justicia. Según sus colaboradores, el candidato del FpV busca despegarse del clima bélico contraponiendo “liderazgo y equipo propios y propuestas” para ganar en primera vuelta.En la Argentina se hizo habitual que el que pierde una elección denuncie fraude, pero al mismo tiempo está comprobado que existen maquinarias desplegadas para restringir con distintas modalidades la libertad de los electores.Por más clientelar y tramposo que sea un esquema eleccionario es prácticamente imposible que marque una diferencia de 110 mil votos como la que hubo entre Juan Manzur y José Cano en Tucumán, pero al mismo tiempo poco se ha hecho en todos estos años de democracia para que el margen de error/ardid se achique.El escándalo tucumano antecede a las elecciones de Chaco, donde en las Paso el oficialismo obtuvo una diferencia de más de 20 puntos sobre el frente opositor liderado por la intendenta radical de Resistencia, Aída Ayala. No obstante, el viento tucumano también envició a los comicios chaqueños.El caso de los contratos con los que fue beneficiado Fernando Niembro afecta al Gobierno de la Ciudad no tanto por la magnitud del hecho -que es significativo- sino porque asocia a la administración de Mauricio Macri con prácticas non sanctas.Pese a que el Gobierno de la Ciudad alcanzó mejores niveles de transparencia que el de la Provincia y el de la Nación, la raíz del escándalo es la opacidad en la administración pública. En este caso, la Legislatura porteña había aprobado una ley de reparto de publicidad oficial que Macri vetó parcialmente.En el PRO se esmeraron por marcar las diferencias, es decir que ante una denuncia, Niembro bajó su candidatura y la Legislatura habilitó un pedido de informes al Ejecutivo, pero el sistema de contrataciones porteño quedó bajo la lupa.Fuentes partidarias reconocieron que las últimas encuestas mostraron un leve retroceso de Macri, o al menos un freno en sus posibilidades de crecimiento. Por eso el jefe de Gobierno avaló la salida del periodista de la campaña con el objetivo de que la crisis no siga recortando el potencial de Cambiemos.Es una máxima de las ONG que bregan por la transparencia que “a mayor opacidad, mayor corrupción” hay en un Estado.En ese punto que ahora interpela al Gobierno porteño, la Nación dio varios pasos en falso en los últimos doce años, empezando por haber dejado que perdieran estado parlamentario los distintos proyectos acumulados de Acceso a la Información Pública.Además, el kirchnerismo se encargó de desmantelar, debilitar o colonizar a los organismos de control como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción, la Sigen y la Defensoría del Pueblo. Sólo la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, cumple ese rol.Es cierto que Cristina Kirchner buscó dejar una huella institucional con la modernización de códigos, pero esas grandes reformas quedaron opacadas con otras decisiones, tendientes presuntamente a proteger a funcionarios acusados de corrupción.
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