Van y vienen con papeles en mano y recorren pasillos y oficinas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) a la espera de entrar a un sorteo, sin suerte. Son los miles de empleados públicos que por sus bajos salarios, quedaron afuera de las exigencias del organismo de la vivienda provincial, que privilegia el acceso a quienes tienen salarios superiores a los 8.000 pesos mensuales. En otras palabras, engrosan las cifras misioneras de déficit habitacional que según el propio Iprodha ronda las 85 mil viviendas. A la vez que “no califican” para el instituto, y pasan a integrar una masa cada vez mayor de población misionera para la cual no existen políticas públicas de soluciones habitacionales.Desde la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA) en Misiones, salieron a advertir sobre esta problemática que se agudiza con el paso de los años y con las mayores exigencias financieras del organismo provincial a la hora de inscribir e incluir en los sorteos a los trabajadores con bajos sueldos. “El promedio de sueldo de un empleado público en planta permanente es de entre cinco mil y seis mil pesos, por lo que no los contemplan en los planes del Iprodha. Suponemos que el organismo entiende que con esos sueldos no van a poder pagar cuotas que van desde los mil a los dos mil pesos, es decir que el acceso se limita enormemente. Peor están los trabajadores precarizados con contratos tercerizados, temporarios, monotributistas, que sólo en Salud Pública suman unos tres mil y cobran entre 3.500 y 4.000 pesos”, señaló el secretario general de la Central, Jorge “Koki” Duarte.El gremialista dijo que hay 45 mil empleados públicos de planta permanente en Misiones, a los que hay que sumar los miles con contratos “basura”, los tercerizados, los monotributistas. “La necesidad de encontrar una solución al techo de la familia los obliga a pagar un alquiler elevado en zonas cada vez más marginales, con mayor gasto en transporte, con la necesidad de endeudarse con tarjetas de crédito y préstamos y cada vez más lejos de la casa de Iprodha”, resumió. En otras palabras: están condenados a la permanente pauperización.Un eterno trajinar sin esperanzasUna mañana del mes de junio de este año, la empleada pública Stella Bresiscki, madre de cuatro hijos, decidió plantarse con su carpeta de papeles para contar ante los periodistas que pese a tener todo en regla, esperó una casa del Iprodha desde el año 2000, es decir, catorce años. Sostuvo entonces que “son muchos los empleados de la administración pública que se encuentran bajo esta situación” y que como ella, no quieren “nada regalado”, sino la posibilidad de acceder.Mientras este drama se replica por miles, el organismo conducido por Santiago Ros, un histórico funcionario de “bajo” perfil que se mantiene en el cargo desde 2003, dejó de cumplir estrictamente su función establecida tanto en la Ley orgánica como en la Ley nacional 24.464 de Creación del Sistema Federal de la Vivienda, que señala que los fondos se aplicarán a “facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población de recursos insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a la vivienda digna. Ello, conforme lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional”. El objeto del organismo fue cambiando aún pese a estas limitaciones legales: le fueron derivando la ejecución de escuelas, comisarías, hospitales, plazas, empedrados, centros culturales y de atención primaria de la salud, siempre sospechados de estar sobrevaluados. Según el propio Ros, de un presupuesto de 35 mil millones de pesos que maneja este año, “el 40% es de equipamiento, como escuelas, juzgados, hospitales, comisarías”.Un faro no es un techoEl pasado 2 de septiembre, por Decreto 857 el gobernador Maurice Closs le dio destino a un excedente de recaudación nacional de 1.300 millones de pesos que llegaron a Misiones en plena campaña electoral. En el apartado por el que se definió el aporte al Iprodha, también destinó 47 millones de pesos para que el organismo erija el resistido “Faro en el Hito Tres Fronteras” de Puerto Iguazú, una megaobra totalmente alejada de las viviendas sociales que debe construir el instituto por Ley, y casualmente ubicada a metros del Hotel Amerian, propiedad del primer mandatario. La exacerbación no pasó desapercibida y a las críticas inmediatas desde el ámbito político iguazuense le siguió un pedido de informes que tomó estado parlamentario el pasado jueves en la Legislatura provincial.La Provincia adhirió hace años a la Ley Nacional de creación del sistema federal de viviendas por el cual recibe el 80% de los fondos que aplica el Iprodha. Sin embargo no puso en marcha los “mecanismos de contralor social sobre la aplicación de fondos Fonavi, cuya función será la de controlar que los beneficiarios y la calidad de las viviendas respondan a las condiciones fijadas por esta ley”, según el artículo 13. Sin control social, el Faro de Closs es posible.Estafa a los sueñosLa imposibilidad de que miles de familias accedan a una vivienda del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional por no “calificar” según el nivel de ingresos privilegiado por el organismo, es el contexto que facilita la proliferación de estafadores que prometen “conexiones en el Iprodha” y se alzan con miles de pesos de familias desesperadas e incautas.El pasado 8 de septiembre la policía detuvo a dos personas de 19 y 44 años tras la denuncia de cinco familias perjudicadas que les pagaron fuertes sumas para obtener una vivienda del Iprodha en cualquier punto de esta ciudad, sin resultados. Según algunas fuentes de la investigación, las familias estafadas fueron muchas más y los delincuentes se quedaron con más de 200 mil pesos de esta gente angustiada por la falta de acceso por las vías “legales”.No fue el primer caso. En diciembre de 2014 otras treinta familias fueron estafadas por un falso gestor del Iprodha que también fue denunciado. En 2011 se volvió a detectar la operatoria. En 2010 los estafados fueron casi cien. En 2006 ocurrió lo mismo, y ese año se dio el primer caso de un estafador preso por vender “influencias” en el Iprodha para posibilitar el acceso a las viviendas. A fines del año pasado el gerente general del Iprodha, Juan Carlos Descotte, dijo que estas situaciones se dan “por la picardía del estafado que quiere conseguir alguna ventaja”.José Kunz vive en el barrio Vecinos Unidos de Posadas y desde hace años lucha por el acceso a la vivienda de las 800 familias del asentamiento, aunque para ello no pudo realizar ningún trámite ante el Iprodha, sino ante la Municipalidad de Posadas. Es que estas familias no pueden siquiera inscribirse en el organismo de la vivienda porque el primer requisito es un recibo de sueldo o una declaración jurada de ingresos que tiene que ser superior a los ocho mil pesos. “Los que vivimos en alguno de los 72 asentamientos precarios o villas de Posadas no tenemos ninguna posibilidad, ningún plan oficial que nos contemple, a pesar de que todos queremos pagar, pero dentro de nuestras posibilidades”, contó. Por eso en su barrio co
nformaron una cooperativa pro tierra como requisito de la comuna para iniciar un plan de mejoramiento de las precarias casillas, urbanización de los “pasillos”, y como alternativa de máxima, la esperanza de acceder a la propiedad de la tierra, que en este caso es fiscal, para lo cual ya se desafectó el lote del dominio público y pasó al dominio privado municipal para su posterior mensura.
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