Representantes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que reúne a Defensores del Pueblo de varios países iberoamericanos, pidieron ayer “diálogo” a los gobiernos de Venezuela y Colombia para que resuelvan la crisis fronteriza iniciada el pasado 19 de agosto.La FIO expresó en un comunicado su “profunda preocupación” por la situación de los colombianos en la frontera con Venezuela.Pidió además al Gobierno venezolano que respete los acuerdos internacionales sobre derechos humanos de personas migrantes, desplazadas o movilizadas, especialmente aquellos colombianos que sean refugiados o asilados “por causas ajenas a su voluntad”.La FIO solicitó también a ambos gobiernos “poner fin” a una situación que está generando “vulnerabilidad en los derechos” y dejando a “familias separadas sin ninguna consideración”.Recuerda además que los derechos humanos son universales y están “más allá de coyunturas políticas y límites fronterizos”, y exigió “dar solución a cualquier conflicto que ponga en riesgo la unidad y la hermandad entre los pueblos”.El documento está suscrito por la cúpula de la FIO, presidida por Manuel Páez Monges, Defensor del Pueblo de Paraguay, sus homólogos de Panamá y Bolivia, y representantes de justicia y derechos humanos de Portugal y México.La crisis en la frontera entre Venezuela y Colombia se inició el pasado 19 de agosto cuando el Gobierno venezolano ordenó el cierre de una franja de la frontera con Colombia de cerca de 100 kilómetros en el estado de Táchira.Nueve días después, Venezuela cerró otra franja de 60 kilómetros, y el pasado lunes cerró el paso de otros tres municipios del norte del estado de Zulia, dos de ellos fronterizos, que abarcan cerca de 140 kilómetros más.
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