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Los descuentos se aplicaron con saña para los maestros de grado

30 agosto, 2015

La lucha entre el Gobierno y los docentes inició un nuevo round donde el primer golpe fue duro para los educadores de la provincia: el sábado por la mañana todos los docentes misioneros iban a encontrar su sueldo en los cajeros automáticos, pero con lo que se encontraron, en su amplia mayoría, fue con importantes recortes de sueldo con un denominador común alarmante: los más perjudicados parecen ser los maestros de grado. Sin acceso a las liquidaciones, y mucho menos a los recibos de sueldo, varios docentes se vieron ante la incertidumbre de no saber cómo seguir sin dinero. “Yo fui temprano al cajero y me encontré con que en mi cuenta tengo 1.459 pesos, nada más. No entiendo mucho porque quiero ver mi recibo, que voy a ir a buscar a primera hora de la mañana del lunes, pero no sé cómo voy a hacer para pasar el mes”, contó a PRIMERA EDICIÓN una maestra de grado de jornada extendida de la Escuela 266 de Posadas, que prefirió mantener su identidad en secreto por temor a represalias. La misma docente aseguró que su sueldo, en meses “normales”, ronda los 11 mil pesos, lo que quiere decir que habría sufrido un descuento de diez mil pesos. “No sé cómo voy a hacer con mis hijos, les tendré que decir que se vayan a vivir con el papá por un par de días, hasta que se solucione esta situación. No sé qué voy a hacer”, dijo a este diario. Aún así, el fuerte desaire no la desanima: “No es vida estar acá en la plaza, yo duermo sobre el piso frío y duro desde hace dos semanas, pero no voy a volver a las aulas, con esto lo único que hacen es que nos mantengamos más fuertes y unidos. Regresar a clases ahora sería estúpido, mucho más después de todo lo que peleamos. Sería como decirles que ganaron y no se lo vamos a permitir”, señaló la misma maestra. Saldo deudorUna docente de grado de la Escuela 234 de Jardín América fue a cobrar su sueldo y se encontró con la sorpresa de que es ella quien le debe al banco. “Tengo saldo deudor. Es una vergüenza esto que está pasando”, indicó. Otra maestra de la misma localidad, pero de la Escuela 801, se encontró con que la cifra en la pantalla era de “0 pesos”. Misma situación para una docente con un solo cargo y diez años de antigüedad de la Escuela 266 de la capital provincial. Según los últimos movimientos, había cobrado 800 pesos que, en concepto de deuda por tarjeta de crédito, se los había llevado el banco.  “Me robaron hasta las ganas”, le dijo a PRIMERA EDICIÓN Liliana Mercado, maestra de grado con veinte años de antigüedad de la Escuela 748 Centro Correntino, cuyo sueldo sin descuentos ronda los 14 mil pesos. No pidió preservar su nombre porque “no tengo nada que esconder, más de lo que ya me sacaron no me pueden sacar. No les tengo miedo y menos ahora”, aseguró.Recordó que a las 5.30 del sábado se dirigió a un cajero automático ubicado por la avenida Uruguay y “cuando vi el resumen de los últimos movimientos me encontré con que tenía 2.400 pesos. Saqué toda esa plata porque tengo préstamos y tarjetas y no quería que el banco me saque lo poco que me quedó. El lunes tendré que ir a explicar la situación de porqué no voy a poder pagar este mes”, indicó indignada la maestra. Liliana no tiene hijos, pero “tengo una mamá con problemas de artrosis. Si bien ella tiene Pami, siempre hay problemas con el suministro de medicamentos, entonces tengo que correr con los gastos médicos. Ahora tendré que buscar otros recursos para seguir. No pueden jugar así con la necesidad de la gente”, sintetizó. Indicó que desde el jueves busca conocer su liquidación para saber qué iba a cobrar y en concepto de qué, pero no pudo acceder a la misma porque no se encuentran en la página web del Consejo General de Educación, donde deberían estar. “Es una incertidumbre lo que va a pasar, pero esta situación me da más ganas de continuar con la lucha. Para nada pienso en volver a las aulas. No pueden hacernos esto, yo estudié, me preparé y es mi derecho cobrar lo que me corresponde. No quiero estar en esta situación y creo que es el sentir de todos los maestros, todos queremos volver a las aulas con nuestros alumnitos, pero esta situación ya no da para más. Los docentes hace años venimos luchando por nuestros derechos y el Gobierno hace oídos sordos a ésto, lamentablemente miran más sus intereses que los intereses de los niños, que son también víctimas de esta situación”, señaló. Para finalizar, agregó que “tengo la sensación de que, para descontar, se ensañaron con los maestros de grado”. No fue la única que lo pensó: una educadora de Jardín América que está en la plaza 9 de Julio desde el primer día de huelga, consideró que “se agarraron con los maestros porque son los más débiles, los que menos ganan, los que quizás quieran volver a las aulas porque necesitan la plata”, dijo. Justamente la lucha de los gremios es recomponer el salario de los maestros de grado, las principales víctimas de este recorte.El avisoVale aclarar que la situación no fue una sorpresa. En la reunión del viernes entre los referentes de los gremios en lucha y el Gobierno, desde el oficialismo dejaron en claro que los descuentos se mantendrían. “No tenemos nada que festejar todavía. Apareció la propuesta que puede destrabar el conflicto, pero nos quieren hacer pagar a nosotros el mamarracho que hicieron con los descuentos”, había dicho Rubén Ortíz, dirigente del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) en asamblea tras la negociación del viernes. “Este Gobierno es represor administrativamente, por eso los trabajadores tendrán descuentos en sus haberes cuando visiten los cajeros. Hay una postura muy férrea, tratan de castigar a lo trabajadores que con mucha dignidad hemos salido a dar pelea. De ninguna manera podemos admitir de que ese incremento que logremos sea financiado con los descuentos del mismo trabajador. No podemos permitir que quienes nos carnearon (sic) desde el aula, se lleven los beneficios, esto tiene que fortalecernos. No vamos a firmar ningún acuerdo si el Gobierno continúa en esta postura”, expresó Carlos Lezcano, referente del MPL. “Nosotros dijimos que la devolución de los descuentos es prioridad: no vamos a firmar un acuerdo que implique la no devolución del descuento de los días de huelga”, advirtió Francisco Souza, referente de la Utem, “porque todo lo que se logre es producto de la huelga y de la movilización de los docentes. Entonces, no es justo que aquellos docentes que salen a reclamar, que hacen paro, que vienen a las movilizaciones y al acampe, terminen siendo castigados. Todo triunfo que se logre es producto de que los docentes estén en la calle, eso es un principio de justicia, eso no se negocia”.

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Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
En 2025 aumentaron las atenciones a pacientes con obra social tras perder coberturas, caída de convenios o costos elevados. El nosocomio posadeño concentra casos complejos regionales, sostiene nacimientos y suma presión por cierres de terapias en clínicas.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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