Con las medidas impuestas por el gobierno de Macri, caerá con fuerza el envío de fondos para obras y programas, afectando salarios, jubilaciones y asistencia social, en las administraciones provinciales.
Para Misiones no hay nada positivo en el acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ajuste que comprometió el presidente Mauricio Macri, para reducir el déficit fiscal, golpeará con fuerza las finanzas provinciales ya que reducirá en forma drástica el envío de fondos para obras y programas, afectará salarios, jubilaciones y asistencia social.
Sin contar la coparticipación, que se transfiere en forma automática, la Nación recortará el 74% de los fondos que se distribuyen a las provincias en los próximos años, según el acuerdo Argentina-FMI, al que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN.
Para Misiones, los fondos que llegaron por fuera de la coparticipación representaron el 10% de su recaudación propia en 2017. El año pasado la Dirección General de Rentas (DGR) recaudó casi 10 mil millones, por lo tanto, se estima que el dinero que llegó por fuera de la coparticipación fue de mil millones de pesos. Si el recorte es de 74%, se dejaría de recibir el equivalente a 740 millones de pesos el año próximo.
La suma total de giros de la Casa Rosada a provincias el año pasado alcanzó los 135.000 millones de pesos.
Lo transferido por fuera de la coparticipación para Jujuy, por ejemplo, fue equivalente a 16,3% de su recaudación. El año pasado recibió 4.784 millones de pesos mientras que sus ingresos totales superaron los 29.000 millones.
Más atrás, con niveles de peso de esas transferencias en sus presupuestos superiores al 10% de la recaudación se encuentran Salta (11,3% de sus ingresos) y Misiones (10,7% del total).
Las transferencias corrientes a Buenos Aires fueron en 2017 de 64.000 millones (casi la mitad del total), un 12% de sus ingresos, aunque el ritmo de estos envíos corrientes a la provincia que gobierna María Eugenia Vidal fue alto durante los últimos dos años como compensación por los fondos que no recibió por el tope al Fondo del Conurbano bonaerense.
Las transferencias corrientes son utilizadas, generalmente, por los gobernadores para gastos de educación, salud y seguridad social.
El ajuste más pronunciado tendrá lugar el año que viene, cuando se espera que disminuya un 0,3% el producto bruto.
La postura del FMI
Apenas se conoció el acuerdo entre Argentina y el FMI, se difundió un comunicado de prensa del organismo internacional que expresaba que el plan económico del Gobierno gira en torno a un reequilibramiento de la posición fiscal. Avalamos plenamente esa prioridad y celebramos la intención de las autoridades de acelerar el ritmo de reducción del déficit del gobierno federal, restableciendo el balance primario para 2020. Esta medida tendrá en última instancia el efecto de reducir las necesidades de financiamiento del Gobierno, encauzar la deuda pública por una trayectoria descendente y, como lo ha señalado el presidente Macri, aliviar una carga que lleva a cuestas Argentina.
Luego se agregó que respaldamos enérgicamente los redoblados esfuerzos por reducir la inflación, que, como sabemos, carcome los cimientos de la prosperidad económica de Argentina y recae directamente en los segmentos más vulnerables de la sociedad.
Otros puntos del ajuste
El recorte del gasto comprometido por la gestión de Mauricio Macri ante el Fondo es de 19.300 millones de dólares y se realizará entre julio de este año y diciembre de 2020.
Al tipo de cambio actual, se trata de un recorte de recursos de 501.800 millones de pesos. El monto en pesos irá aumentando nominalmente a medida que la moneda nacional se devalúe.
Según un relevamiento del Banco Central, el dólar llegará a 31,80 pesos en diciembre de 2019.
Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, la mitad del recorte del gasto primario (sin contar los intereses de deuda) ocurrirá entre julio de 2018 y todo 2019, un año marcado por la elección presidencial y de 22 gobernadores. Los estados nacional, provinciales y municipales tendrán 250.000 millones de pesos menos para gastar en ese período.
Los subsidios que el Gobierno destina a los servicios de energía (electricidad y gas) y a transporte (principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires) registrarán una caída real del 48% respecto del nivel que alcanzaron en 2017, informó Hacienda.
Según se lee en las páginas del acuerdo, el ajuste pasará por diversos puntos de la economía:
Reducción de los subsidios a la energía y el transporte: con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80% en 2017 hasta 90% en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60% en 2017 hasta 90% en 2020, en promedio, para la electricidad.
Salarios y empleo público: la gestión Macri también aplicará un recorte del 13% en el gasto primario destinado a salarios y a bienes y servicios del Estado. De esto forma parte la poda de 20 mil millones de pesos en los gastos de administración pública que anunciaron la semana pasada los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra. No habrá una baja nominal de sueldos como ocurrió en la crisis de 2001. La poda será en parte por reducción de unos 30.300 empleos hasta mediados de 2019 sobre una plantilla actual de 739 mil personas en el Sector Público Nacional. Y en parte porque los salarios subirán por detrás de la inflación real. Nuestro objetivo es que el gasto en personal caiga de 3,2% del PBI en 2017 a 2,7% hacia el final del programa, sostiene la carta.
Reducir el gasto en compra de bienes y servicios: el objetivo es bajarlo en un 15% en términos reales durante 2018 en relación con 2017 y continuar con el proceso en 2019.
Obras públicas: los gastos de capital bajarán 81% en el período comprometido por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un freno que no paralizará la obra pública, pero la golpeará con dureza, debido a una reducción estimada en unos 70 mil millones de pesos.
No obstante, la obra pública se resentirá por partida doble, dado que caerá el presupuesto destinado por la Nación, pero también los fondos propios que iban a volcar las provincias y los municipios, que ahora tendrán que cubrir otros baches que se generarán por el ajuste.
Gasto social: el único ítem de los presentados por el Gobierno al Fondo que tendrá crecimiento real hasta el fin del compromiso es el destinado a jubilaciones y otros gastos sociales, que crecerá un 7% por encima de la inflación. Uno de los conceptos del gasto social más importante es el pago de las prestaciones previsionales. Según señalaron a este Diario fuentes oficiales, el piso desde el que se parte es de unos 767.883 millones de pesos anuales, que fue lo registrado en 2017.
Disminución de transferencias: Las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo ya que las provincias tomarán estas responsabilidades, destaca. La poda estará dada por una baja real del 74% en las transferencias corrientes a las provincias. Son los fondos que la Nación envía a los gobernadores y a los intendentes por fuera de la Coparticipación: programas de vivienda, urbanización de villas, obras urbanas, como pavimentación, cloacas y cordón cuneta.
Serán unos 133.400 millones de pesos que la Nación dejará de enviar a las 23 provincias.
FONID, obras públicas y asistencia social
De acuerdo a la información que trascendió en diversos medios, la Nación tiene la intención de que las provincias se hagan cargo de los gastos que tiene el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representa un 30% del salario docente; que se hagan cargo del costo de parte de las obras públicas (que antes eran financiadas en su totalidad por la Nación) y que asuman los costos de la asistencia social para atender a los sectores más vulnerables, como comedores, ayuda económica a desempleados, y planes sociales, entre otros.
En el caso del FONID, que sería de durísimo impacto en el presupuesto provincial, la ley establece que las provincias deberían asumir progresivamente el costo.
Pero este cambio nunca entró en vigencia porque el Gobierno anterior decidió seguir asumiendo el costo antes de transferirlo a las provincias.
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