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Advierten que unas 30 comunas misioneras tienen sus cuentas “desaprobadas”

7 mayo, 2018

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Fabiola Bianco, confirmó que “el 40% de las Municipalidades” de la provincia presentaron ejercicios contables con serias irregularidades. Las infracciones más recurrentes son la falta de rendición de las obligaciones tributarias y las operaciones defectuosas.En la reciente apertura del período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Fabiola Bianco, anunció que “el 40% de los municipios misioneros tiene las cuentas desaprobadas”.


El dato llamó poderosamente la atención porque indica que unos 30 municipios, todos ellos manejados por intendentes renovadores, cuentan con irregularidades contables con el Tribunal.

“La idea es que todos los municipios rindan cuentas en el plazo que manda la Constitución. Una vez desaprobados, tienen un par de semanas para presentar todas las documentaciones”, explicó la funcionaria provincial.

Bianco indicó que “en cada ejercicio que analizamos, en cada cuenta que se rinde estamos advirtiendo algunas irregularidades”. 

Contó que a los municipios infractores “se les aplica un cargo por todo lo no rendido, que es el reparo sustancial, además de la multa que corresponde por haber rendido fuera de tiempo o con alguna irregularidad”. 

“El Tribunal dicta la sentencia desaprobando la rendición y a partir de ahí cada Municipio, cada intendente que es responsable con el tesorero y el contador, tiene un plazo para recurrirla. Además tienen que completar aquellas irregularidades observadas”, indicó.

“Los intendentes tienen un plazo de quince días hábiles para presentar toda la documentación faltante o desaprobada”, sentenció.

La millonaria multa aplicada al Municipio de Eldorado y sus autoridades, más la declaración de Bianco, tampoco pasó desapercibida para los jefes comunales, quienes en los últimos días aceleraron los trabajos contables para no sufrir consecuencias en las visitas de inspecciones.

“La verdad es que nosotros decidimos ser más proactivos con los municipios, porque teníamos inspecciones in situ en los de primera categoría, que son solo 26, entonces nos propusimos tener más territorialidad, decidimos llegar a los más pequeños con dos visitas al año. En 2017 hicimos las dos visitas y este año acabamos de finalizar la primera ronda”, indicó Bianco.

Consultada sobre cuáles son los problemas más recurrentes en las rendiciones, la titular del Tribunal de Cuentas expresó que “las irregularidades más sustanciales son aquellas que tienen que ver con la no rendición de algunos conceptos o defectuosas”.

La funcionaria provincial remarcó que “hay que pensar en una cuestión y es que muchos municipios pequeños no tienen capacidad de gestión administrativa porque no cuentan con una organización en esa área”.

Expedientes digitales
Para facilitar la revisión de los expedientes, desde el Gobierno provincial se dispuso avanzar en la digitalización del Tribunal de Cuentas, “que es otro gran desafío que a fin de año esperamos contar con la firma digital y la notificación electrónica, es decir, el domicilio electrónico”, dijo Bianco.

La titular del organismo comentó también que se creó “una Dirección de Planificación y Administración Estratégica que nos permitió crear otras órbitas que tienen que ver, por ejemplo, con el Digesto y también con herramientas, no solo intramuros”.

Control a empresas estatales
El año pasado entró en vigencia la Resolución 625/2017 en base al Acuerdo 449/2017 del Tribunal de Cuentas mediante la cual se habilitó la auditoría a empresas con participación estatal misionera, como es el caso de EMSA.

Respecto a este tema, Bianco confirmó que “son once las empresas del Estado y ya terminamos de hacer la primera ronda de visitas a estas firmas”.

“Estamos haciendo control de empresas a través de auditorías. Nosotros el año pasado, mediante una herramienta del Estado, tomamos la determinación de controlar a las empresas estatales, que era una tarea pendiente”, manifestó.

El artículo 1 de la resolución establece que el organismo constitucional “ejercerá, mediante la utilización del procedimiento de auditorías, el control de las empresas y sociedades del Estado provincial y municipal, que comprende a las empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras entidades empresariales donde el Estado provincial o municipal, tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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