El abogado constitucionalista Daniel Sabsay, en diálogo exclusivo con PRIMERA EDICIÓN, calificó como espantoso el funcionamiento de los Tribunales de Justicia en las provincias, debido a la enorme promiscuidad existente entre las cabezas de las Cortes Supremas con los Ejecutivos provinciales.
Sabsay estuvo ayer en la Universidad Gastón Dachary y recibió a PRIMERA EDICIÓN. Consideró absolutamente positiva una reforma en el Poder Judicial que debería necesariamente abarcar al Consejo de la Magistratura. También se mostró a favor de la legalización del aborto: Se está penalizando al sector más vulnerable y carenciado.
¿Cuál es su opinión sobre la reforma de la Justicia que impulsa el Gobierno nacional?
Yo creo que todo lo que implique reformar la Justicia es bienvenido, porque hay muchísimo por hacer. Es un órgano con el que nos encontramos con problemas tanto del tipo estructural, como con problemas que tienen que ver con la independencia, los procedimientos, es tantísimo lo que hay que hacer.
En el Poder Ejecutivo se han elaborado proyectos muy interesantes y muy amplios. El mismo formato de Justicia 2020 permite hacerlo, porque se ha constituido con personas del más diverso origen en la instrucción, y a través de Comisiones que abarcan todos los aspectos del funcionamiento de la Justicia.
Lo que pasa es que cuando entran estos proyectos al Legislativo, se empantanan. Y los que salieron ahora son temas muy menores en relación con aquellos que deberían hacer.
Por ejemplo, para mí es fundamental una reforma en el Consejo de la Magistratura. Si bien el Ejecutivo presentó un proyecto, todavía no ha sido tratado, o se está negociando. Uno teme de esas negociaciones lo que puede quedar, puede ser algo meramente gatopardista lo que sería una gran ilusión.
Usted dijo que el Consejo de la Magistratura fue un grave error, ¿por qué?.
Antes que se reformara la Constitución, a mi entender y no fui el único, dije que el Consejo de la Magistratura era una mala idea porque en realidad es una institución que se importa desde Europa. Surgió en países donde la historia de la independencia del Poder Judicial tiene que ver con el desgajamiento de los sistemas monárquicos, donde la Justicia era un mero servicio y estaba totalmente adosada como una estructura más del Poder Ejecutivo.
Los Consejos de Magistratura sirvieron, en esos casos, para lograr esa descentralización, así como también fueron positivos para la selección de los jueces.
Ahora insertar este cuerpo a un régimen presidencialista, donde tenemos el sistema de designación y remoción que lo tomamos de Estados Unidos, a mi parecer no era una buena idea y afortunadamente los hechos me han dado la razón.
La idea fundamentalmente era la de despartidizar y despolitizar el funcionamiento de esos momentos tan importantes como es el de designar y remover magistrados. Hoy en día estos procedimientos están igual o más politizados y partidizados que antes, debido a que hubo una exageración en el número de miembros del sector político partidario, es decir, de aquellos que provienen del sufragio universal.
Se cuestiona mucho la politización de la Justicia que responde a los Gobiernos de turno. ¿Cómo se podría evitar?
Yo creo que un paso muy importante es avanzar en una reforma muy grande en el Consejo de la Magistratura, porque no solo tiene las funciones que vimos hace un momento sino que administra el Poder Judicial. Para ello, lo primero es equilibrar las representaciones de los sectores que enmarcan la Constitución. El equilibrio, por supuesto, tiene que darse con la disminución drástica de los representantes que se han puestos del Poder Legislativo y el Ejecutivo que llevan a la mayoría absoluta. Evidentemente eso no se puede partidizar. Así que yo empezaría por ahí.
En la Justicia Penal Federal también hay muchísimos problemas. Por ejemplo, el poder inmenso que concentran esos famosos 12 juzgados de Comodoro Py. Habría que duplicarlos pero no solo por un problema de independencia sino porque están colapsados, y no pueden tener tantas causas.
¿Cree que se debe evaluar a los jueces periódicamente?
La Ley del Consejo de la Magistratura y también de la Constitución en su artículo 114, prevé la realización de auditorías para precisamente poder balancear y observar el modo en que evoluciona la actividad en todos los sentidos en cada juzgado federal.
Hasta ahora no se había hecho nunca. Recién se hizo a instancias de entidades privadas, Colegios de Abogados y una cantidad de otras ONG y empresas que presionaron para que esto, finalmente, se hiciera; y aparecieron unos resultados recién el jueves pasado que realmente son muy inquietantes.
Se reveló que del total de las causas de corrupción que entran en esos juzgados, solo un poco más del 10% llega después de varios años al procesamiento. Me parece que solo ese dato es espantoso.
¿Cuál es su opinión con respecto al Poder Judicial en las provincias?
Hablar globalmente es difícil. Yo creo que la Justicia en las provincias es como un espejo de la Justicia Nacional. No es diferente y, en algunos casos, hasta inclusive es peor. El funcionamiento de las Cortes o Superiores Tribunales de Justicia en las provincias, es espantoso. Particularmente, por la enorme promiscuidad existente entre las cabezas de la Cortes Supremas con los Ejecutivos provinciales.
¿Qué se debe hacer para agilizar las causas ante la Justicia?
Existen fundamentalmente dos caminos. El primero tiene que ver con el del procedimiento, es decir, las formas en las que se llevan a cabo los distintos pasos. Los tribunales modernos del mundo ya están todos digitalizados.
Eso ya, de por sí, acelera los procesos mientras que en Argentina todavía se cosen los expedientes. Eso es algo que no se puede creer.
Otro elemento en el cual debemos pensar es en la reforma de los Códigos Procesales, sean Penales o Civiles, ya que generalmente imponen plazos largos. Además da la oportunidad a la presentación de una cantidad enorme de apelaciones que, en el caso de los procesos por corrupción, facilitan que se eternicen.
De la auditoría que mencioné, también surge que el promedio de duración de los procesos por delito contra la administración del Estado, es de entre 14 y 15 años.
¿Cuál es su opinión sobre el debate por la despenalización del aborto?
En este momento, el penalizar a una persona que ha cometido un aborto es algo sumamente injusto. Se está penalizando al sector más vulnerable y carenciado de la sociedad y se está encubriendo al sector pudiente.
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