La Corte Suprema deberá resolver sobre un amparo colectivo que cuestiona la razonabilidad de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos.
El municipio de Leandro N. Alem (Buenos Aires) a través de su Oficina de Defensa del Consumidor, presentó una acción que cuestionó la suba del gas para los usuarios residenciales.
La demanda quedó radicada en el juzgado federal de Junín, a cargo del juez Héctor Pedro Plou.
Los demandados son el Ministerio de Energía, el Ente Nacional Regulador del Gas (Energas) y Camuzzi Gas Pampeana SA.
El juez de Junín inscribió el proceso en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema y otras entidades se sumaron a la acción, que adquirió, así, un carácter nacional.
A su vez, los abogados del Ministerio de Energía se presentaron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 de la Capital Federal para pedir que sea esa jurisdicción la que intervenga y no el juzgado de Junín.
Según publicó el diario La Nación, el juez Plou rechazó el pedido del Gobierno y mantuvo la competencia en la causa, al tiempo que elevó las actuaciones a la Cámara Federal de La Plata, para que resuelva la contienda entre jueces de distinta circunscripción territorial.
Pero los camaristas de la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, Julio Reboredo, Carlos Román Compaired y Roberto Agustín Lemos Arias, decidieron el mes pasado que sea la Corte Suprema la que defina la cuestión de competencia.
Es decir, si la nueva demanda colectiva por las tarifas queda en manos de un juez de la Capital Federal (como pretende el Gobierno) o en el juzgado de Junín.
Según la documentación de la causa, el 5 de abril se le corrió vista a la Procuración General de la Nación, que debe actuar como fiscal.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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