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Docentes siguen en pie de lucha

28 agosto, 2015

 POSADAS. La estrategia de desprestigio hacia los líderes de la lucha docente impulsada desde el Gobierno no logró frenar las acciones de apoyo que los maestros y los profesores reciben desde las familias de sus alumnos y la sociedad. PRIMERA EDICIÓN compartió una hora con los educadores en el acampe de la plaza 9 de Julio y pudo observar cómo los vecinos acercan alimentos, agua y palabras de aliento. “Los que menos tienen son los que más se solidarizan con nosotros, la verdad es que nos emocionamos profundamente con algunos gestos… el otro día el señor que vende chipa frente a la Casa de Gobierno se acercó a felicitarnos por nuestra lucha y nos dijo que quería colaborar con 40 pesos, que era todo lo que tenía. Por supuesto que no le aceptamos el dinero, le explicamos que estamos reclamando para que sea nuestro patrón, el Consejo General de Educación (CGE), el que pague un sueldo digno a todos los docentes, no sólo a los profesores del Nivel Medio y Superior, a los que tienen mucha antigüedad y a los jerárquicos, sino también a los maestros de grado que son los que menos ganan en Misiones”, contaron ayer los docentes.Calma y perseverancia Pese a la minimización de la protesta y al intento de estigmatizar a los docentes en lucha como gente haragana que cobra más de 20 mil pesos y que elige parar para no ir a trabajar, los educadores se mantuvieron calmados. Dolidos, pero tranquilos, muestran sus recibos de sueldo a los que quieran conocer su verdad. “Tengo 18 años de antigüedad, soy maestra de grado y cobro de bolsillo 7 mil. Tengo tres hijos y soy el único sostén de mi familia”, contó una de las educadoras, Alicia. “¿Por qué el Gobierno sólo dio a conocer los recibos de sueldos de los dirigentes del Nivel Medio y Superior y no los que son maestros de grado, como Mariana Lescaffette, que sólo gana 5.400 pesos”, inquirieron.  Desde el MPL, el FGD (Ameducab y Udnam) y Utem (organizaciones que encabezan la protesta), recordaron que el eje del reclamo siempre fue el sueldo de los que menos ganan: los maestros de grado. “El Gobierno puede decir cualquier cosa pero no puede negar la realidad: Misiones cobra el Artículo 9 porque está entre las siete provincias con salario docente más bajo del país”, remarcaron. Por eso, definen la protesta como “solidaria”, “los docentes estamos unidos, los que ganamos mejor y los que ganan menos que el salario mínimo, luchando para que los haberes se equiparen para arriba y el Gobierno reconozca que debe solucionar un problema estructural del salario docente a través de la modificación de la grilla docente”, advirtieron. Los más postergadosAdvirtieron además que la lucha no es sólo por el salario docente, sino por todos los trabajadores del sistema educativo, “no nos olvidemos de los porteros que, en casi todas las escuelas, están cumpliendo tareas que corresponderían a dos o tres personas y ganan una miseria. No debemos olvidar tampoco a las cocineras de las escuelas, que ni siquiera figuran como empleadas del CGE”, señalaron. Tras cinco semanas de protesta que incluyeron marchas, huelga de hambre, acampes, paros, cortes del puente y de rutas, los docentes se ven físicamente cansados, estresados pero con la voluntad íntegra. “Llegamos hasta acá y ninguno está dispuesto a volver al aula sin una respuesta de este Gobierno que, por ahora, ni siquiera quiere abrir el diálogo con nosotros. Por supuesto que añoramos volver con nuestros alumnos”, admitieron.   Marchas Los docentes volvieron a movilizarse ayer en dos localidades. En Posadas, miles de educadores marcharon pasadas las 16 desde la plaza 9 de Julio hacia el Palacio Legislativo. Pasadas las 13, en Jardín América, los maestros de esa localidad, de Puerto Rico y Oberá también hicieron oír sus reclamos. “Creo que más que una cuestión económica, la actitud asumida por el Gobierno hacia los docentes en lucha pasa por una cuestión política:?decidió sostener a capa y espada a Marilú Leverberg (dirigente de UDPM) que es su aliada política y que está más preocupada en armar sublemas que en defender los derechos de los trabajadores de la educación”, señaló Carlos Lescano del MPL. “El diálogo no es una concesión del Gobierno, es una obligación” POSADAS. El titular de Cáritas y párroco de la Sagrada Familia, Alberto Barros, ya inició las gestiones ante el Obispado de Posadas para posibilitar un espacio de diálogo entre docentes y el Gobierno. En diálogo con PRIMERA EDICIÓN el sacerdote conocido y respetado por todos por su trabajo solidario y su sinceridad sin filtros, confirmó que “los docentes me preguntaron si a través de la Iglesia se podría generar una mediación con el Gobierno para hacer posible un espacio de diálogo. Evidentemente, creemos que ningún conflicto se soluciona sin diálogo entre las partes, se pueden poner de acuerdo en todo o parcialmente, pero es imposible llegar a eso sin diálogo. Por eso, recibimos el pedido de los docentes y por supuesto les aclaré que la mediación siempre supone el pedido de ambas partes. Le transmití este pedido al obispo Juan Rubén Martínez para que, quizás a través de un organismo como Justicia y Paz, podamos acercarnos al Gobierno para tratar de que acepten sentarse a dialogar con los maestros”. Mendigar diálogo Al ser consultado sobre el conflicto docente, el sacerdote admitió que “más allá de cualquier cuestión política que no me interesa en absoluto, lo que más me duele es la desvalorización de la educación y del docente. Esta desvalorización se da en algunos sectores de la sociedad pero se expresa de manera más fuerte en el Gobierno, que es el que debería garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos; debería garantizar al docente en su formación, en su salario y en todo lo que implica que pueda trabajar bien”. A su entender, esta desvalorización forma parte de la falta de diálogo, “no entiendo porqué no hay diálogo, si es por soberbia, por egoísmo… no lo termino de entender porque ante cualquier conflicto lo más lógico es tratar de dialogar, eso no significa que una de las partes tiene toda la razón. Si el otro está con un problema y te pide dialogar, no me parece correcto responder ridiculizándolo, desvalorizándolo”.Además, según opinó “el diálogo no es una concesión graciosa o un regalo del Gobierno, sino una obligación moral que tiene el Gobierno. Que los docentes estén pidiendo dialogar, como mendigando el diálogo, es realmente increíble y lamentable. Sinceramente, la desvalorización y la falta de diálogo son las dos cuestiones que más me afectan de esta situación. Ojalá podamos ayudar a mediar”.    

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Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
En 2025 aumentaron las atenciones a pacientes con obra social tras perder coberturas, caída de convenios o costos elevados. El nosocomio posadeño concentra casos complejos regionales, sostiene nacimientos y suma presión por cierres de terapias en clínicas.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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