Estos son sólo algunos de los nombres de un listado de 106 personas que presentó la fiscal federal Gabriela Baigún para el juicio pendiente de comenzar contra el exsecretario de Transporte y el exministro de Planificación, por el presunto pago de sobreprecios en la compra de trenes a España y Portugal.
De Vido y Jaime están detenidos y se trata de un nuevo juicio que estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6, cuya fecha de inicio aún no se estableció, y en donde las partes realizan el ofrecimiento de prueba.
Fuentes judiciales informaron que la fiscal Baigún ofreció un listado para que 106 personas declaren como testigos: el exministro del Interior, Florencio Randazzo; el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y el extitular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy.
También pidió al Tribunal que sean citados el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el radical Ernesto Sanz, Manuel Garrido, Enrique Vaquié, Juan Cano y Ricardo Gil Lavedra por haber sido todos ellos quienes realizaron la denuncia que originó la causa.
En la causa, Jaime y De Vido no están detenidos sino que así lo están por otras causas de corrupción.
Concretamente, se acusa a ambos por el contrato con Portugal en 2004 y 2006 y otro similar con España en 2010 para la compra de vagones y repuestos ferroviarios que quedaron en desuso por mal estado, y en los que se habrían pagado sobreprecios.
Según la causa, De Vido y Jaime junto al entonces titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Carlos Castaño también en juicio- en un “plan de modernización ferroviaria y mediante la suscripción de una serie de actos jurídicos” incurrieron en “un perjuicio patrimonial a la administración pública”.
Según señaló el juez federal Julián Ercolini, quien tuvo la causa, lo hicieron mediante acuerdos y contratos “excusándose en el estado de emergencia que presentaban los servicios de los ferrocarriles argentinos”, pero que la operación se realizo en un “precio y utilidad que fueron claramente perjudiciales pera el patrimonio nacional y para el parque ferroviario”.
En ese sentido, recordó que el Estado argentino pagó 76 millones de euros a España y unos 26 millones de euros a Portugal bajo la dirección del Ministro de Planificación, a cargo de De Vido, por lo que tenía el control sobre la operatoria.
En la causa, también están en juicio el exasesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, Manuel Vázquez, quien figurando como titular de una sociedad cobró comisiones millonarias por la compra de los trenes.
“Ha quedado corroborado frente a las excesivas sumas de dinero involucradas en las contrataciones y a la innecesaria intervención de sociedades intermediarias en las operaciones, que Ricardo Jaime en su calidad de secretario de Transporte, recibió una retribución pecuniaria ilegítima que se vio posibilitada por las contribuciones efectuadas a la maniobra por cada uno de los partícipes en la medida de sus responsabilidades”, concluyó Ercolini en la elevación a juicio.
Según un informe de la Auditoría General de la Nación, gran parte del material rodante comprado en ambos países era inutilizable por el mal estado en el que se encontraba, aunque los acusados explicaron que se avanzó en la adquisición porque las formaciones se iban a reparar en la Argentina para reactivar los talleres ferroviarios.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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