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Polémica en Eldorado: edil pidió incluir la antigüedad laboral en su dieta

22 marzo, 2018

La titular del Concejo Deliberante Yolanda Caballero otra vez quedó en la mira por una polémica resolución a su favor.

A través de una resolución se autorizó a la presidente del Concejo Deliberante Yolanda Caballero a incluir en su dieta como funcionaria pública los 27 años y 8 meses de antigüedad laboral que acumuló previamente en su trabajo como médica en el Hospital SAMIC local.

El insólito reconocimiento establece que las erogaciones “se imputarán a la partida especifica del presupuesto vigente a partir de una partida específica y de resultar insuficiente con cargo al disponible de la partida de Personal”.

Sin embargo lo más anecdótico de esta situación es que la nota lleva la firma de la solicitante, es decir, que Caballero como titular del cuerpo, se autorizó a sí misma a percibir estas partidas.

“Eso siempre fue así, está previsto en la normativa, todo aquel concejal que por sacar una licencia sin goce de haberes en un cargo provincial o nacional, y deja de percibir la antigüedad, el Concejo le reconoce eso”, explicó la edil de Cambiemos, Lilian Chamorro. Apuntó además que quien asume como concejal “no cobra dos sueldos, sino que deja de percibir uno”.

A todo esto, el concejal Daniel Dos Santos manifestó que el hecho de que la presidente del Concejo solicite el beneficio y ella misma la que se lo otorgue, “es una desprolijidad”. Además, aclaró que si bien ya se dio este reconocimiento en otras oportunidades, la duda que surge ahora se debe a que “existe  un contrapunto con la asesoría legal del municipio que dice que no corresponde cobrar el adicional a los concejales ya que lo que perciben no son sueldos sino dietas”.

“Desde el municipio aducen que ese reconocimiento no es procedente, pero eso es una cuestión que se tiene que dilucidar en ese ámbito”, señaló Dos Santos.

Cabe destacar que la cuestionada Resolución Nº 115/18 se ampara en el Inciso e), Artículo 50 del Estatuto para la Administración Pública Municipal de Eldorado, por cual se establece la posibilidad de un adicional de “bonificación por antigüedad”.

Dicho articulado sostiene que “el personal incluido en el Estatuto y en el presente escalafón percibirá por cada año de antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, una bonificación equivalente al 2% de la categoría que revista más una suma fija”. 

A su vez, el mencionado Estatuto su Artículo 1 determina que “comprende a todas las personas que en virtud de acto administrativo expreso, emanado de autoridad competente, presten servicios remunerados en dependencias del Departamento Ejecutivo y Organismos descentralizados o autárquicos de la Municipalidad de la Ciudad de Eldorado”. Sin embargo más abajo, en el Artículo 2, Inciso a, se exceptúan “a las personas que desempeñan funciones por elección popular”, que en este caso sería la concejal y presidente del Concejo Deliberante de Eldorado. 

Más escándalos
Cabe destacar que desde que asumió como presidente del Concejo Deliberante el pasado 11 de diciembre, Caballero ya fue protagonista de varias situaciones contradictorias en el recinto. 

Como se recordará la concejal del Frente Renovador ocupó los titulares provinciales ya que logró acceder a la titularidad del cuerpo luego de un acuerdo con los ediles de Cambiemos. Posteriormente, volvió a estar en el centro de las críticas cuando los ediles aprobaron un aumento del 15 % en sus dietas, aumento que tuvo que dejar sin efecto. 

Otro escándalo se desató por la firma de distintas resoluciones que autorizaban un plus salarial del 40% para tres empleados del Deliberante local, dos de ellos hermanos de Caballero, por ejercer “tareas insalubres” al estar todo el día delante de la pantalla de una computadora. Tras conocerse las medidas que permitían el pago, la concejal volvió a dar marcha atrás.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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