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Procesan a misionero por explotar en la costa atlántica a una treintena de jóvenes de San Javier

26 febrero, 2018

Conocido como “El Patrón”, se dedicaba a la venta de artesanías. Llevaba a las víctimas a Villa Gesell, las alojaba en una vivienda precaria y les retenía el 70% de las ventas. Varios eran menores.Con un nuevo rechazo a una queja de nulidad, emitido esta vez por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, un misionero seguirá procesado y enfrentaría un juicio oral en poco tiempo acusado de haber reclutado, trasladado y acogido en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, a un treintena de misioneros de entre 25 y 30 años e incluso varios menores de edad.


Los camaristas Hernán Borinsky (presidente) y Gustavo M. Hornos firmaron el 22 de febrero el rechazo al recurso del apelante, de acuerdo al escrito al que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN.

Dejando de lado los pormenores estrictamente inherentes al proceso del expediente, al misionero oriundo de San Javier se lo imputa de captar un grupo de vendedores ambulantes y llevarlos hasta la costa veraniega e instalarlos en una casa sin las condiciones idóneas para el alojamiento y luego ser explotados ofreciendo artesanías.

La investigación se originó a fines de diciembre de 2013 en virtud de varias denuncias mediáticas referidas a que organizaciones criminales trasladaban menores a la costa atlántica para ser explotados.

Fue en Villa Gesell, donde la historia de los misioneros trascendió a la opinión pública luego que se informara que un menor, al que se identificó como “Facundo”, trabajaba en forma ambulante en la playa vendiendo pulseras y otros productos y al terminar su jornada era trasladado junto con otros misioneros a una casa alquilada.

El Fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, temía que los vendedores  abandonarían la playa ante la finalización de la temporada veraniega y dispuso la detención de las personas sindicadas.

En plena noche se realizó el procedimiento y a todos, adultos y niños, el personal policial les ató las muñecas con precintos plásticos, lo que fue advertido por las representantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata quienes exigieron se les soltara las manos.

De acuerdo al expediente, los misioneros eran trasladados diariamente a la playa donde debían cumplir, en extensas jornadas laborales, la venta de artículos, especialmente bijouterie, trenzas de hilo, pulseras, etcétera, que les eran provistas por el imputado, al igual que el carro en el que exhibían la mercadería en el sector costero.

A la mayoría de los vendedores, el acusado misionero les habría prometido abonar el 30 por ciento de las ventas que efectuaran, pero les retenía lo recaudado bajo su custodia y les descontaba además 15 pesos diarios para desayuno y cena.

Sobreseído
Sin embargo, Alejo Padilla, juez Federal de Primera Instancia de Dolores, dio por acreditados los elementos objetivos que requiere el delito de “trata de personas” pero no el aspecto subjetivo del tipo penal. Hizo referencia al espíritu de la norma, al bien jurídico afectado (libertad) y al grupo de conductas en ella abarcada, afirmó que en este caso “no estaba presente la desigualdad entre explotado y explotador, ni el aprovechamiento de un grupo social acomodado por sobre otro más vulnerable”.

De esta forma, analizó los dichos del imputado en su declaración indagatoria y las declaraciones testimoniales de las presuntas víctimas, los informes y concluyó que “no estaba probado el fin de explotación y la obtención de un lucro económico a partir de la actividad”.

Apelada esta resolución, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó la postura de que no se había acreditado el dolo de explotación.

Afirmó que las víctimas conocían las condiciones de trabajo, y que el dinero que conservaba el “Patrón” era una situación “consensuada entre el jefe y los trabajadores a modo de ahorro y seguridad”.

Asimismo, la Cámara afirmó que todas las víctimas remarcaron que no se cobraba ninguna multa por no ir a trabajar y que tampoco existieron extenuantes jornadas en las que debieron arrastrar por la playa un pesado carro con los productos.

Giro drástico
La postura fue revertida en noviembre de 2016, tras la queja del fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler. Fueron los magistrados de alzada Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes sí acreditaron que “las condiciones de alojamiento de los trabajadores no eran las adecuadas, que muchos de ellos debían pernoctar en colchones directamente colocados sobre el piso, que en la casa solo existían dos baños para más de 30 personas, que algunos mayores dormían en un quincho con lonas que hacían de paredes, que las condiciones de higiene de la vivienda eran inadecuadas”.

Precisaron que existían elementos suficientes para el procesamiento, toda vez que se podía acreditar que actuaba con ánimo de lucro y también la finalidad de explotación a partir del aprovechamiento de la fuerza de trabajo de los jóvenes misioneros.

Las víctimas
Este Diario tuvo acceso también a los testimonios de los jóvenes de San Javier que fueron presuntamente explotados por el “Patrón”. Todos coincidieron en “que se les ofrecía habitación y comida pero se las descontaban de sus ganancias. El pago era el 30 por ciento de las ventas”. También remarcaron que no les retuvo su documento.

Uno de ellos declaró que era el cuarto año consecutivo en que aceptaba trabajar en la costa atlántica “En verano estamos mucho mejor acá que en Misiones, por eso salimos para acá”, aunque también reconoció que “dormía en una carpita atrás de la casa”. Otra voz sostuvo: “Salimos el 20 de diciembre (2013) de Misiones en una Trafic, no pagué nada, es la quinta temporada que vengo a Gesell y al patrón lo conozco de San Javier. No tengo trabajo en Misiones y acá el arreglo era 6.000 pesos al final de la temporada (28 de febrero). Si yo quería plata, me adelantaban sin problemas. Gracias a esto me compré una moto 125 (cc). Estoy mas cómodo acá que en mi provincia”.

“Dormía en un colchón de dos plazas con otro compañero, para mí estaba bien lo que me daban, no me descontaban la comida ni la casa. Si bajaba (a vender) a la playa, me ganaba unos 200 o 300 pesos (…) Llegue a ganar 3.500 en un día, lo usaba para comprarme ropa extra”.

En cuanto a la condiciones de higiene y alimentación, uno de los muchachos testimonió: “Para bañarme no tenía problemas, había un baño con una ducha y para comer el cocinero servía y algunos comíamos en la mesa de la cocina, otros afuera. En la heladera pusieron un cartel con un fibrón que decía ‘el que no baja (a vender) deberá abonar cien pesos a la casa’. Lo escribieron para incentivar a los más chicos”.

Uno de los interrogados también describió su situación social: “No somos ricos pero vivimos bien con este trabajo. Yo lo busqué a él (a “Patrón”) para que me diera trabajo. Allá en San Javier gano 80 pesos por día y vine acá para hacerme unos mangos y para volver a Misiones y poner un negocio”.

En cuanto a los menores, uno de ellos manifestó: “Comencé a trabajar vendiendo juguetes y bijouterie durante nueve meses en San Javier y luego tres acá en la playa porque gano mucho más. Acá en Villa Gesell estoy rebien, el triple”.
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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