Era el mayor proyecto económico para este año en el país vecino, que este martes recibió una amenaza de reducción de nota de la calificadora Moody’s tras dar marcha atrás.
La reforma, impopular según las encuestas y motivo del rechazo de los sindicatos, quedó sepultada luego de que el Gobierno admitiera no tener los dos tercios de la Cámara de Diputados para aprobarla y escoger como prioridad la intervención militar en Río de Janeiro.
El mercado financiero aguardaba a este proyecto como el más importante para la reducción del déficit fiscal desde que Temer asumió la presidencia en 2016, pero a pocas horas del anuncio sobre el fin del proyecto reaccionó la calificadora Moody’s.
“Si bien esperábamos que una amplia reforma era improbable, abandonar los planes para aprobarla es negativo para el perfil de crédito del país, ya que restringiría la capacidad de las autoridades para cumplir con el techo del gasto en los próximos años”, dice un comunicado de Moody’s.
Del otro lado del arco ideológico, celebró el titular de la Central Unica de Trabajadores (CUT), la más importante del país, Vagner Freitas: “Es la mayor derrota de los golpistas y una victoria que muestra la fuerza de la clase trabajadora”.
“Logramos sacarle la joya de la corona a los golpistas, porque este era el principal reclamo de los bancos que apoyaron el golpe”, dijo Freitas, en referencia a la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia, luego de que su vicepresidente, Temer, se pasara a la oposición derechista en 2016.
La decisión, anunciada anoche por el jefe de gabinete, Eliseu Padilha, se basó en que una reforma previsional debe ser realizada mediante una enmienda constitucional, lo que no puede concretarse mientras dure la intervención federal en Río de Janeiro.
En cambio, el gobierno brasileño lanzó una serie de iniciativas económicas pero para nada novedosas, como la privatización de la gigante eléctrica Eletrobras, la simplificación del sistema impositivo y un nuevo reglamento para la autonomía del Banco Central.
Después de 14 meses, Temer no pudo reunir los 308 votos necesarios en la Cámara de Diputados para reformar el sistema de jubilaciones, iniciativa que según las encuestas es rechazada por más del 70% de la población.
“De todos modos, este seguirá siendo un gobierno reformista”, dijo Padilha a periodistas, recordando que hubo un cambio en la ley laboral y se fijó un techo en el gasto público por 20 años en el presupuesto.
Según analistas, la reforma previsional había sido una de las exigencias de las agencias de calificación de riesgo para no rebajarle la nota a Brasil a fines de 2017.
La iniciativa fue repudiada justamente ayer por un paro de bancarios y metalúrgicos en más de 20 ciudades organizado por la opositora Central Unica de Trabajadores (CUT).
El equipo económico lanzó una agenda de 15 puntos para 2018, que incluyen un proyecto que limita el techo de los salarios de los empleados públicos y el cese gradual de la reducción de los aportes patronales de 50 sectores de la economía.
Para la oposición, la intervención militar en Río de Janeiro es vista como una “cortina de humo” para evitar el fracaso de la reforma jubilatoria, dijo el jefe del bloque de de diputados del Partido Socialismo y Libertad, Ivan Valente.
La decisión del gobierno choca con los dichos de Temer, quien al firmar el decreto de intervención militar en la seguridad pública de Río de Janeiro dijo que iba a suspender la medida en caso de votación de la reforma previsional.
El ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marún, no descartó tratar la reforma previsional en noviembre, después de las elecciones generales de octubre.
Gran parte de la mayoría oficialista en el Congreso no quiso sumarse en un año electoral a una agenda supuestamente impopular como la reforma de la jubilación, que alteraba los años de aportes y aumentaba la edad para el retiro laboral.
El gobierno tenía a comienzos de 2017 mayoría de dos tercios del Congreso para votar la reforma jubilatoria -vía enmienda constitucional- pero la perdió luego del escándalo generado por la delación de los empresarios del frigorífico JBS acusando a Temer de negociar supuestos sobornos.
El capital político del gobierno se esfumó en dos votaciones en la cámara baja para rechazar la denuncia de la fiscalía general contra el primer mandatario por corrupción.
El foco del gobierno está hoy en la intervención en Río de Janeiro, una iniciativa que cuenta supuestamente con más apoyo que la reforma previsional.
La agenda de la seguridad hace brillar los ojos de los más encumbrados funcionarios del gobierno, como el jefe de gabinete Padilha.
A Radio Gaúcha de Porto Alegre, Padilha, hombre fuerte del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), no descartó que Temer sea candidato presidencial el 7 de octubre, apostando las fichas en la intervención en Río de Janeiro, pese a su mínimo histórico de popularidad en las encuestas.
“No excluyo la hipótesis de que el sea candidato, el ha dicho que no, no hay nadie mejor que el para defender todo lo que estamos haciendo”, dijo Padilha.
Fuente: NA
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