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ARA San Juan: empezó la carrera de los “cazafortunas”

22 enero, 2018

Una empresa de EE.UU. ofrece cobrar 7 millones de dólares solo si encuentra el submarino desaparecido; ahora quieren buscar en los cañones submarinos del talud continental.

La mayor esperanza de la Armada para tratar de encontrar al submarino San Juan, desaparecido desde hace más de dos meses, son los llamados cañones marítimos o “cañadones” del talud continental, que es por su magnitud como una cordillera invertida. Como los sonares de los barcos que participaron del inédito operativo internacional de búsqueda barrieron una superficie de poco más de medio millón de millas náuticas cuadradas (equivalentes a 20 veces el área de la Capital Federal) de la plataforma continental y no encontraron al San Juan, ahora la Armada cambia su estrategia. Así dirigirá sus esfuerzos hacia esos “cañadones”, donde podría haber caído la nave después de la explosión.


El gobierno ya gastó 500 millones de pesos en el operativo de rescate y, según revelaron altas fuentes del ministerio de Defensa a Clarín, seguirá “invirtiendo lo que sea necesario en la búsqueda”, tal como reclaman los familiares de las 44 víctimas. Un submarino convencional, como el San Juan, resiste hasta una profundidad de 700 metros y luego su estructura entra en colapso por la presión del agua. La chapa del casco del San Juan es de unos 5 centímetros pero a más de 700 metros la presión empieza a resquebrajarla.

El capitán de fragata (RE) e ingeniero naval Horacio Tobías explicó a Clarín que las hipótesis más firmes sobre lo que pudo haber pasado con el San Juan son dos. Una que la entrada de agua por el snorkel durante la tormenta mojó las baterías y provocó una implosión. En este caso, la explosión interna reventó alguna de los escotillas y entró el agua. Entonces, el San Juan se fue “entero” al fondo y podría haber caído en uno de esos “cañadones”. La otra es que se quedó sin propulsión por el accidente, se hundió y pasados los 700 metros la presión del agua lo comprimió y quedó como “un chorizo de acero”. Tobías descartó la hipótesis de que se haya desintegrado porque “sino hubiésemos vistos restos de papel o madera flotando”.
El termino geomorfológico científico de los cañadones es “cañón submarino”. En el área de búsqueda del San Juan (llamada AROP, en la jerga técnica) los cañones tienen una longitud promedio de 120 kilómetros con numerosos afluentes que pueden llegar hasta los 50 kilómetros, explicó una fuente del Servicio de Hidrografía Naval. La cabeza de los cañones nace en el talud medio “con profundidades de 50 metros y que se incrementa talud abajo y llega hasta los 800 metros”. El talud continental argentino es “aterrazado” y el AROP está en una de sus terrazas. El AROP “está limitada al oeste por el talud superior, que es empinado y hacia el este por un escarpe de 120 metros en promedio”.
Por esta razón, la Armada que comanda el almirante José Luis Villán, impulsa la contratación de una empresa privada que tenga la tecnología para hacer este tipo de búsqueda dentro de los “cañadones” del Atlántico Sur para seguramente después de que se retire el barco ruso Yantar. Este es el único que quedó del inédito por su magnitud operativo de cooperación internacional desplegado en noviembre y diciembre y que tiene los equipos necesarios para hurgar en los “cañadones”. El vehículo operado remotamente (ROV, según su sigla en inglés) del Yantar puede llegar hasta 6.000 metros.
Este fin de semana el Yantar (ámbar, en ruso) encontró “otras dos nuevas señales” y hacía un nuevo esfuerzo de identificación. No se sabe hasta cuando continuará la cooperación rusa, pero eso ya se prevé cómo reemplazarla y se lanzó una carrera entre las empresas privadas que podría participar de esta nueva etapa, que incluye a una que busca tesoros marinos y tiene tecnología de última generación.
Se necesitará que la firma privada a contratar tenga un barco con sonar y un minisubmarino con capacidad para sumergirse hasta esas profundidades. La Armada carece de este tipo de tecnologías de búsqueda de última generación. En el mundo solo 20 países tienen submarinos de guerra y de éstos únicamente EE.UU., Rusia, Inglaterra y otros tienen equipos de rescate de submarinos.
La Armada recibió ya presupuestos de cinco empresas privadas de este tipo para hacer la búsqueda que tienen diferencias de precios e incluso de disposición del material en distintas épocas del año y los elevó al ministro de Defensa, Oscar Aguad. Se piden equipos como sonda multihaz, sonar de barrido lateral, magnetónomos, gravímetros y minisubmarinos. Para hurgar en los cañadones se necesita sobre todo un minisubmarino no tripulado autónomo llamado AUV por sus siglas en inglés. Estas pequeñas naves, que tienen la forma de un pez, son programadas en la superficie, luego se las lanza y, ayudados por poderosos reflectores, van filmando todo lo que ven a su paso. Luego la nave madre recoge al AUV y le saca toda la información que reunió.
La idea es que la empresa ganadora de un concurso cerrado o una licitación, según lo que disponga la ley para este tipo de crisis, realice su propia búsqueda en base a toda la información recogida por distintos barcos durante el operativo internacional. Aguad no quiere violar ninguna ley aunque se trate de una urgencia. El problema es que cada empresa tiene un servicio distinto y tiempos diferentes y el gobierno tiene que fijar un parámetro común. Los presupuestos recibidos van desde “2 a 7 millones de dólares”. Una de las empresas cotizantes, por ejemplo, es la norteamericana Ocean Infinity que facilitó el robot que usaron los barcos militares norteamericanos. Ocean Infinity, que cuenta con tecnología de punta, ya encontró tesoros marinos y está ahora buscando el desaparecido avión del vuelo MH370 de Malaysia Airlines en el océano Indico y recién podría venir al Atlántico Sur en mayo o junio. En fuentes militares, se afirma que propuso no cobrar nada por adelantado pero que “cobraría 7 millones de dólares solo si lo encuentra”, como hacen los cazadores de fortunas del mar. Pero el gobierno, si acepta esta propuesta, podría contratar antes a otra empresa para seguir la búsqueda hasta mediados de año, entre otras alternativas. Sin embargo, como no hay sobrevivientes, ahora se pasó a una etapa de “búsqueda científica”, como la llaman los expertos, que será más lenta pero ininterrumpida.
Aunque los datos básicos que usará la empresa privada ganadora son los mismos: última posición reportada, rumbo y velocidad, qué tipo de avería habría sufrido y ubicación de la explosión detectada por la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) el día de la tragedia. La llamada anomalía hidroacústica fue registrada por la red internacional de hidrófonos del CTBTO creada para registrar pruebas nucleares terremotos o maremotos. La explosión no nuclear fue detectada el 15 noviembre a las 13:51 GMT, en la latitud -46.12 ° y longitud -59.69 °. La última comunicación de la nave, con 44 tripulantes a bordo, fue a las 7.30 de esa mañana.
El operativo internacional, aunque fracasó, dejó varias pistas. Además, de los cañones submarinos por las dudas se ampliará la búsqueda “un poco más al norte” por la mínima posibilidad de que la anomalía hidroacústica no haya sido del San Juan y se haya desplazado unos kilómetros más al norte antes del accidente, dijeron las fuentes de Defensa. Durante la campaña internacional de búsqueda se detectaron 54 restos metálicos en el fondo del mar que no eran del San Juan.
Mientras tanto, el buque oceanográfico ruso Yantar, continuaba este fin de semana trabajando en la operación de búsqueda junto a la corbeta ARA “Spiro” y el aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV (vehículo operado remotamente) ruso llamado “Panther Plus” que opera hasta 1.000 metros.
El resto de las unidades de la Armada “están siendo objeto de trabajos de mantenimiento preventivo o reparaciones correctivas por su uso en la búsqueda o, se prescindió de aquellas que no cuenten con sensores acordes a las profundidades del área de búsqueda”, informó el vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi. Algunas unidades pasaron hasta 57 días en el mar, lo que es un récord para la marina de guerra en estos últimos años de restricciones presupuestarias. Los oficiales, suboficiales y marinos de la Armada se ofrecen voluntariamente para volver a embarcarse en los barcos que siguen en la búsqueda lo que conmovió a los almirantes.
Balbi reconoció esta semana que “una de las hipótesis es que pudo haber habido una explosión dentro del submarino y que éste se haya ido hacia la profundidad y apoyado en el lecho marino”, pero se preguntó si el único ruido que supuestamente se escuchó -al que hace referencia el informe del CTBO-, fue por la implosión interna o por el colapso con la superficie marina.
Balbi, un ex subcomandante del San Juan e hijo de un submarinista, expuso también una síntesis de los esfuerzos de la Armada y el Ministerio de Defensa para dar con el San Juan, y detalló que a lo largo de la búsqueda se involucraron más de 4000 personas y 25 buques -16 argentinos y el resto pertenecientes a las flotas de los siete países que colaboraron en la zona-, y 14 aeronaves, en un inédito operativo de búsqueda internacional.
Durante dos meses se barrió con buques de superficie un área de 560 mil millas náuticas cuadradas (equivalente a 20 veces la superficie de la Capital Federal) y con minisubmarinos 3.650 millas náuticas de fondo (6.759 kilómetros cuadrados) aproximadamente. Los aviones P( de EE.UU. lanzaron 400 sonoboyas en el mar. Mientras que con aviones se barrió 1.600.000 millas náuticas. Esas áreas incluyen algunas que estaban fuera de la zona de búsqueda, pero fueron propuestas por alguno de los familiares de los 44 tripulantes.
Fuente:Nexofin 

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#fauna #misiones #ohana
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La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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