Mientras que diputados del Frente para la Victoria denunciaron a Patricia Bullrich y Mauricio Macri por su supuesta responsabilidad penal en el operativo del jueves en las inmediaciones del Congreso, legisladores de Cambiemos hicieron lo mismo pidiendo se investigue la posible comisión de delitos que pudieran haber cometido sus pares opositores durante la fallida sesión en la Cámara baja.
La presentación contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente Mauricio Macri, la hicieron el jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, y los legisladores Martín Doñate y Rodolfo Thailade. La denuncia es por atentado agravado a mano armada y quedó en manos de la jueza federal María Servini y el fiscal Gerardo Pollicita.
“Algunos diputados de nuestro bloque FPV, como de otros, nos encontrábamos afuera del Congreso siendo víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad comandadas por Bullrich”, expresaron.
También señalaron que la diputada nacional Mayra Mendoza “fue salvajemente atacada por miembros de las fuerzas de seguridad”, pues le tiraron gas pimienta en el rostro, y lo mismo refirieron sobre los legisladores Horacio Pietragalla y Juan Manuel Huss.
“Según se conoció, a pedido del Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, se montó el operativo de pretendida ´seguridad´ que resultó en la práctica una operación destinada a manipular el eventual resultado de la sesión a la que había llamado al cuerpo, mediante una brutal represión ejecutada por las fuerzas federales”, subrayaron en la denuncia a la que tuvo acceso NA.
Además, afirmaron que “el Congreso no pudo sesionar correctamente con todos sus miembros porque algunos de ellos fueron retenidos y heridos por las fuerzas de seguridad apostadas alrededor” del edificio.
“La responsabilidad penal recae sobre las fuerzas federales que ejecutaron los desmedidos actos de violencia, como así también sobre las autoridades que ordenaron el insólito despliegue de miles de efectivos”, destacaron.
Por su parte, la diputada nacional de Libres del Sur Victoria Donda hizo una denuncia contra Bullrich, que recayó en el juzgado federal de Sergio Torres por los delitos de abuso de autoridad y lesiones agravadas.
En cuanto a la denuncia presentada por el oficialismo, la misma fue hecha por Elisa Carrió, Nicolás Massot, Miguel Bazze, Silvia Lospennato, Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López.
En la presentación, los legisladores oficialistas pidieron que la Justicia determine “posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos ocurridos durante la sesión” del pasado jueves y que “podrían implicar la comisión de los delitos tipificados en los artículos 211 y 241 del Código Penal”.
A la vez, consideraron que las situaciones vividas en ese marco “revisten extrema gravedad institucional y, además, podrían eventualmente derivar en responsabilidades penales por parte de quienes los han llevado a cabo”.
“En el recinto de la Cámara de Diputados se vivieron hechos violentos llevados a cabo por diputados nacionales con el sólo fin de impedir que se llegue a alcanzar el quórum para dar inicio a la sesión y así obstaculizar el normal funcionamiento del Cuerpo”, denunciaron.
Los dirigentes oficialistas también incluyeron en la presentación las “agresiones verbales” que “casi llegan a la violencia física” contra el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó.
“Muchos diputados se acercaron a su banca con el fin de increparlo, en un marco de violencia y agresiones nunca antes visto en nuestro Parlamento. Un ejemplo de ello fue la agresión perpetrada por el diputado Leopoldo Moreau. Insistimos: el objetivo principal de dichos hechos era el de impedir que la sesión transcurra en un marco de normalidad, y puedan debatirse los proyectos de ley que figuraban en la citación”, remarcaron.
En ese sentido, los diputados de Cambiemos hicieron referencia al “clima de violencia y a la presencia de personas no acreditadas en las reuniones de las Comisión de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, cuya presencia habría sido permitida por parte de algunos de los legisladores de la oposición, con el fin de impedir el normal funcionamiento de la reunión”.
Consideraron que se trató de un “plan organizado para atentar contra las instituciones públicas y el normal funcionamiento del Congreso y, por ende, de las instituciones democráticas y el orden constitucional”.
Y agregaron: “Hemos asistido a un espectáculo tan triste como autoritario de con el solo fin de evitar el normal funcionamiento del Parlamento”.
“Los hechos violentos en el recinto comenzaron aún antes de que se logre alcanzar el quórum. Todo lo que podrá probarse con los videos y demás constancias de la sesión de la Cámara de Diputados.
En consecuencia, es a todas luces evidente que el objetivo de las agresiones era impedir que el Congreso funcione y debata. En efecto, una vez alcanzado el quórum a pesar de la violencia, las agresiones continuaron para evitar que el quórum se mantenga y, de esta forma, se debiera levantar la sesión”, concluyeron.
La presentación judicial fue acompañada por el listado de los legisladores que ocuparon sus bancas para alcanzar el quórum con el que se debió dar inicio a la reunión, informó un comunicado del espacio oficialista.
Los delitos apuntados por los legisladores conllevan una pena de prisión que va de los quince días a seis años.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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