La automotriz alemana confirmó que dentro de su fábrica de Sao Bernardo do Campo, en 1972, un trabajador fue torturado por la policía política del régimen.
La automotriz alemana Volkswagen admitió este jueves haber sido colaboracionista de la dictadura militar brasileña, a la cual le informaba sobre las actividades sindicales de sus trabajadores en el Gran San Pablo, por lo cual seis operarios fueron detenidos y otro torturado dentro de la fábrica.
Lo indicó un informe solicitado por Volkswagen para estudiar el rol de la empresa durante la dictadura militar brasileña (1964-1985), sobre todo en la persecución política de líderes sindicales y politicos de base en Sao Bernardo do Campo, Gran San Pablo.
La región es la cuna sindical y política del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El documento divulgado este jueves fue hecho a pedido de VW por el historiador alemán Christopher Kopper, que destacó la “lealtad” de la marca de automóviles que fue líder en el mercado de los años setenta con las combis y el famoso “Escarabajo” de fabricación brasileña.
El dato más relevante informado este jueves a la prensa por la automotriz alemana es que dentro de su fábrica de Sao Bernardo do Campo, en 1972, un trabajador fue torturado por la policía política del régimen.
Otros seis trabajadores fueron detenidos el mismo año.
La víctima fue Lucio Bellentani, torturado dentro de la oficina de Recursos Humanos por parte de dos polícías del Departamento de Orden Político y Social (DOPS), detenido por 8 meses y luego absuelto por su posición política, ya que militaba en el Partido Comunista Brasileño (PCB).
Por eso, ex empleados de los años de la dictadura protestaban reclamando indemnizaciones por haber sido perseguidos políticos del Estado a través de una empresa extranjera radicada en el país.
Sin embargo, el informe del historiador apunta que si bien hubo colaboracionismo “la dirección ejecutiva de Volkswagen Brasil no participó del golpe contra el último gobierno electo en 1964 ni del ascenso de la dictadura”.
“El golpe y la dictadura, cada vez más represiva, fue algo evaluado positivamente por la empresa”, dice el informe hecho a pedido de la firma.
En Brasil, en vigor de la ley de amnistía autosancionada por el régimen en 1979 y ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal, no hay juicios por delitos contra la humanidad ni contra militares ni contra civiles.
El presidente de VW Brasil, Pablo Di Si, dijo hoy, según reprodujo la TV Globo: “Lamentamos profundamente los episodios que puedan haber ocurrido en aquel período”.
“Este informe nos obliga a trabajar cada vez más como una empresa propagadora de los derechos humanos”, dijo Di Si en un discurso.
El presidente del sindicato de metalúrgicos del ABC Paulista (los municipios industriales de Santo André, Sao Bernardo do Campo y Sao Caetano), Wagner Santana, dijo que los trabajadores perseguidos deben “deben tener su vida reparada”.
“Pero esto es apenas el comienzo. No apenas Volkswagen cometió delitos colaborando con el régimen persiguiendo a trabajadores, hubo incluso proveedoras de VolkSwagen e industrias químicas muy reconocidas”, comentó.
En el informe se sostiene que la casa matriz alemana aprovechó las “lista sucias” de trabajadores politizados para “suspender derechos laborales elementales” a cambio de “ganancias sorprendemente altas”.
El trabajo fue encargado por la propia VW a su matriz alemana luego de que fueran denunciadas varias empresas por ela Comisión de la Verdad, el órgano que instituyó la presidenta Dilma Rousseff para investigar los delitos de la dictadura.
La fiscalía abrió una investigación sobre la denuncia, que indica que existió “una represión activa de la empresa contra empledos y un sistema de vigilancia y represión construido entre automotrices y la policía política”.
El boom de las automotrices en Brasil se produjo a inicios de los años 70, cuando la dictadura militar lanzó una campaña en 1973, ante la crisis del petróleo a nivel global, para apuntar que el avance de la economía formaba parte de un “milagro económico”.
La represión extrema de la dictadura comenzó en 1968 con la anulación por decreto de las libertades de expresión y políticas contenidos en el Acta Institucional 5.
Fuente: Télam
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