Distintos sectores apuntaron contra las falencias que tiene el servicio de transporte urbano de pasajeros. Aducen que la suba no debe superar la inflación prevista para 2018. Desde el Municipio advierten que reciben muchas quejas por parte de los usuarios.
El pedido de un aumento en el orden del 88 por ciento por parte del Grupo Z para la tarifa de transporte urbano de pasajeros generó malestar y repudio en los usuarios. Es que si se llegase a aplicar el aumento requerido por los empresarios el boleto pasaría a costar 16,12 pesos con subsidios y 25,40 pesos sin subsidios.
Esto provocó que desde distintos sectores consultados por PRIMERA EDICIÓN manifestaran su rotundo rechazo e insistieran en la necesidad de mejorar el servicio en los barrios.
El aumento que piden es total mente descabellado. Creemos que si bien se tiene que dar una suba, esta no puede exceder lo que sería el costo de la canasta básica o la inflación del año que viene, sentenció Luis Gilardoni, presidente del Movimiento Acción Vecinal.
Calificó como una locura pedir un incremento de tal magnitud teniendo en cuenta el déficit que tiene la empresa como prestataria del servicio. Creemos que si se aumenta esa cifra que piden, mínimamente se tienen que controlar las falencias existentes, opinó Gilardoni.
Por su parte, el referente de la Asociación de Usuarios de Transporte Público Misiones, Esteban Perié, expresó su rotundo rechazo por este nuevo incremento.
Cuando se decretó el anterior aumento se acordó que las empresas de transporte debían cumplir una serie de requisitos para mejorar el servicio y así reflejar la suba, pero nunca se cumplió, recordó.
A todo esto, el Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, reveló que diariamente reciben muchísimos reclamos por parte de los usuarios. Hay un acuerdo nacional para empezar a discutir todos los ajustes tarifarios y eso, en definitiva, se traduce en aumentos. Pero ellos no ven que el servicio que se presta no se corresponde con lo establecido, y obviamente esto genera mucha exasperación en la sociedad, señaló Penayo.
En este sentido, enfatizó que se debe empezar a discutir no solo el aumento tarifario sino también el tipo de servicio que están prestando. Asimismo, convocó a la ciudadanía a participar de la audiencia pública para la readecuación de tarifas del transporte el próximo 20 de diciembre en el edificio municipal del cuarto tramo de la costanera.
Los aumentos deben ser discutidos, llevaremos la voz del pueblo, apuntó.
A su turno, el concejal de Trabajo y Progreso, Miguel Acuña, advirtió que las audiencias públicas son únicamente para tratar el eventual aumento en las tarifas, y no otros temas como el estado del servicio.
El vecino que asiste como orador tiene que saber que más allá del comentario que haga sobre el funcionamiento del servicio, éste no necesariamente se tiene en cuenta a la hora de definir la tarifa, explicó.
Y aclaró que los concejales, de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica municipal, están fuera de todo tipo de injerencia sobre lo que es el precio de la tarifa del transporte. Los aumentos se deciden en el Consejo Consultivo, el poder legislativo municipal está fuera de este debate, remarcó.
En consonancia, el diputado Claudio Wipplinger afirmó que el % de incremento requerido no se condice con la realidad. Es un circo que se hace todos los años con un número exagerado para llegar a una cifra menor. Y sentenció que el actual sistema no tiene transparencia ya que el Estado municipal y provincial no tienen forma de distinguir el gasto de las empresas, aseveró.
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