En la sesión, convocada para las 10.30, también se pondrán en consideración otras iniciativas, como la que crea un régimen de promoción de la industria naval argentina, el que establece el desarrollo de la Marina Mercante nacional y la integración fluvial regional. Además, se tratará un proyecto que conforma un registro de condenados por delitos contra la integridad sexual, y una iniciativa que establece que los jueces subrogantes sean elegidos por sorteo. Sin embargo, los ojos estarán puestos en el paquete económico, principalmente en el tratamiento de la nueva ley de Mercado de Capitales, que fue rebautizada como de "Financiamiento Productivo". Esta iniciativa había sido presentada en noviembre del año pasado, pero quedó cajoneada y finalmente fue reemplazada por una nueva redacción, que incorpora herramientas para apuntalar el financiamiento de las Pymes. Sin embargo, se mantiene el núcleo central del proyecto, que dispone el recorte de la intervención estatal en el sector privado y limita las facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV), al impedir la posibilidad de designar veedores con poder de veto en los directorios de empresas, como ocurre con la legislación vigente sancionada durante el último mandato de Cristina Kirchner. En un plenario de comisiones, el oficialismo emitió el miércoles pasado el dictamen de mayoría a favor el proyecto de Defensa de la Competencia, que apunta a combatir situaciones de abuso de posición dominante de mercado que generen efectos distorsivos sobre la competencia, como la conformación de monopolios, oligopolios y cartelización. También se suscribieron dictámenes en disidencia del Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador (FR) y el Frente de Izquierda (FIT). El proyecto propone la creación de una nueva autoridad de aplicación descentralizada y autónoma del Poder Ejecutivo (se denominará Autoridad Nacional de la Competencia) que tendrá a su cargo la implementación de multas a las personas físicas o jurídicas que incurran en conductas desleales de concentración económica. Dicho organismo estaría integrado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y dos secretarios: el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaria de Concentraciones Económicas. Se propone que los integrantes de la autoridad de aplicación sean designados por el Poder Ejecutivo (con acuerdo posterior del Senado) previo concurso público de antecedentes. Entre las sanciones económicas, se prevén fuertes multas (las que están vigentes quedaron muy desactualizadas, ya que la legislación actual data de 1999) de acuerdo a tres criterios diferentes: hasta el doble del monto del beneficio obtenido por vía ilegal, el 30 por ciento de la facturación del grupo económico en los mercados afectados durante el tiempo que durase la conducta anticompetitiva; y multas de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalentes en la actualidad a tres mil millones de pesos), ajustables por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC. En tercer proyecto del paquete económico, que el martes pasado logró luz verde en un plenario de comisiones, es el conocido como "Compre Argentino, que busca darle prioridad a los proveedores locales en las compras públicas que realiza el Estado. El dictamen avalado eleva los márgenes de preferencia para ofertas de bienes de origen nacional, toda vez que el precio ofrecido sea igual o inferior al de bienes de origen extranjero: en el caso de las pymes, se pasa del 7 al 15%, mientras que para el resto de las empresas, se pasa del 5 al 8%. Una de las principales incorporaciones del proyecto respecto de la versión original del Poder Ejecutivo fue la inclusión de un piso de reserva de mercado del 20 por ciento para bienes nacionales.Fuente: NA
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