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Bencivenga acusó al Grupo Z de querer “usurpar recorridos, frecuencias y horarios”

24 septiembre, 2017

La puesta en funcionamiento de la Estación Integral de Quaranta cansó a los propietarios de la empresa de transporte público de pasajeros Bencivenga, quienes denunciaron por escrito al Grupo Z por “prácticas cuasi monopólicas”. La empresa prestataria del servicio de pasajeros urbanos realizó la acusación por escrito y la presentó en la Municipalidad de Posadas y el Concejo Deliberante local. Lleva la firma de las gerentes Alina Barros y Alicia Porporatto. En ambos casos, “solicitaron la urgente intervención porque de continuar de esta manera, la empresa podría perder pasajeros con el consecuente perjuicio económico y laboral”. En el documento presentado al Municipio, la empresa reclamó que “ante la proximidad de la inauguración de la Estación de Transferencia de Quaranta solicitamos la intervención del Intendente a efectos de no permitir la concreción de prácticas cuasi monopólicas, que no sólo nos impiden expandirnos e integrarnos para prestar un mejor servicio a la población, sino que se pretenden usurpar recorridos, frecuencias y horarios que colisionan con las líneas concesionarias a la empresa Bencivenga”.  Recordó que hace más de cincuenta años brinda servicio con las líneas 14, 16, 23 y 28. “Ahora bien, es fácil advertir que existe un grupo económico que domina el sistema de transporte en nuestra ciudad, con prácticas que distan de respetar la sana competencia entre empresas concesionarias”, indicó. En otro tramo detalló que “el SITUM cuenta con un representante del sector empresario que no respeta los derechos de la empresa”, y además aclaró que esta situación la reclamaron en años anteriores, también por escrito: “La empresa Bencivenga, concesionaria de las líneas 14 y 28, que en su habitual recorrido pasan por la Estación de Transferencia, por lo que entendemos que vulneran nuestros derechos al impedirnos el acceso a la nueva Estación de Ómnibus Urbano a inaugurarse próximamente”. Fuentes laborales en riesgo“Estamos convencidos que el consenso es esencial para mantener la equidad en el derecho de las partes, y con el accionar de estas prácticas abusivas se estarían vulnerando nuestros derechos y garantías, pues se pone en riesgo con la superposición de líneas la estabilidad laboral de nuestros más de 150 empleados que se brindan diariamente para prestar un mejor servicio”, advirtió la concesionaria Bencivenga en la nota presentada la semana pasada al Municipio. Estas prácticas del Grupo Z no son nuevas, pues manejan a su antojo el Sistema Integrado de Transporte y cada vez crece más en sus pretensiones. El año pasado, cuando se habilitaron las primeras casas del barrio Itaembé Guazú, los vecinos solicitaron al Municipio que permita que algunas líneas de Bencivenga ingresen a ese complejo, pero los funcionarios exigieron una nota para analizar el pedido. Hasta el día de hoy, solamente llegan hasta ese barrio colectivos del Grupo Z exclusivamente. Los empresarios de Bencivenga solicitaron una urgente reunión con la comuna “para poder exponer nuestras inquietudes que permitan un tratamiento equitativo a nuestra empresa, evitando males mayores y el eventual inicio de acciones colaterales indeseadas”. “Además no escapará al criterio del señor Intendente que el no autorizarnos a brindar servicios en la urbanización de Itaembé Guazú es una mordaza más que se impone a nuestra empresa para permitirle crecer, circunscribiéndola a un marco de prestación de servicio acotado, permitiendo al restante grupo económico capturar la demanda de los nuevos barrios, cuando la empresa Bencivenga brinda servicios en la Zona Oeste de la ciudad con eficiencia y el impedirle prolongar sus líneas vulnera no sólo los derechos de la empresa sino que puede ser susceptible de una acción superior por favorecer intereses cuasi monopólicos”, indicaron. Al Concejo tambiénPor otra parte, en la documental que Bencivenga presentó en el Concejo Deliberante detalló la preocupación que les generó conocer “los cambios de recorridos de algunas líneas que circulan por la zona de la nueva Estación de Transferencia, porque es una situación que perjudicará a las líneas de nuestra propiedad, que son la 14 y la 28”. “Expresamos nuestra profunda preocupación por el nuevo esquema de recorridos, frecuencias y horarios que se infieren del mismo, de líneas afectadas al Servicio de Estación Quaranta, amén de nuestra insistencia para que se dé curso al pedido de extensión de nuestros servicios hasta la nueva urbanización de Itaembé Guazú”, agregaron en los escritos.Los empresarios además solicitan a los concejales que busquen soluciones ante dicha situación. “Agradeceremos su intervención en lo que sea de competencia del Concejo a los efectos de evitar lo que consideramos abusivas prácticas que coartan la posibilidad de que nuestra empresa pueda prestar servicios en los nuevos barrios de la ciudad, y que no permitan el acceso a la nueva Estación de Transferencia de Quaranta y/o en la participación del nuevo esquema de recorridos, frecuencias y horarios”, cerró la nota.

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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