Según publicó el diario Página 12, la denuncia la realizó Ariel Garzí, amigo de Maldonado y testigo clave en la causa por su desaparición, quien imputa al magistrado no haber actuado ante las pruebas que él presentó y respecto de sucesivas intimidaciones y apremios ilegales cometidos contra su persona "por miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro". Garzí acudió a la Justicia para aportar su teléfono, con el que se había comunicado el 2 de agosto con una de las líneas de Maldonado. Según denunció, el juez no le pidió el aparato y tampoco implementó protección alguna para Garzí, como éste le había solicitado. Una semana después, la ministra Bullrich la nombró en el Senado, dio sus datos e incluso buscó desacreditarlo. Garzí denunció que sufrió varios episodios de intimidación. El testigo aseguró que el 7 de agosto pasado el juez Otranto le dijo "vos venís por la plata", cuando se presentó en el juzgado junto al defensor oficial Fernando Machado. Garzí tiene 26 años, vive en el barrio La Esperanza de El Bolsón e integra la Red de Apoyo a la Lof en Resistencia Cushamen. Junto a dos mapuches, está procesado por "tentativa de entorpecer una vía férrea" por la justicia federal de Esquel. El testigo es una de las personas sobre la cual se había solicitado una medida cautelar urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia describe que Otranto y el resto de los funcionarios judiciales le tomaron el 7 de agosto una declaración testimonial en la que volcó "elementos relevantes para la investigación" y que puso en conocimiento del magistrado los "hechos delictivos" cometidos por la policía rionegrina, que pusieron en riesgo su integridad física. Allí relató que el 2 de agosto se enteró de la desaparición de Maldonado, lo llamó a su teléfono, donde lo atendieron en silencio durante 22 segundos y luego cortaron. En aquella audiencia el juez Otranto vio una captura de pantalla de esa llamada, provista por el propio testigo, según su relato. Ningún funcionario procuró tomar ese hecho como un dato clave para la búsqueda de Maldonado y el juez no secuestró siquiera el teléfono del testigo, quien estaba dispuesto a dejarlo. "Ante esto el juez hizo silencio y esa omisión de denunciar constituye encubrimiento, no estaba frente al testigo de un arrebato callejero sino una desaparición de persona", dijo el abogado Carlos González Quintana, que asistió a Garzí aunque hizo la denuncia por derecho propio. Durante aquella declaración ante Otranto, el joven también reconoció la mochila de su amigo en una foto del día de la represión, donde aparece junto a un gendarme en el suelo de la Pu Lof.
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