La investigación tuvo como epicentro a Paso de los Libres, en el sur correntino y a casi 300 kilómetros de la provincia. Sin embargo, los vínculos que el caso tiene con Misiones van más allá de las distancias: cuatro hombres y una mujer oriundos de Jardín América y?San Vicente fueron procesados el último lunes por conformar una red de trata con fines de explotación sexual en la que, además, fueron captadas y prostituidas cinco jóvenes misioneras.El caso tuvo repercusión en los medios de la provincia vecina en virtud de que la resolución de la magistrada Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, al frente del?Juzgado Federal de Paso de los Libres, también incluyó el procesamiento del exfiscal federal Benito Antonio Pont, acusado como partícipe del delito de “trata de personas con fines de explotación sexual” y también de “encubrimiento agravado”, entre otras figuras.Mientras tanto, según pudo saber PRIMERA?EDICIÓN de manera exclusiva, los cinco misioneros fueron imputados formalmente como coautores del delito de “trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la captación, traslado, acogimiento y explotación, triplemente calificado”.No obstante aquello, el procesamiento fue sin prisión preventiva, razón por la que tanto los cinco misioneros como el exfiscal Pont y los otros 20 imputados aguardarán en libertad por el juicio oral.Sobre los misioneros recae una imputación por trata que tiene como víctimas a once mujeres, cinco de las cuales eran misioneras, quienes fueron explotadas sexualmente en dos whiskerías emplazadas sobre la ruta nacional 117, en Paso de los Libres, desde junio de 2010 hasta mayo de 2016.Los locales nocturnos, llamados “Roxi”?y “Puro Movimiento”, junto al motel “Momentos”, fueron los lugares donde -al decir de la Justicia- convivían las víctimas, eran obligadas a prostituirse e incluso privadas de su libertad bajo amenazas.Del expediente surge que “Roxi” y “Puro Movimiento” eran propiedad de la misionera sindicada como una de las líderes de la organización, mientras que el motel estaba a nombre -nada más y nada menos- de un comandante retirado de Gendarmería Nacional, también procesado en el mismo documento.De la declaración de las víctimas, cuyas identidades se mantienen en reserva, surge que la banda captaba a mujeres jóvenes bajo promesas de trabajo en casas de familia. Sin embargo, cuando llegaban a Paso de los Libres eran alojadas en el local “Roxi”, donde aseguraron haber vivido una verdadera pesadilla a manos de la misionera y de los otros cuatro misioneros, entre los que se cuenta un hermanastro de ella y otros tres jóvenes, estos últimos hermanos entre sí.En “Roxi”, las mujeres eran obligadas a prostituirse, bajo amenazas de que no cobrarían lo pactado de antemano. El “pase” o “turno” que debían abonar los clientes era de 600 pesos, además de 120 por la habitación, todo cobrado por los encargados del local. Las víctimas aseguraron que jamás veían el 50% que la misionera les había prometido.En sus declaraciones, las mujeres señalaron que eran sometidas a tal punto que debían pagar hasta por los preservativos que, según dijeron, la propietaria conseguía gratis en el hospital local. Debían estar disponibles en la sala del local nocturno de martes a domingos, de 22 a 5. Además, una de ellas -también misionera- declaró que fue obligada a abortar en medio de ese calvario.La investigación se inició tras una denuncia telefónica anónima recibida el miércoles 21 de octubre de 2015. En enero de 2016 los locales fueron clausurados pero, curiosamente, reabrieron sus puertas a los pocos días hasta mayo del año pasado.En medio de esas pesquisas es que surgieron sospechas sobre el fiscal Pont, quien finalmente renunció a su cargo. Al menos para Pozzer Penzo, hay pruebas suficientes para suponer que brindó protección a su cuñado, el exgendarme que era dueño del motel “Momentos”.Junto con el procesamiento, la jueza también ordenó decomisar los locales nocturnos para posterior resarcimiento a las víctimas, y un embargo de 500 mil pesos sobre los bienes de la misionera involucrada y de 250 mil sobre las propiedades de sus cuatro comprovincianos.El exfiscal "retardó deliberadamente" las causasDe acuerdo a la pesquisa, el rol del exfiscal Pont fue clave. “Está acusado de prestar colaboración en la trata y explotación de al menos 12 mujeres, ya que retardó deliberadamente las investigaciones que tenía bajo su instrucción y en las que estaban denunciados varios de los mencionados prostíbulos. A pesar de tener una gran cantidad de pruebas, el fiscal investigó deficientemente para evitar así avanzar sobre los verdaderos responsables de la red y, finalmente, se declaró incompetente para que las causas fueran enviadas a la Justicia provincial”, según explicó el propio Ministerio Público Fiscal de la Nación.Además, con el transcurrir de la causa se radicó una nueva denuncia contra Pont tras la testimonial de un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quien ante la Justicia aseguró que el exfiscal lo encerró y amedrentó: “Me dijo que no jodamos con la causa de ‘A’, que es amigo mío. Métanse ustedes con los avioncitos en el aeropuerto”.Es por eso que el exfuncionario, además, fue procesado por “encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad”.
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