En una resolución de 750 páginas, el magistrado ordenó embargos millonarios y ratificó las prisiones preventivas por este delito -que prevé desde los 4 años y medio hasta los 13 años y 4 meses de prisión- al readecuar, como le había ordenado la Cámara Federal, los procesamientos que ya había dictado previamente y ligarlos a la concesión de la obra pública durante el gobierno kirchnerista. Suiza a través de las cuales se habrían canalizado unos 60 millones de dólares entre fines de 2010 y principios de 2013.Pero, además, encontrándose concluida la etapa de recolección de evidencias y siguiendo el criterio adoptado por el juez federal Claudio Bonadío en la causa conocida como "Los Sauces", Casanello remitió los hechos a conocimiento del juez federal Julián Ercolini para que se evalúe la responsabilidad de la expresidenta Kirchner en el marco de la asociación ilícita por la cual fue procesada.El objetivo, según se informó oficialmente, es que el equipo de fiscales que lleva adelante la investigación prepare "una única acusación conglobada" para afrontar el "mega juicio" contra los integrantes de la banda que presuntamente lavaba dinero proveniente del fraude con la obra pública.A partir de la investigación llevada adelante por el Juzgado y la Fiscalía en los últimos años, Casanello realizó un análisis integral sobre más de dos docenas de hechos de lavado de dinero que fueron denunciados por distintos actores, tal como le fue requerido por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en su fallo del pasado 10 de marzo, como paso previo al inicio del juicio oral y público.La resolución expone cómo durante los últimos meses de 2010, Báez comenzó a gestar, a través de Leonardo Fariña, un esquema de lavado de activos que incluyó el envío al exterior, a través de financieras del microcentro porteño, de millonarias sumas de dinero ilícito originadas en el presunto esquema de corrupción institucional que se encuentra bajo investigación en el Juzgado de Ercolini, por la entrega de fondos para obras públicas.En ese contexto, Casanello tuvo por probado que, en enero de 2011, Fariña adquiere a Federico Elaskar con dinero de Báez la financiera SGI Argentina, con oficinas en Puerto Madero, desde donde se dirigen las operaciones de lavado de la banda y se gestiona la formación de una estructura jurídica y bancaria en el extranjero para albergar el dinero expatriado.Posteriormente, el juez realizó un relevamiento de todo el entramado societario y bancario utilizado para resguardar el dinero en el exterior (Suiza, Panamá, Belice, Uruguay, España, Estados Unidos, etc.) mediante un análisis de las evidencias colectadas durante la investigación, que incluyen aquellos documentos remitidos por la justicia federal suiza.Finalmente, en el fallo se aborda la maniobra fraudulenta a partir de la cual, según el juez, Báez reingresó al país parte de esa fortuna, con el auxilio de la sociedad suiza Helvetic Services Group, mediante la compra en el extranjero de bonos de la deuda pública argentina por un valor aproximado de 33 millones de dólares que fueron inmediatamente liquidados en el mercado de valores de la ciudad de Rosario.El producto de esa venta (208 millones de pesos) fue abonado a Helvetic Services Group mediante el libramiento de nueve cheques, que fueron endosados en favor de Austral Construcciones, para que esta empresa los deposite en su cuenta bancaria del Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, en una operación que se intentó disfrazar bajo el ropaje de una emisión de acciones preferidas de Austral.A lo largo de la resolución, difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez desarrolla también más de una docena de maniobras de lavado de dinero que fueron llevadas a cabo en el mercado local, principalmente con ganancias derivadas de los fondos de Báez considerados "sucios" y que incluyeron la adquisición, entre otros muchos bienes inmuebles y muebles, de una estancia de cinco millones de dólares en la provincia de Mendoza y de dos automóviles de la marca italiana Ferrari.En su fallo, el magistrado mantuvo el encarcelamiento preventivo de Báez, del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco y trabó embargos de hasta 10.500 millones de pesos a cada uno de los acusados.También Casanello ordenó embargos millonarios sobre el patrimonio de once personas jurídicas, entre las que se encuentra Austral Construcciones.En esa dirección, realizó un repaso del trabajo llevado adelante para recuperar activos conjuntamente con la Fiscalía de Guillermo Marijuán, en el marco de la cual ya se entregaron al Estado Nacional 144 máquinas viales y dos aviones, y que cuenta con un total de 2.734.711.500 de pesos en bienes que fueron localizados y cautelados a los fines de su decomiso y retorno a las arcas estatales, se informó.El juez Casanello, mientras tanto, con la asistencia técnica de profesionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos, continuará con la investigación sobre las entidades financieras señaladas por Fariña como las facilitadoras de la fuga del dinero al exterior.Fuente: Agencia de Noticias NA
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