“Estamos trabajando esa línea de producir aceite medicinal de cannabis para la epilepsia refractaria llevando un registro, con capacidad de producción e investigación sobre un producto”, dijo a Télam Sánchez de León, experto en salud pública y presidente de Anlap.La ley de cannabis medicinal -que habilita para el cultivo y la investigación al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y al Conicet- fue sancionada por el Congreso en marzo a iniciativa de organizaciones de pacientes -como ’Mama Cultiva’ de Chile, Argentina y Uruguay-, en busca de la contención del Estado y un marco regulatorio para acceder a la sustancia con estándares de calidad. “Unas 800 familias importan el ’Charlotte’ según el registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas (Anmat). Con la ley se seguirá importando, pero lo va a pagar el Estado. Nosotros fabricaríamos el aceite acá para la epilepsia refractaria”, precisó Sánchez de León.El médico contó que la Anlap, que participó del proceso de reglamentación de la ley hecho por Jefatura de Gabinete, recibió propuestas para la producción de aceite medicinal. “Ya hay algunos laboratorios interesados, como el LIF de Santa Fe y otros, que manifestaron intención para producir; el INTA definirá lugares para los cultivos y el tipo de planta apta para la epilepsia refractaria, y la Universidad de Rosario tiene los equipos para testear los niveles de concentración de sustancia (cannabidiol)”, precisó.El convenio con los 22 laboratorios públicos fue formalizado esta semana en un acto presidido por el ministro de Salud, Jorge Lemus, quien lo consideró “el resultado de un extenso trabajo conjunto para incorporarlos a la CUS”.“Es un convenio histórico porque es la primera vez que el Ministerio de Salud toma la decisión de adquirir en forma directa productos medicinales y fármacos elaborados por los laboratorios públicos”, evaluó. La medida “le dará mucha previsibilidad al laboratorio para que pueda programar su producción, abaratará los costos y beneficiará a los ciudadanos”, razonó.Sánchez de León informó que “el año que viene estarían en condiciones de duplicar la producción actual de laboratorios públicos en seis productos, que entregarán en forma directa para los programas nacionales”, mientras que "a otras fórmulas habrá que adaptarlas a los requerimientos de comercialización de la Anmat".“De los 22 laboratorios, unos ocho están aprobados por Anmat para comercializar a nivel nacional. A los restantes, que producen para hospitales provinciales o municipales, una vez que definan qué van a producir, les daremos presupuesto para completar el proceso de aprobación de cada medicamento”, afirmó.“Creo que fue el hecho político de Salud del año”, concluyó Sánchez de León respecto al convenio que fue firmado por representantes de laboratorios públicos de Tucumán, Córdoba, Olavarría, San Luis, Formosa, Misiones y La Pampa. Se sumaron el Instituto de Biotecnología Farmacéutica y Alimentaria, los laboratorios del Fin del Mundo Sapem, el Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Industrial Farmacéutico y el de Especialidades Medicinales. También la Planta de Elaboración de Genéricos de Corrientes, Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, Laboratorios Chaqueños, LEMis, Instituto Biológico Tomás Perón bonaerense, Ceprocor, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de La Plata y Prozome, de Río Negro.Fuente: Agencia de Noticias Télam
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