El costo mayorista de la energía eléctrica volverá a subir desde noviembre casi un 62% según los planes que tiene el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y que ya transmitió a los Secretarios de Energía de las provincias, en una reunión realizada el pasado 23 de junio en Resistencia (Chaco).De acuerdo a lo que se habló en dicho encuentro, el Gobierno de Cambiemos pretende incrementar el KW de 640 pesos, precio actual, a 1.040 pesos, lo cual representa casi un 62%. Las distribuidoras provinciales de energía, como la deficitaria empresa Electricidad de Misiones S.A. (Emsa), no absorberían el incremento y lo trasladarían a los usuarios residenciales, comerciales e industriales. La situación volverá a causar aumentos en los precios de miles de productos porque el precio de la energía repercute en los productos alimenticios, en los comercios, en la industria y en la producción, desatando una suba en cadena que puede tener conclusiones inimaginables.En la actualidad, las familias están pagando boletas de entre 500 y mil pesos con mucho esfuerzo, con lo cual, una nueva suba de esa proporción tornará a la energía eléctrica en un bien de lujo, difícil de pagar para muchas familias. Es importante recordar en este punto que hace solo cinco meses, en febrero, el costo de la energía mayorista se incrementó 100%, pasando de 320 a 640 pesos el KW; provocando un impacto en los usuarios residenciales de Misiones de casi 65%. Con lo cual, en menos de un año se registrarían dos aumentos mayoristas que totalizarían más de 160% del valor de la energía. Esta decisión también afectará la intención de frenar la inflación, ya que el servicio de luz tiene influencia sobre otros rubros y seguramente causará un incremento. La mayoría de la población padece el impacto y sufre un recorte del poder adquisitivo, sumado a que el Gobierno de Cambiemos le puso techo a las paritarias justificado en que la inflación “ficticia” sería solo de 17%.Varios funcionarios provinciales plantearon en la reunión que este incremento provocaría un literal “incendio” en las provincias, con consecuencias políticas y económicas negativas, pero los representantes de Cambiemos no atendieron la sugerencia. Desde Misiones se intentó un reclamo y se buscó apoyo de Corrientes pero la realidad es diferente porque, mientras Misiones tiene solo 40% de tarifa social (subsidiada), la provincia vecina tiene casi 74%, por eso, el impacto del precio solo le alcanza al 26% de la población. En la tierra colorada, golpea a casi el 60 por ciento. La reunión en Resistencia fue de “armonización tarifaria de provincias del Nordeste Argentino (NEA) y proyección de trabajo tendiente a conformar requerimientos para el Consejo Federal de Energía”.PRIMERA EDICIÓN accedió al documento final del encuentro donde se indica que “en la reunión de trabajo se desarrollaron acciones tendientes a lograr una eficiente aplicación del valor agregado de distribución, de medidas de inversión, de acciones de trabajo a futuro y presentaciones de requerimientos de trabajo en la búsqueda de la eficiencia de las distribuidoras”.Participaron por Secheep de Chaco, el director Miguel Aquino y el subsecretario de Energía Rubén García; por Misiones, estuvo el secretario de Energía Sergio Lanziani y el gerente de Tarifas Orlando Aquino; por la Dpec de Corrientes, el contador Alfredo Aún y José María Torres de la Secretaría Energía de la Provincia de Corrientes; y por la Refsa de Formosa la gerente Miriam Roques. También asistieron personal comercial y del área tarifaria de las provincias: José Boczar, Ricardo Vranjes, Alberto Furiasse y Pedro Kozak de Secheep; Juan Amarilla, Daniel Robin, Daniel Marcón y Sergio Ferreyra de Emesa; entre otros.“Uno de los puntos centrales tiene que ver con el futuro aumento de tarifas a partir del mes de noviembre de 2017 que llevará el precio de referencia a unos $1.040, cuando en la actualidad se encuentra en los $640, y produce una gran preocupación ante la imposibilidad de pago de los usuarios de estas provincias”, se indica en el documento oficial.Diagnóstico difícil En cuanto al diagnóstico de la situación imperante en la actualidad, todos coincidieron en dos temas puntuales: en primer término, las dificultades de los usuarios del NEA para pagar las tarifas por servicios eléctricos, “ya que la situación económica que atraviesan las familias de la región no les permite afrontar el costo de las tarifas eléctricas, que pasaron a incidir muy fuerte en sus salarios devaluados. Además, esto se suma a muchas variables en los hogares como el aumento de alimentos, medicamentos, transporte y vestimenta, entre otros”, señaló el informe.En segundo punto, fue el efecto financiero que sufren las distribuidoras, motivado por la quita de subsidios a la energía eléctrica vertiginosa y con saltos abruptos. “Por la manera en que fue implementada, esa quita de subsidios constituye un ajuste muy severo para las economías hogareñas de los habitantes del NEA, cuyos salarios no se actualizan a la misma velocidad”, se agregó.Teniendo en cuenta los diagnósticos realizados, los referentes de la región coincidieron en que la estrategia debe contar con un plan que permita: acompañar a la economía hogareña de los usuarios del NEA, y que estos puedan absorber los incrementos; que las distribuidoras puedan actualizar su Valor Agregado de Distribución (VAD), ya que si no ocurre, se beneficiaría a un sector del Mercado Eléctrico Mayorista en detrimento de las distribuidoras y afectando la calidad del servicio que prestan; y pagar los incrementos en el facturado, dado que los mismos son pagados con tarifa vieja y distrayendo anticipadamente VAD para sortear este defasaje.
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