Esta semana se realizará una reunión en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) para analizar la intención que impulsan algunos directores de paralizar la cosecha durante siete meses, de septiembre a marzo, como si esa fuera la solución a los problemas de precios y financiero que afectan a la cadena yerbatera desde hace tiempo. En este sentido, hay otros actores protagonistas de la economía yerbatera que rechazan esta intención y argumentan que le costará al Estado alrededor de 200 millones de pesos por mes la asistencia a las familias que quedarán sin trabajo durante la paralización. En total serían 1.400 millones de pesos. Desde los sectores que rechazan la paralización expresaron que profundizaría la crisis en lugar de solucionarla. “Tanto cosecheros como productores y secaderos descansando, seguramente en las plazas de todos los pueblos de la provincia, siete meses al año, asistidos por el Estado nacional y provincial con la suma de aproximadamente 200 millones de pesos mensuales, serían unas vacaciones muy poco austeras. Al Gobierno la fiesta le saldría 1.400 millones de pesos para asistir a las 20 mil familias que se verían impedidas de trabajar por esta increíble propuesta”, señalaron varios productores consultados. Si fuera el Inym el que cubra ese monto, debería destinar todo su presupuesto, dejando de pagar los sueldos de sus empleados, becas y hasta la luz y otros servicios. Los dirigentes más audaces proponen no pagar las cargas sociales, ni la obra social, jubilación, ni seguro de accidente de trabajo, ni nada por el estilo. Se escuchó a varios directores decir que “afectemos los recursos de la tasa sustitutiva de la corresponsabilidad gremial a bancar las vacaciones, si cuando uno está descansando, durante siete meses, no se enferma, ni se jubila, y como no se trabaja tampoco se accidenta”. Los tareferos consideran una burla estas declaraciones. Causa preocupación y tristeza, pero además, podría desatar una grave crisis social con protestas y campamentos frente a las municipalidades y la Gobernación.ConsecuenciasLa realidad de una medida de este tipo, prohibir trabajar, condenaría al eslabón más débil de la cadena, el cosechero, a la miseria absoluta. 15 mil trabajadores de la cosecha sumados a los casi 5.000 obreros dedicados a las tareas de secanza, transporte y demás actividades relacionadas estarían impedidos de trabajar durante siete meses al año. Los pueblos del interior provincial verían afectadas de manera sustancial sus actividades, sin olvidar que la yerba mate es la actividad que más dinamiza el comercio por su gran efecto redistributivo, ya que tanto el sector industrial como el productivo se encuentra asentado en la zona productora. Para algunos “queda claro que lo único que se pretende con esta maniobra es un beneficio personal o empresarial, sin olvidar que hay elecciones en octubre y algunos dirigentes son candidatos a cargos públicos”, como el caso de Jonás Peterson, hermano del dirigente Julio Peterson, de Andresito. “Esta situación genera desconfianza de que el objetivo sea generar conflictos sociales en la provincia pensando que ello le va a dar algún rédito político, algún voto”, sostuvo un referente de los secaderos. “Esperemos que las autoridades políticas, nacionales y provinciales, tomen las medidas adecuadas considerando datos reales, estadísticos, fundamentados y no influenciados por un grupo de dirigentes activistas, cuya principal actividad es cortar rutas, tomar el Inym y hablar por los medios proponiendo medidas que los benefician personalmente sin importar las consecuencias de las mismas y todo por la codicia de estos pocos dirigentes y rentistas yerbateros que desconocen el significado del trabajo”, denunciaron.
Discussion about this post