No se cumple en los barrios con el cobro del valor establecido de 135 pesos de la garrafa “social” de diez kilos. Con ese panorama, un consumidor posadeño puede llegar a pagar incluso 180 pesos por ese producto, con una media de 150 pesos, según alertaron usuarios a PRIMERA EDICIÓN. “Ya en marzo me empezaron a cobrar 150 pesos y el mes pasado me pidieron 180 pesos. Era domingo, estaba todo cerrado y no nos quedó otra”, contó unos de los afectados. Consultado sobre las diferencias de comercialización, el director de la oficina de Defensa del Consumidor, Alejandro Garzón Maceda, explicó que en ese organismo también vienen recepcionado quejas a través de la línea telefónica para denuncias. “Estamos frente a una cadena de sobreprecios, porque el almacenero dice pagar más de los 110 pesos oficiales para bajar el producto y se ven obligados a recargar un poquito más”, aseguró el funcionario.“Al no ser un servicio público no se puede regular y controlar en muchos sentidos. Ante una situación parecida en 2008 y 2009, la Provincia había encarado un trabajo con las empresas por el problema del flete. En ese momento se sacó una ley provincial para establecer que no se podía cobrar más de un 25% por llevar a domicilio la garrafa pero las empresas llevaron el tema a la Corte Suprema”, que suspendió la vigencia de la norma mediante una acordada a los pocos meses, recordó. Agregó Garzón Maceda que “en la última resolución de la Secretaría de Energía, cuando se fija en 135 pesos el precio de la garrafa de 10 kilos, se excluye taxativamente el delivery, con lo cual deja abierto a que se cobre lo que se quiera por el flete”. “El procedimiento que hacemos supone un traslado hasta el lugar que nos informan sobre los abusos y hacemos la inspección. Generalmente el comerciante reconoce que está vendiendo a un precio superior a los $135, que es lo establecido para los consumidores y al mismo tiempo te dicen que a ellos, el distribuidor baja la garrafa por 150 pesos”, explicó Garzón Maceda.“Cuando hemos solicitado la factura emitida por el fraccionador, las respuestas son ‘no me entregaron factura’, o bien que lo emitido es por el valor de los 110 pesos que debe facturarle y que ese excedente se lo cobra en negro aludiendo que se trata del valor que les cobran en concepto de flete”, graficó.“Nos está faltando que el Poder Legislativo sancione una normativa que declare de Interés Público la producción, elaboración, distribución y venta de GLP, como lo es el gas natural y con eso vamos a poder reglamentar y darle un marco a lo que nos está faltando regular que es el delivery (flete) que es lo que está liberado”, explicó el funcionario. “Debe ser servicio público”Ante esta situación, particular en todas las provincias que no tienen gas natural, el Consejo Federal del Consumo (Cofedec), decidió por unanimidad en la 81ª Asamblea Ordinaria realizada el pasado 16 de junio, en la ciudad de Rosario (Santa Fe), instar y promover ante las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación, todas las acciones tendientes a que se declare la distribución, comercialización y suministro de Gas Licuado de Petróleo como “Servicio Público”, como ocurre con el suministro y distribución del gas por red. El pedido fue acompañado por el Consejo Federal de Consumo, organismo institucional integrado por todas las autoridades de aplicación de la legislación de defensa del consumidor y se espera que logre la repercusión esperada.
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