Esta vocación se manifestó tempranamente con el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema en pleno receso legislativo y por un DNU que intentaba saltar por encima de los requisitos constitucionales pertinentes.Luego vinieron los “errores” en la también temprana intención del Gobierno de descargar el peso del ajuste sobre los sectores populares, imponiendo un violento ajuste de las tarifas de luz y gas que continúa vigente y que, curiosamente, algunos analistas consideran una “estrategia gradualista”. Finalmente, esta indefendible “política de shock” alcanzó un límite difícilmente explicable. Las bajas de 85.000 pensiones por invalidez que ordenó el Ministerio de Desarrollo de la Nación se aplicaron en los primeros meses del año sin ninguna justificación, ni a la sociedad ni a los afectados, quienes se enteraron que les retiraban la ayuda el mismo día en que fueron a cobrar. El Gobierno fundamentó -tardíamente- el agresivo recorte, invocando una supuesta corrección de irregularidades, a lo que añadió ofensivas aclaraciones de funcionarios. La reacción popular no se hizo esperar y obligó al Gobierno a retractarse. El anuncio coincidió con un intenso debate en la Legislatura provincial donde, más allá de los esfuerzos de un PRO que intentó defender lo indefendible y habló de “sensiblería” en relación a quienes cuestionaron el brutal despojo; el debate demostró que la medida reniega tanto de los valores humanos como de la lógica racional y probó que se violaron derechos y preceptos constitucionales. No se dejó pasar el agravante de una política económica que destruye empleos y golpea a los que menos tienen. Un cálculo proveniente del Congreso nacional estimó que la quita de pensiones en 2017 le significaría al Estado 3.850 millones al año. ¿Para quién o quiénes trabaja un Estado que recauda con el sufrimiento de los más vulnerables?
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